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UGT, CCOO, USO convocan movilizaciones en contra de la decisión tomada por el gobierno retirando la seguridad privada de las prisiones

La decisión tomada por Interior afecta en principio al empleo de aproximadamente 250 Vigilantes de Seguridad privada actualmente en la empresa OMBUDS complicando su posible subrogación ante una nueva adjudicataria del servicio de seguridad a realizar en las mencionadas instalaciones.

 

Las movilizaciones convocadas por las tres centrales sindicales se llevarán a efecto el próximo día 14 de enero de 12.00 a 1300 has frente al Ministerio de Interior en Madrid, así como ante la subdelegación de Gobierno de Ciudad Real y la delegación de Gobierno de Badajoz.

El Ministerio liderado por Marlaska ha tomado la decisión de sustituir a los vigilantes de seguridad de la empresa OMBUDS por efectivos de Policía y Guardia Civil hasta la nueva adjudicación de las cárceles ubicadas en Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, a una nueva empresa de seguridad privada.

El concurso anterior quedo desierto al no acudir ninguna empresa de seguridad al mismo, situación que como vía para garantizar plenamente la continuidad en el empleo de los vigilantes debería resolverse prolongando el contrato de OMBUDS mes a mes, hasta la nueva adjudicación, petición en principio validada y posteriormente rechazada desde Interior.

La contratación pública de servicios de seguridad privada en general y de prisiones en particular viene celebrándose pese a la nueva Ley de Contratos desde parámetros claramente vinculados a la oferta económica más baja que normalmente es la que menos calidad de servicios y garantías laborales ofrece uno de los motivos por el cual el concurso de estas prisiones quedo desierto.

Otro de los motivos es sin duda la Sentencia del Supremo sobre sucesión de empresas que pone en peligro la subrogación de personal al generar la misma inseguridad jurídica a las empresas que admitiendo la subrogación deben hacer frente a las deudas contraídas por la anterior empresa. Esta situación pone en riesgo la continuidad en el empleo mediante la subrogación de un millón de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, situación suficientemente grave y que el Gobierno sigue in resolver mediante una adecuada legislación al respecto.

El concurso presentado por OMBUDS es debido a una mala gestión de la empresa en convivencia con la propia administración pública que sigue admitiendo precios en sus contratos que ni tan siquiera recogen en numerosas ocasiones los costes salariales mínimos recogidos en Convenio y no deben ser los trabajadores y trabajadoras quien como siempre sigan pagando las consecuencias.

El Gobierno sigue desatendiendo temas prioritarios para la seguridad privada en nuestro país, como puede ser el Reglamento, La propia Sentencia sobre subrogación y las continuas agresiones sufridas por los vigilantes en el desempeño de sus funciones, así como ahora tomado decisiones trasnochadas sobre el tema de prisiones.

Las tres centrales sindicales seguirán manteniendo conversaciones al respecto con clientes de seguridad e instituciones, así como manteniendo la presión en la calle para que la situación de OMBUDS revierta en las mayores garantías de empleo para el personal afectado, bien por la vía de traspaso ordenado de unidades de negocio ligado a la obligación de las empresas en cuanto a la subrogación del personal asignado a las mismas.

 

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