La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denunció este miércoles que la Secretaría General del Instituciones Penitenciaras del Ministerio del Interior ha dejado sin asistencia sanitaria a la población reclusa de Canarias. Las condiciones y la degradación laboral imperante en Instituciones Penitenciarias han dejado las prisiones sin facultativos y facultativas, y muy mermado el resto de personal sanitario, que tiene una sobrecarga de trabajo de más de un 50%.

El sindicato culpa de esta situación al fracaso de Interior en su estrategia de tratar de “obligar” a las comunidades autónomas a asumir gratis la transferencia de la sanidad de las prisiones a la que obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, un parche de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que ha impedido resolver los problemas endémicos de la sanidad en prisiones.

El sindicato alerta de que, en estos momentos, el 70 % de las plazas de personal facultativo en las cárceles canarias está vacante, algo que atribuye a la “ilusión de la transferencia”, y, más importante, la expulsión del sistema de este personal sanitario, una medida que han impulsado las unidades responsables de prisiones y que está sostenida en unas malas retribuciones y condiciones laborales. Esto ha provocado que más del 90% de las plazas que se convocan queden vacantes, una situación que genera un tremendo colapso sanitario cuando se une a la jubilación masiva de las personas titulares de plazas.

La “ocurrencia” de la teleasistencia 

Frente a esa realidad, desde las gestiones de los centros penitenciarios se sigue apostando por ocurrencias como la implantación de un sistema de teleasistencia médica, que hará incrementar las cargas de trabajo del ya muy saturado personal de enfermería.

El personal de enfermería se tiene que responsabilizar de las urgencias, de los ingresos y de los aislamientos, cuando no tienen la potestad de realizar exploraciones clínicas ni de diagnóstico, y se ven obligados a asumir la responsabilidad de las posibles consecuencias por el retraso o la mala praxis resultante al no poder ser evaluado el paciente presencialmente. Todo un despropósito.

El sistema de teleasistencia es, por definición, contrario a una atención de salud primaria y en un contexto de una población penal muy vulnerable sanitariamente, con índices de patologías muy superiores a la media de la población. Además, FSC-CCOO ha venido denunciado que los sistemas informáticos y la digitalización en prisiones es prácticamente inexistente o de baja calidad, sin que se haya llevado a cabo la modernización digital de la institución, usándose los fondos europeos a la compra de ordenadores para altos directivos.

Este maltrato, afirma el sindicato, supone una condena añadida a para las personas que están en prisión, ya que se les priva de la sanidad pública a la que todo el mundo tiene derecho. Asimismo, supondrá una merma de los derechos laborales, pues el tiempo de las guardias del personal sanitario que atienda esta teleasistencia no computará como tiempo de trabajo y por tanto no generará descansos. Esta medida elude el límite máximo de jornada que establece la Directiva Europea (48 horas a la semana), y no respeta el descanso de 11 horas entre jornadas o el de 35 al salir de una guardia de 24 horas el fin de semana.

Transferencias de la sanidad penitenciaria

En el Centro Penitenciario de Las Palmas I esta situación se ve agravada por orden de dirección que pide al personal penitenciario que valore la necesidad de que la población reclusa vaya a la enfermería cuando se quejan de alguna dolencia.

Desde FSC-CCOO se ha insistido en la necesidad de respuestas que vayan a la raíz del problema, mejorando las condiciones laborales y retributivas del personal de sanidad penitenciaria y específicamente del cuerpo facultativo, ya que hay presupuesto público para ello, así como que se desarrollen conciertos públicos de colaboración con las comunidades autónomas para garantizar la salud de la población reclusa.

El sindicato exige que el Ministerio del Interior cumpla la Ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud que obliga a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, la única forma de garantizar la salud e integridad de la población reclusa y de homogeneizar las condiciones laborales del personal sanitario en igualdad de condiciones.

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