eldiario.es| La nueva factura pendiente de Shakira con la Hacienda española asciende a seis millones de euros. Esta es la cifra que, según la Fiscalía, la cantante habría defraudado en el año 2018 mediante un “entramado societario” en paraísos fiscales como Luxemburgo y que le ha valido la apertura de una segunda causa por delito fiscal a dos meses de su juicio por el presunto fraude cometido entre los ejercicios de 2012 y 2014.
Los detalles de la nueva acción legal de la Fiscalía contra la cantante se han conocido este martes después de que la querella ya haya sido notificada formalmente a la artista. El texto permite conocer a cuánto asciende la cuantía presuntamente defraudada por Shakira, según los cálculos del Ministerio Público.
El fisco mantiene que, en concepto de IRPF, Shakira dejó de ingresar a Hacienda 5,3 millones de euros en 2018, mientras que las arcas de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) se quedaron sin percibir 773.600,24 euros del impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas.
La nueva querella llega en vísperas del primer juicio por fraude fiscal que deberá afrontar la cantante. El próximo 20 de noviembre está señalada la primera sesión de la vista en la que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel. La segunda causa añade complejidad al posible pacto para sustentar el primer caso por delito fiscal, que Shakira rechazó antes del verano pese a ser la vía más habitual en la que se sustentan los contenciosos entre la Fiscalía y las grandes fortunas.
De cara al segundo procedimiento, que se encuentra en una fase muy inicial de instrucción, la Fiscalía se ha abierto a que la cantante pueda declarar por videoconferencia desde Miami, ciudad estadounidense donde reside la artista después de separarse del exfutbolista y empresario Gerard Piqué y abandonar Barcelona.
De acordar el juzgado su declaración como imputada por videoconferencia, Shakira se ahorraría una escena como la que protagonizó en 2019 en su comparecencia en su primera causa por delito fiscal: la artista obvió la orden de la magistrada de Esplugues de Llobregat (Barcelona), quien le había instado a que entrara por la puerta principal del juzgado como todos los ciudadanos, y usó un parking trasero para acceder al edificio judicial y esquivar a la prensa.