España no soportará las sentencias de la Justicia europea

Domingo Sanz: Nacido 1951, Madrid, Ciencias Políticas. Cárcel y todo eso, 1970-71. Licenciado en 1973. Director comercial empresa privada industrial hasta de 1975 a 1979. Traslado a Mallorca. de 1980 a 1996 gerente y finanzas en CC.OO. de Baleares. Actualmente jubilado pero implicado, escribiendo desde verano de 2015. _____________________________

El 9 de noviembre pasado Francesc Homs recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, contra la sentencia del Tribunal Supremo de España, TSE, que le condenó a un año y medio de inhabilitación y 30.000.- € de multa por la consulta con urnas celebrada el 9 de noviembre de 2014 en Catalunya. Homs era conseller y la Generalitat estaba presidida por Artur Más.

Cinco meses antes, el 9 de junio, quien había recurrido ante el TEDH fue Jordi Cuixart, condenado también por el TSE a 9 años de prisión, en su caso por todo lo relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Era presidente de Omnium Cultural y no desempeñaba ningún cargo político. La Generalitat estaba presidida por Carles Puigdemont.

Ayer, 23 de diciembre, es decir, solo un mes y medio después de acudir al TEDH, Homs recibió de ese tribunal no solo la noticia de que su recurso se había admitido a trámite, sino, además, y es lo más importante, que su causa se había acumulado a la de Cuixart en la que, como es sabido, también fueron condenados Junqueras y otros dirigentes independentistas catalanes.

Esta noticia la leí ayer a primera hora de la mañana en el “ElNacional.cat” y otros digitales catalanes. En cambio, ni siguiera por la noche, antes de comenzar a redactar esto, aparecía en El País, El Mundo, ABC, La Razón, El Confidencial, El Diario, InfoLibre o Público.

Tal parece que al “Cuarto Poder” del Reino de España lo único que le interesa del Tercer Poder es la gobernanza decisiva que está practicando con lo de la pandemia, aprobando o denegando las medidas de los gobiernos en relación con las limitaciones al capricho de “tomarse unas cañas” y derechos similares, únicas libertades por cuya defensa están dispuestos nuestros jueces a lo que sea, además de retrasar montones de otros expedientes. Cualquier mal pensado diría que coinciden demasiado con políticas que, como Ayuso, aplican la ley natural que asegura que los muertos no votan y los que quedan vivos pierden fácilmente la memoria.

El hecho de que el TEDH haya decidido acumular en un mismo expediente hechos separados en el tiempo, pero protagonizados por los mismos actores, es una prueba evidente de que, según la lectura jurídica que se hace en Europa, los diferentes poderes del Reino de España están persiguiendo a los catalanes independentistas mediante los procedimientos no legítimos de una causa general. Por tanto, y teniendo en cuenta los precedentes de las justicias de Alemania y de otros países contra las euroórdenes emitidas por Llarena, se multiplican las posibilidades de que España termine recibiendo una sentencia durísima cuyas consecuencias a todos los niveles son imposibles de imaginar.

En este asunto de la “consolidada” democracia española llueve mucho y sobre muy mojado. No es necesario recordar las sentencias europeas contra España por no investigar torturas a detenidos y a las que el presidente Sánchez responde nombrando ministro de Interior a un juez de los que no investigaron, o por condenar a personas que queman fotos del rey. Solo son dos ejemplos.

No sé si a usted le ocurre lo mismo, pero yo veo a la justicia europea, y especialmente a la que entiende de las violaciones de los Derechos Humanos, como la heredera natural de la victoria contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron juzgados y condenados algunos de los asesinos que provocaron el mayor número de víctimas inocentes en la historia de la humanidad.

Acto seguido pienso en la justicia española y veo en ella a la heredera natural de los jueces que estuvieron condenando a miles de personas por motivos políticos bajo las leyes de una dictadura, la franquista, que provocó el mayor número de víctimas inocentes de la historia de España. Jueces que no fueron automáticamente inhabilitados para cualquier función pública en cuanto dejaron de disfrutar de la protección de un dictador que no se quitaba el uniforme de militar golpista y asesino ni para irse a dormir. Todo lo contrario, aquella amnistía que a tantos millones engañó sirvió, principalmente, para convertir en inviolables respecto de su pasado inmediato a todos aquellos criminales, tanto como lo es hoy Felipe VI ante cualquier delito que ya podría haber cometido, o que le dé la gana cometer, para no perder la costumbre.

La distancia entre ambas justicias se agranda aún más cuando analizamos el presente. La española es uña y carne con un españolismo político defensor interesado de una Constitución que no se ha actualizado en más de cuatro décadas y en la que prevalecen principios como el de la unidad de la patria o el de una forma de Estado cuyo titular goza de privilegios aberrantes como el citado en el párrafo anterior. En cambio, los jueces europeos sentencian pensando en los Derechos Humanos por lo que, para ellos, el hecho de que sean monarquías o repúblicas los países desde los que les llegan recursos contra las sentencias dictadas por sus jueces supremos es un detalle prácticamente irrelevante.

Considerar la realidad de los derechos y libertades tal como se ejercen y se garantizan, o se persiguen, en los países a través de las sentencias locales es lo que permite a los tribunales de ámbito europeo distanciarse de unas formas políticas y de unas instituciones que, para países de larga tradición autoritaria, como España, se convierten en vacas sagradas intocables, aunque después haya políticos que hasta se les pille compartiendo mensajes sobre el control del TSE “por la puerta de atrás”, que tanto los delatan.

A los españolitos de a pie no nos queda más remedio que soportarlos y cumplir sus sentencias, salvo que “no se meta usted en política” como ordenaba el dictador, pero a sus colegas europeos no les hacen ninguna gracia unos jueces españoles que en más de cuarenta años no han aprendido nada, pues ya había algunos del TOP al final de la dictadura que, por miedo al futuro inevitable o por convicción, dictaban sentencias más democráticas que los muy bien pagados miembros de los altos tribunales de esta monarquía con urnas que es España.

Por tanto, el nivel de independencia objetiva con que actúa la Justicia europea respecto de cualquier poder político, tanto por su pasado como por la realidad de su presente, está a años luz de la que presentan los jueces españoles, por mucho que presuman de que son independientes, o que disimulen lo que haga falta para que lo parezca.

Se acerca el momento del choque de trenes que protagonizarán dos justicias tan en las antípodas como la que defiende los Derechos Humanos en Europa y la que los viola en España. Si las sentencias definitivas confirman las señales anunciadoras, la patata caliente de resolver “lo de España” pasará a las manos de los políticos europeos.

Entonces, esos políticos que solo atienden a los intereses creados, tendrán que tomar decisiones para fortalecer Europa haciendo prevalecer el respeto a los Derechos Humanos por encima de los políticos locales, les duela lo que les duela a esos ocupantes, siempre temporales, de los tres poderes de uno de los Estados miembros que más necesitan de la Unión Europea.

Aquella Constitución Europea, que no salió adelante por la absurda condición de conseguir la mayoría en referéndums celebrados en cada país por separado y en fechas distintas, lo que sometía el proyecto europeo a las particularidades de cada Estado y no a la mayoría de un censo electoral europeo, puede que consiga avanzar derrotando a los políticos dominantes en cada uno de los Estados que, como España, no han sido capaces de acabar con sus manías autoritarias.

Pero regresemos a lo más cercano y saquemos una conclusión imaginaria, esa libertad que ni los jueces españoles pueden impedir salvo, eso sí, que la convirtamos en música rapera y nos llamemos Valtonyc o Pablo Hasel, el segundo en la cárcel y el primero en el exilio, gracias a lo cual es probable que el inmediato Día de los Inocentes le llegue a España, desde Europa, otra lección práctica de primero de Derecho. Si quiere saber más sobre esto en particular, busque en Internet “Gracias, Valtònyc” de un tal Gonzalo Boye. Un texto impecable que tiene muchas probabilidades de ser confirmado por otra sentencia europea.

Imagine usted las consecuencias de una sentencia del TEDH que establezca que convocar un referéndum de autodeterminación, incluso unilateralmente, no es ilegal ni merecedor de condena ninguna, lo diga quien lo diga en España.

¿Cuánto tardará el Govern de la Generalitat en convocar un nuevo referéndum, que ganaría de manera aplastante en medio del entusiasmo por el aval europeo, y también del estupor de un Reino de España que no sabría donde meterse, entre la vergüenza de la izquierda españolista y el odio de una derecha ídem que estaría planteando la ruptura con Europa, expresamente apoyada por Felipe VI?

Incluso podría ocurrir que Catalunya no necesitara sacar de nuevo a la calle las urnas de la tan denostada, por los españolistas, democracia directa. No podemos descartar que, tras la sentencia del TEDH, haya países europeos y no europeos que manifiesten su decisión de reconocer a un nuevo Estado, al que quizás ya le están buscando nombre para que se traduzca por República Independiente de Catalunya.

Y una sospecha para terminar, que no se si comparte usted conmigo.

O estoy muy equivocado, o se está hablando menos que otros años durante las previas del discurso que esta misma noche emitirá Felipe VI. ¿Será para no molestar, o quizás porque este rey ya casi no importa?

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