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Sí Podemos pide al Gobierno del Pacto que impulse y fomente al acceso a cuentas básicas bancarias de la población canaria más vulnerable

  • Manuel Marrero afirma que “no existe integración social sin integración bancaria”.
  • La Consejería de Derechos Sociales tuvo que “buscar herramientas alternativas para que aquella población que carecía de cuentas bancarias pudiera ejercer su derecho a la prestación” del Ingreso Canario de Emergencia y la adaptación de la Prestación Canaria de Inserción al Ingreso Mínimo Vital.
  • El grupo parlamentario recuerda que acceso a servicios bancarios básicos “ha sido reconocido como una necesidad para la integración social por la Comisión Europea” para “garantizar que cualquier persona tenga derecho a disponer de una cuenta bancaria que permita realizar transferencias y pagos y tener una tarjeta de débito”.

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias considera que el Gobierno del Pacto de las Flores debe “impulsar con las entidades financieras el fomento al acceso a cuentas básicas bancarias de la población canaria más vulnerable”, por lo insta también al Ejecutivo a “reforzar una difusión efectiva en la sociedad canaria sobre la existencia de las cuentas básicas y el derecho existente a la misma con campañas de información específicas”.

Al respecto, el portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, afirma que “no existe integración social sin integración bancaria”, por lo que las personas más vulnerables “no pueden quedar excluidos del acceso a unos servicios financieros que se consideran esenciales para poder participar en la actividad económica” y percibir prestaciones.

Así, insiste en que el Gobierno estatal aprobó en marzo de 2019 un Real por el que “se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera”.

Dicho Real Decreto establece comisiones máximas de tres euros para la posesión y gestión de estas cuentas, así como la gratuidad de las mismas, cuando se reúnan condiciones de especial vulnerabilidad, prohibiendo a las entidades bancarias exigir cualquier tipo de comisión, pues su objetivo es “garantizar estos servicios a las personas más vulnerables, para que ningún ciudadano se quede fuera del sistema financiero, estableciendo criterios semejantes a los que se aplican para el acceso a la justicia gratuita”.

Marrero incide en que el acceso a servicios bancarios básicos “ha sido reconocido como una necesidad para la integración social por la Comisión Europea a través de la denominada Directiva de Cuentas de Pago”, cuyo objetivo es “garantizar que cualquier persona de la Unión Europea tenga derecho a disponer de una cuenta bancaria que permita realizar transferencias y pagos y tener una tarjeta de débito”.

“El desconocimiento sobre la existencia de estas cuentas bancarias básicas es manifiesto”, afirma Marrero, que añade el hecho de que la propia Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que dirige Noemí Santana tuvo “buscar herramientas alternativas para que aquella población más vulnerable que carecía de cuentas bancarias pudiera ejercer su derecho a la prestación” del Ingreso Canario de Emergencia y la adaptación de la Prestación Canaria de Inserción al Ingreso Mínimo Vital”.

“Este compromiso social del Gobierno de Canarias debe ser también plasmado a escala financiera, para el disfrute de una plena integración de la ciudadanía, por un lado, pero también de cara a reforzar las relaciones de la población con la Administración, ya que para percibir las citadas prestaciones, es preceptivo estar en posesión de una cuenta bancaria”, insiste Marrero.

Al respecto, afirma que las dificultades que se han presentado “constituyen obstáculos para el disfrute del derecho a la ciudadanía canaria de acceso a otros servicios administrativos y económicos” y, por este motivo, “es fundamental una colaboración y cooperación entre las entidades bancarias y la administración autonómica, dando respuesta a las necesidades de la población”.

“La difusión de estos instrumentos por parte del Gobierno de Canarias se configura como una necesidad imperiosa, de cara a favorecer la cercanía de la ciudadanía a los servicios administrativos y económicos y garantizar el acceso a los mismos”, concluye.

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