La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández recriminó hoy al presidente del Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP), Fernando Clavijo, su decisión política de incumplir también 2027 con la inversión del cinco por ciento del PIB en educación mientras el Archipiélago sigue a la cola de los resultados del informe sobre 2025 del Programa para la Evaluación Internacional de los estudiantes, PISA. La portavoz sectorial del grupo nacionalista progresista reclamó responsabilidades por la desobediencia de CC y el PP de un mandato legal. Hernández denunció que expresa que la educación pública no es una prioridad política para los socios conservadores, que así se obstaculiza la capacidad del sistema público para mejorar la calidad, reducir las desigualdades y ofrecer más oportunidades al alumnado de las islas.
Para Hernández, los resultados conocidos de PISA vuelven a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer el sistema educativo público y de abordar sus problemas con una estrategia y recursos suficientes. Refirió que el alumnado canario obtiene 442 puntos en matemáticas, 445 en lectura y 469 en ciencias, frente a los 457, 451 y 477 puntos, respectivamente, de la media estatal.
La portavoz de NC-BC advirtió de que PISA no puede reducirse a un listado de territorios. “Nos dice que una parte de nuestra juventud no adquiere suficientemente las competencias necesarias para afrontar el futuro”, señaló. En su opinión, detrás de estos resultados hay también un problema de igualdad de oportunidades porque las dificultades educativas afectan especialmente a las familias más vulnerables.
La diputada Hernández consideró especialmente preocupante que el Gobierno de Clavijo reconozca que no alcanzará el cinco por ciento del PIB en educación durante la actual legislatura. “No es coherente reclamar mejores resultados educativos y, al mismo tiempo, renunciar al nivel de inversión que establece la propia ley canaria”, afirmó.
Educación y economía
La renuncia del Ejecutivo a alcanzar el cinco por ciento reactiva la vinculación “totalmente equivocada y disparatada” hecha por Clavijo, en el pasado debate de la nacionalidad, de que el cumplimiento del mandato legal de inversión educativa tiene un efecto negativo sobre la economía y el empleo.
Carmen Hernández defendió que es “lo contario, invertir en educación es invertir en la economía, en el empleo cualificado y en el futuro de la sociedad canaria”. Una población mejor formada, sostuvo la portavoz canarista, facilita la creación de empleo de mayor calidad, mejora los salarios y constituye una condición necesaria para avanzar hacia un modelo económico más diversificado.
Consideró “inaceptable” presentar la inversión educativa como un riesgo para la economía cuando el Gobierno de CC y el PP dispone de recursos suficientes. Recordó que el presupuesto de 2026 supera los 12.500 millones de euros y denunció que las dos derechas canarias dejaran sin gastar 1.051 millones de euros en 2025.
“Lo que deprime la economía es dejar de invertir suficientemente en la formación de nuestra gente”, sostuvo Hernández. A su juicio, el debate no debe ser cuánto cuesta alcanzar el cinco por ciento, sino “cuánto le cuesta a Canarias no hacerlo”.
No basta con un presupuesto récord
Clavijo, según NC-BC, no puede esconderse detrás de un presupuesto récord. La comparación válida no es únicamente cuántos euros figuran en las cuentas públicas, sino qué esfuerzo realiza Canarias en relación con su riqueza y qué prioridad ocupa la educación dentro del conjunto del presupuesto.
Citó el informe del Consejo Escolar de Canarias, que refleja que el esfuerzo educativo alcanzó el 4,63 por ciento del PIB en 2023 y se situó posteriormente en torno al cuatro por ciento. El propio Consejo Escolar ha reiterado en 2026 la necesidad de cumplir el mandato legal de alcanzar el cinco por ciento del PIB.
Para NC-BC, los resultados de PISA deberían llevar al Gobierno de Clavijo a rectificar su posición en el próximo proyecto de ley de presupuestos de Canarias para 2027, el último de esta legislatura, cuya tramitación parlamentaria está prevista a partir de finales del próximo mes de octubre. Para ello, indicó que el Ejecutivo de Canarias apoyó, la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el nuevo sistema de financiación autonómica que le reportará 1.337 millones de euros adicionales el próximo año una vez culminada la próxima tramitación en las Cortes Generales.
Carmen Hernández cree que mejorar las competencias educativas significa también mejorar las oportunidades de la juventud canaria, reducir las desigualdades y construir las bases de una economía con más empleo cualificado, mejores salarios y mayor capacidad de diversificación.