Las organizaciones políticas no solo se definen por los programas electorales que presentan a la ciudadanía, sino por la firmeza con la que defienden sus propias reglas del juego. Cuando un partido decide suspender de facto su normativa interna para blindar a un cargo de poder, la credibilidad de todo el sistema democrático se resiente.
La decisión de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de mantener a Solveida Clemente en sus filas tras ser declarada culpable de prevaricación administrativa no es solo una contradicción reglamentaria; es un error político que exige una rectificación inmediata a través de su expulsión.
El debate no admite ambigüedades técnicas. El Artículo 8.1.13ª de los vigentes Estatutos de ASG es meridianamente claro: la condición de afiliado se perderá por el hecho de «ser condenado/a mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito doloso de corrupción». La situación de la exregidora de Hermigua se ajusta con precisión matemática a este supuesto. Clemente aceptó en la Audiencia Provincial una condena firme de un año y nueve meses de inhabilitación por dictar resoluciones arbitrarias en la adjudicación de un quiosco público. La prevaricación no es un error de cálculo burocrático; es la máxima expresión del abuso de poder administrativo.
Al cerrar filas en torno a su figura a través de comunicados que ensalzan su trayectoria, la cúpula de ASG envía un mensaje devastador a la sociedad canaria: que los códigos éticos son meros adornos de campaña electoral y que la lealtad de siglas está por encima del imperio de la ley. La dimisión forzosa de Clemente de la alcaldía no agota la asunción de responsabilidades; era simplemente el mandato imperativo de la justicia penal. La responsabilidad política, en cambio, le corresponde ahora orgánicamente a la formación que lidera Casimiro Curbelo.
La necesidad de proceder a su expulsión responde a tres razones fundamentales que el partido no debería ignorar:
- Higiene Democrática: Los partidos políticos son entidades de interés público fundamentales para la participación ciudadana. Amparar en el seno del partido a personas con condenas firmes por delitos contra la Administración erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones de La Gomera.
- Seguridad Jurídica Interna: Un partido que no aplica sus propios estatutos se deslegitima ante su propia militancia. Las normas internas obligan a todos por igual, desde el militante de base hasta los cuadros directivos. El favoritismo orgánico debilita la estructura partidista.
- Coherencia Discursiva: No se puede apelar a la regeneración democrática y al progreso insular mientras se normaliza la prevaricación. Las formaciones de la oposición, como Iniciativa por La Gomera, tienen motivos legítimos para afear este doble rasero: la tolerancia con las conductas ilícitas de los propios ensucia la gestión del conjunto.
La Agrupación Socialista Gomera se encuentra ante una encrucijada moral. Cumplir de manera estricta con el artículo 8 de sus estatutos y apartar definitivamente a Solveida Clemente de la militancia no es un acto de crueldad política, sino una obligación legal y ética. Desoír su propio reglamento para mantener el blindaje a sus siglas solo confirmará los peores temores de los ciudadanos: que la impunidad partidista sigue pesando más que la decencia pública.