El Grupo Parlamentario Podemos ha presentado este jueves la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Suelo. La portavoz, Noemí Santana, ha afirmado que la ley “supone una auténtica desregulación del territorio y un retroceso en materia del planeamiento”. Ha añadido además que con esta norma se abre la puerta a la especulación, “poniendo en manos de los grandes empresarios el patrimonio de todas y todos los canarios”. “La Ley que quiere aprobar Clavijo -sostiene- es como jugar al fútbol sin reglas; es la barra libre para el juego sucio”.
Santana ha detallado los artículos más controvertidos para el Grupo Parlamentario, como el 124 que establece que los proyectos de interés insular o autonómico puedan ejecutarse en cualquier tipo de suelo. “Esto significa, por ejemplo, que el gobierno o los cabildos podrán aprobar una actuación urbanística del tamaño de la playa de Las Américas o de Playa del Inglés, en contra de todo el planeamiento vigente”.
La portavoz también asegura que “con la Ley del Suelo del presidente Clavijo se podrá construir un ‘Eurovegas’ en San Mateo, ya que en el artículo 64 se incluyen usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios para los suelos rústicos”.
Otro artículo que el Grupo Parlamentario Podemos considera un “despropósito” es el 111, que permite el uso residencial y la clasificación de suelo urbano y urbanizable dentro de los Parques Naturales. “Es decir, que se podrá construir un complejo de viviendas a las puertas, por ejemplo, del Parque Nacional del Teide”.
La portavoz del Grupo Parlamentario también ha afirmado que la Ley del Suelo otorga pleno poderes a los ayuntamientos, apostando por 88 modelos de planeamientos diferentes, “promoviendo un urbanismo de proyectos, en vez de un urbanismo de planificación”. “Por todo esto, consideramos que la Ley del Suelo de Clavijo hará de Canarias un territorio sin ley”.
Por último, Santana anuncia que el Grupo Parlamentario exigirá al Gobierno de Canarias que retire este proyecto, y que elabore otra ley que cuente con un proceso real de participación ciudadana “para que no se apoye en la opinión personal de un grupo de juristas de derecho administrativo, y que además son amigos íntimos del presidente, como el principal redactor de la norma, Francisco Villar”. La portavoz exige que “una ley de tal calado como ésta debe contar con la legitimidad y el apoyo de todos los sectores de nuestra sociedad, y ésta no lo tiene”.
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