Imagine que mañana se anuncia una nueva ayuda al alquiler. Un vecino pregunta cuánto costará y de dónde saldrá el dinero. Otro pregunta qué le pasará a la familia que lleva dos meses sin poder pagar. Un tercero, que también vive de alquiler y llega justo a fin de mes, pregunta por qué esa familia podrá recibir la ayuda y él quizá se quede fuera.
Las tres preguntas son legítimas. La primera obliga a hablar de financiación. La segunda, de lo que cuesta dejar un problema sin atender. La tercera, de dónde ponemos el límite entre dos personas cuyas circunstancias pueden parecerse mucho. La discusión se vuelve interesante cuando tenemos que responder a las tres a la vez.
He imaginado dos voces, una de centroderecha y otra de centroizquierda. Las dos aceptan que hay personas a las que debemos proteger. Discrepan sobre hasta dónde debe llegar esa protección, qué responsabilidad corresponde a cada cual y qué riesgo les parece más grave cuando el sistema falla.
Una voz de centroderecha
“Estoy de acuerdo en que una sociedad decente debe proteger a quien atraviesa una situación que no puede resolver por sus propios medios. Si una persona pierde su empleo, enferma o tiene a su cargo a alguien que necesita cuidados permanentes, hay razones para ayudarla. Ahora bien, cada vez que convertimos una necesidad en un compromiso público, adquirimos la obligación de explicar quién lo va a pagar y durante cuánto tiempo”.
“Quien anuncia una prestación puede hacerlo en cinco minutos. Quien tiene que generar los recursos para sostenerla se levanta mañana, abre su negocio, paga las nóminas y vuelve a arriesgar su dinero. Y hay mucha gente que trabaja, paga impuestos y llega justa a final de mes. Cuando me dicen que una medida se financiará con dinero público, pienso también en esa persona. Tiene derecho a preguntar cuánto le cuesta y qué se consigue con su aportación”.
“Además, los recursos que dedicamos a un programa dejan de estar disponibles para otros. Si tenemos dinero para ampliar una ayuda al alquiler o para atender a más personas dependientes, ¿qué hacemos primero? Y si queremos hacer las dos cosas, ¿qué gasto estamos dispuestos a aplazar, qué ingresos vamos a aumentar o qué deuda vamos a asumir? La parte más difícil de gobernar empieza cuando todas las propuestas tienen una buena causa detrás”.
“También me preocupa lo que ocurre cuando una ayuda se diseña mal. Si al aceptar un empleo, una persona pierde de golpe buena parte de la prestación, puede acabar trabajando más horas y disponiendo de poco más dinero. Y si la Administración tarda meses en revisar una situación que ha cambiado, el sistema puede seguir pagando a un hogar mientras otro, que acaba de perder sus ingresos, sigue esperando. Quiero reglas que protejan al que lo necesita y que hagan visible la mejora cuando alguien consigue salir adelante”.
“Antes de aprobar otra ayuda, yo pediría cuentas sobre las que ya existen. ¿Cuánto cuesta tramitarlas? ¿Llegan a tiempo? ¿Qué problema han resuelto? Si funcionan, tendremos motivos para sostenerlas. Si fallan, habrá que corregirlas. Y si dos administraciones están haciendo prácticamente lo mismo, alguien tendrá que explicar por qué seguimos pagando las dos gestiones”.
Una voz de centroizquierda
“También quiero saber quién paga la factura. Lo que pido es que hagamos la cuenta completa. ¿Qué le cuesta a una familia que un hijo deje de estudiar para aportar un sueldo a casa? ¿Qué pierde quien tiene que dejar su empleo para cuidar a su madre? ¿Qué posibilidades tiene de encontrar trabajo una persona que cambia continuamente de domicilio porque no puede pagar el alquiler? Esas facturas existen aunque nunca aparezcan juntas en un presupuesto”.
“Quien trabaja aporta tiempo, conocimientos y esfuerzo. Quien emprende aporta iniciativa y asume riesgos. Y ambos necesitan una sociedad que funcione. Una empresa contrata a personas que se han formado, transporta mercancías por carreteras que alguien ha pagado y puede acudir a un tribunal cuando un cliente incumple un contrato. Por eso me parece justo que cada cual contribuya según su capacidad económica y que ciertos servicios estén al alcance de todos”.
“También distinguiría entre una escuela, la atención a una persona dependiente y una ayuda de ingresos. Quiero que un niño pueda ir a la escuela con independencia de lo que ganen sus padres. Quiero que una persona dependiente reciba cuidados aunque su familia carezca de dinero para pagarlos. Y quiero que un hogar que pierde de pronto sus ingresos, tenga un margen para recomponerse. Cada una de esas decisiones tiene un coste y una justificación diferente”.
“Por supuesto que hay que comprobar quién reúne los requisitos para cobrar una ayuda. Pero me preocupa tanto el pago indebido, como la persona con derecho a cobrar que se queda fuera porque no entiende el formulario, carece de medios para tramitarlo o se cansa de ir de una oficina a otra. Quien sabe moverse entre papeles lleva ventaja. Y si la necesidad es urgente, cada semana de demora puede agravar el problema”.
“Acepto que a quien puede trabajar se le pida que aproveche una oportunidad real de formación. Lo que quiero saber es qué oportunidad le hemos ofrecido. ¿Puede llegar al curso? ¿Puede asistir si tiene hijos a cargo? ¿Va a aprender un oficio para el que alguien esté contratando? Y cuando encuentre trabajo, ¿le permitirá ese sueldo vivir mejor? Si pedimos compromisos, empecemos por poner sobre la mesa los de todos”.
- ¿Quién paga la factura?
Una de las voces pone el acento en los recursos que hacen posible la protección. La otra, en los costes que la protección puede evitar. La decisión pública exige mirar ambos. Una ayuda al alquiler tiene un coste presupuestario. Una familia que pierde su vivienda puede acabar soportando una deuda, una mudanza precipitada y gastos que también alcanzan a quienes tienen que prestarle apoyo. Para juzgar la medida, hay que saber cuánto cuesta y qué puede evitar en las circunstancias concretas en que se ofrece.
Pero poner las dos facturas sobre la mesa tampoco resuelve por sí solo la decisión. Puede haber una necesidad real y una respuesta mal elegida. Si, por ejemplo, en Hermigua, apenas hay viviendas disponibles, una ayuda al alquiler puede aliviar el pago de quien ya tiene un contrato. Quien busca casa seguirá dependiendo de que aparezca una vivienda. Son dos problemas relacionados y conviene decir cuál de ellos pretende resolver la medida, antes de anunciar cuánto dinero se le dedica.
También importa cómo se reparte el esfuerzo. Dos personas pueden estar de acuerdo en financiar una prestación y discrepar, razonablemente, sobre quién debe aportar más. Una puede defender que pague más quien tiene mayor capacidad económica. La otra puede preguntar qué carga soportan ya los hogares que viven de un sueldo y las pequeñas empresas que tienen poco margen para contratar o invertir. La respuesta requiere algo más preciso que decir que «pagarán los de arriba» o que «pagará el contribuyente». ¿A qué hogares y empresas les cambiará la factura, y en cuánto?
Hay otra pregunta que rara vez acompaña a los anuncios. ¿Cuánto costará mantener la medida cuando ya se haya incorporado a la vida de miles de personas? Una ayuda temporal ante una emergencia y un compromiso que se renueva, año tras año, exigen cuentas distintas. Y, si una medida necesita endeudamiento, conviene explicar qué beneficio dejará a quienes también tendrán que pagarla. Esa explicación forma parte de la decisión de gastar.
A quien propone ampliar una ayuda, le pediría que diga cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y qué espera conseguir. A quien propone reducirla le preguntaría qué ocurrirá con las personas afectadas y quién se hará cargo de los costes que puedan trasladarse a sus familias o a otros servicios. A ambos, les haría la pregunta que más cuesta responder en público. Si el dinero solo alcanza para una de dos necesidades legítimas, ¿cuál atenderían primero y por qué?
- ¿A quién protegemos, durante cuánto tiempo y qué podemos pedirle?
Una persona dependiente puede necesitar apoyo toda la vida. Una familia que pierde de repente sus ingresos puede necesitar unos meses, o bastante más, para recuperar la estabilidad. Y una persona que ya trabaja puede seguir necesitando ayuda si el sueldo y sus circunstancias familiares apenas le permiten cubrir los gastos básicos. La duración de la protección debe responder a lo que le ocurre a cada hogar. Revisar la situación tiene sentido. Aplicar a todos el mismo calendario puede producir decisiones difíciles de justificar.
Pensemos en dos vecinos con ingresos casi iguales. Uno reúne los requisitos para recibir una ayuda y el otro queda fuera por poco. Al primero le decimos que la necesita. Al segundo, que puede arreglárselas. Para la Administración, ambos están a lados distintos de un umbral. Para ellos, la diferencia puede consistir en unos pocos euros al mes. Ahí se juega parte de la justicia del sistema. Hay que poder explicar dónde se pone el límite y qué pasa cuando alguien lo supera por una cantidad pequeña.
El mismo problema aparece al conseguir empleo. Imagine que una persona empieza a trabajar y, entre el transporte, el cuidado de sus hijos y la reducción de la ayuda, apenas dispone de más dinero que antes. Podemos decirle que piense en su futuro, pero ella tiene que pagar el alquiler este mes. El esfuerzo debe traducirse en una mejora que pueda apreciar en las cuentas de su casa. Revisar cómo se reduce la prestación cuando suben los ingresos, permite discutir ese problema con más precisión que atribuirlo a la falta de voluntad de quien la cobra.
Ahora bien, hay personas que necesitan ayuda, precisamente, porque llevan años sin trabajar o porque nadie las contrata para tareas que aún no dominan. Si queremos que puedan ganarse la vida, hay que ofrecerles una oportunidad que puedan aprovechar. En La Gomera, allí donde se identifiquen posibilidades reales de empleo, se podrían ensayar cinco itinerarios de formación práctica:
- Agricultura y riego. Aprender a manejar herramientas, instalar y reparar sistemas de riego y participar en las labores de cultivo y recolección de una finca.
- Jardinería y mantenimiento. Practicar poda básica, pintura y pequeñas reparaciones en jardines, alojamientos y otras instalaciones.
- Limpieza y lavandería profesional. Preparar un alojamiento entre estancias y aprender a clasificar, lavar y tratar la ropa con los equipos que se utilizan en el trabajo.
- Hostelería y restauración. Adquirir experiencia en preparación básica de cocina, higiene alimentaria y atención al cliente, con prácticas supervisadas en un establecimiento.
- Comercio y gestión digital. Aprender a cobrar, controlar existencias y gestionar pedidos o reservas con las herramientas de un negocio.
Si un curso empieza antes de que llegue la primera guagua, su horario deja fuera a quien depende del transporte público. Si termina después de que cierre el servicio de cuidado del que depende una familia, la persona tendrá que elegir entre asistir o atender a sus hijos. Antes de exigir un compromiso, la Administración debe comprobar que la oferta encaja con las capacidades, los horarios y las posibilidades de desplazamiento de quien la recibe.
Cuando esas condiciones se cumplen, me parece razonable pedir asistencia, puntualidad y aprovechamiento. Y a quien organiza la formación le pediría que rinda cuentas con el mismo rigor. ¿Qué saben hacer los participantes al terminar que antes no sabían?. ¿Cuántos han encontrado trabajo y cuántos seguían trabajando unos meses después?. Si un curso se repite cada año y apenas abre puertas, conviene revisar lo que se enseña, cómo se enseña y si hay empresas dispuestas a contratar.
Queda el caso más incómodo. Una persona está en condiciones de participar, recibe una oferta adecuada y la rechaza sin causa justificada. ¿Qué consecuencia considera proporcionada el lector? Y si de esa prestación dependen también sus hijos, ¿cómo se hace responder al adulto sin trasladarles a ellos el perjuicio? La discusión sobre responsabilidades gana cuando se plantea con esa concreción. También cabe la pregunta inversa. ¿Qué le podemos exigir a la persona si la Administración lleva meses sin ofrecerle una vía para formarse o incorporarse al trabajo?
- ¿Cuántas ventanillas hacen falta para ayudar a una persona?
En Canarias convivimos con decisiones del ayuntamiento, el cabildo, el Gobierno de Canarias, el Estado y la Unión Europea. Cada nivel puede aportar algo distinto, desde el conocimiento de la situación de una familia hasta los recursos para financiar un programa. La dificultad aparece cuando varias instituciones intervienen y ninguna puede decirle al ciudadano quién se hace cargo de su expediente de principio a fin.
Volvamos a la familia que debe dos meses de alquiler. En una oficina le piden un documento que ya entregó en otra. Cuando termina de reunir los papeles, le dicen que debe esperar. La ayuda se aprueba y se anuncia. Pasan los meses y todavía no la ha cobrado. ¿En qué momento damos por cumplido el objetivo? La Administración puede tener un expediente resuelto y la familia puede seguir teniendo el mismo problema, agravado por el tiempo transcurrido.
Parte de la gestión es necesaria. Alguien tiene que comprobar los requisitos, evitar pagos indebidos y resolver reclamaciones. Pero cada trámite debería poder justificarse. ¿Qué comprueba? ¿Puede hacerse una sola vez? ¿Cuánto retrasa la respuesta? Y, si un documento ya obra en poder de una administración y puede consultarse legalmente, ¿por qué debe encargarse el vecino de llevarlo de una oficina a otra?
Esa exigencia alcanza también a las cuentas públicas. El presupuesto inicial del propio Cabildo de La Gomera para 2026 asciende a 82,73 millones de euros. De esa cantidad, 48,05 millones, el 58,08 %, corresponden a personal y bienes corrientes y servicios. Dentro de esos capítulos conviven gastos de atención a la población y gastos de funcionamiento administrativo. El sueldo de quien atiende a una persona dependiente y el coste de una oficina que tramita expedientes pueden aparecer bajo un mismo capítulo económico. Para saber qué cuesta cada función hay que abrir el presupuesto por programas y examinar las partidas.
Y aunque consiguiéramos medir con precisión cuánto cuesta administrar una ayuda, quedaría por saber cómo se administra. Una oficina que tarda menos porque cuenta con personal suficiente puede prestar un mejor servicio. Una oficina que tarda lo mismo, mientras pide documentos repetidos, merece revisar su procedimiento. El dato que interesa al ciudadano reúne coste, tiempo y resultado. Cuánto cuesta tramitar la ayuda, cuánto tarda en cobrar quien la necesita y qué problema ha podido resolver cuando por fin la recibe.
La misma vara sirve para valorar un recorte y una ampliación. Si alguien propone reducir personal o gasto de gestión, que explique qué tareas se pueden simplificar y cómo afectará a los plazos. Si propone aumentar los medios, que diga dónde está el atasco y qué mejora podremos comprobar. Una familia que espera una resolución tiene motivos para pedir esa explicación a cualquiera de los dos.
Mi conclusión
Defiendo que quien necesita protección la reciba a tiempo y durante todo el tiempo que haga falta. Defiendo también que, cuando una persona pueda recuperar su autonomía, la Administración le ofrezca una vía concreta para hacerlo y le pida que ponga de su parte. Quien recibe una ayuda debe poder explicar que sigue reuniendo las condiciones. Quien la aprueba debe explicar cómo va a financiarla. Quien la gestiona debe responder por el coste, los plazos y los resultados.
La voz de centroderecha me obliga a pensar en el vecino que trabaja, contribuye y quiere saber qué se hace con su dinero. La de centroizquierda me obliga a pensar en lo que le cuesta a ese mismo vecino que su madre necesite cuidados, que su hijo pierda una oportunidad o que una ayuda llegue cuando el problema ya es mayor. Puede ser la misma persona en distintos momentos de su vida. Por eso me interesan las dos preguntas, incluso cuando las respuestas me incomodan.
Ahora vuelva a los tres vecinos del principio. Uno pregunta cuánto costará la ayuda. Otro quiere saber qué le pasará a la familia que debe dos meses de alquiler. El tercero también vive de alquiler, también llega justo y se queda por poco fuera de los requisitos.
Si la decisión dependiera de usted, ¿a quién ayudaría primero y durante cuánto tiempo? Si para hacerlo tuviera que aportar más o aplazar otro gasto, ¿qué elegiría? ¿Y qué le exigiría, con la misma claridad, a quien recibe la ayuda y a quien la administra?
@JulioMora60
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