El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias y secretario general nacional de CC, Fernando Clavijo, adelantó hoy que los nacionalistas canarios propondrán al Gobierno del Estado que se corrija la situación que viven muchas empresas desde que entró en vigor la doctrina Somoza derivada de la jurisprudencia europea y que obliga a las empresas que acceden a un contrato público de prestación de servicios hacerse cargo de las deudas en concepto de cotizaciones de sus trabajadores.

El líder de los nacionalistas canarios que mantuvo una reunión de trabajo este miércoles con responsables de las asociaciones del ámbito de la seguridad y vigilancia en las Islas, afectadas por la sentencia del TJUE en 2018, advirtió que “es un problema que no solo afecta de lleno a este sector sino a todas aquellas empresas de servicios que prestan servicio a las administraciones públicas”. Por este motivo, urgió “a adoptar medidas para evitar que empresas que asumen contratos, subrogan al personal tengan que hacer frente además a las cuotas de la Seguridad Social de la anterior empresa que no tenían modo de saber a la hora de presentarse al concurso y que ponen en riesgo no solo los puestos de trabajo y la viabilidad de la prestación del servicio sino de las propias empresas que de repente se ven con una deuda que no esperaban ni eran capaces de calcular”.

Para Fernando Clavijo el Estado tiene dos opciones “o tratar de solucionar el problema o seguir poniendo, como está haciendo, a toda máquina y a toda velocidad todos los mecanismos recaudatorios que tiene a su alcance para que, independientemente del tamaño y las circunstancias de estas empresas, empiecen a exigir por la vía de apremio la deuda, llevándose por delante a muchas pequeñas y medianas empresas”.

En este contexto, el senador se comprometió durante el encuentro a reclamar en las Cortes “una solución” que, aseguró, podría ir desde “una modificación legislativa del reglamento de la Tesorería o del Estatuto de los Trabajadores que aclare que ante una sucesión de empresas las responsabilidades anteriores en materia de cotizaciones quedan en la empresa que generó la deuda con la Seguridad Social”.

Los responsables de las asociaciones del sector de Seguridad y Vigilancia denunciaron la “desprotección” de este tipo de empresas para poder acceder a contratos públicos con plenas garantías sin temer por las deudas que en muchos casos “puede llegar a ser superior no solo a los beneficios sino a la facturación de determinados contratos lo que implica nuevas concursales, el impago de salarios, despidos y que los trabajadores vuelvan a pasar por la misma situación”, denunciaron.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »