eldiario.es| La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo a las compañías energéticas ante las dificultades que están encontrando los usuarios para contratar la tarifa de último recurso (TUR) del gas, mucho más barata que las ofertas del mercado libre.

Así lo ha avanzado en una entrevista en RNE la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ha explicado que las comercializadoras de último recurso ha trasladado al Gobierno que se está produciendo una “avalancha de solicitudes”, tanto de comunidades de propietarios (que desde la semana pasada pueden acogerse) como de clientes con un consumo inferior que hasta ahora no se habían acogido.

“Nos llega y cada vez hay más voces”, que existe “dificultad” para contratar esa tarifa y “somos conscientes” de que la CNMC está “vigilando” y ha abierto ese expediente informativo, que puede derivar en un sancionador, ha indicado Aagesen, que ha señalado que puede ser necesario un “correcto dimensionamiento” de los servicios de atención al cliente “a la vista de la demanda”.

Fuentes de la CNMC confirman a elDiario.es que “se están enviando requerimientos” a las comercializadoras de último recurso “para ver cómo están atendiendo las solicitudes”. En concreto, se están analizando los tiempos de espera y los servicios dedicados a la atención al cliente para ver cómo lo hace cada una de esas empresas. La TUR está reservada a filiales de cuatro compañías: Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies.

La semana pasada, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, dio a entender que la situación estaba encauzada y que Competencia había comprobado que las compañías estaban esforzándose en ampliar sus canales de atención al cliente y atender la avalancha de llamadas para pasarse a esa tarifa.

Entonces, la presidenta de la CNMC indicó que el organismo había “verificado que los comercializadores de último recurso atienden las peticiones para tratar con agilidad la contratación de la TUR”, después de que la organización de consumidores Facua señalara a Naturgy por poner supuestamente “trabas para contratar las tarifas reguladas de luz y gas eliminando el formulario de su web”.

El pasado miércoles, Cani Fernández confirmó que se estaban produciendo “movimientos masivos” de los consumidores hacia la tarifa regulada del gas, que desde hace un año tiene las subidas limitadas por ley y que el Gobierno acaba de reforzar, al incluir en ella a las comunidades de vecinos, dotando fondos públicos para compensar a las comercializadoras por esa intervención de precios. Solo hasta finales de 2023, el coste de esas ayudas públicas va a ser de 3.000 millones de euros.

En los últimos días, los usuarios han soportado largas esperas al teléfono de atención al cliente de las comercializadoras que ofrecen esta modalidad tarifaria, que es mucho más barata que las ofertas del mercado libre.

Según el último análisis de Facua, el recibo del gas natural puede llegar a ser hasta tres veces más caro para los usuarios con tarifas del mercado libre frente a los que tienen contratadas la TUR. En concreto, el mercado libre es entre un 112% y un 245% más caro, según esta asociación de consumidores.

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