El diputado del PSOE Gustavo Matos acusó hoy al Gobierno de Rajoy de “avanzar en su intención de que AENA se convierta en una empresa mayoritariamente privada”. Tras las declaraciones del ministro de Fomento en las que no dice descartar que se amplíe la participación privada en el ente público, Matos afirma que se corrobora lo que el PSOE ya adelantó en la Cámara canaria hace un año, en el sentido de que el PP “contaba con una hoja de ruta en la que la privatización inicial no era sino un adelanto de lo que estaba por venir”.
De confirmarse estas intenciones del Gobierno del PP, señala el diputado, “se abriría la puerta a que Canarias pudiese gestionar directamente los aeropuertos canarios, tal y como establece el Estatuto de Autonomía y como resolvió el Tribunal Supremo en su día, en la sentencia sobre el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias a la venta inicial de AENA”.
Gustavo Matos subraya que la privatización de AENA es “una muy mala noticia para Canarias, por tratarse de un territorio fragmentado y alejado del continente donde el transporte se convierte en una herramienta clave para el desarrollo económico y social”.
Insiste en que el PSOE viene advirtiendo desde hace mucho tiempo de que fue un “mal negocio” que el PP “malvendiese” ese paquete de acciones de AENA. “El Gobierno de Mariano Rajoy vendió a bajo precio los aeropuertos de España en detrimento de los intereses públicos de la ciudadanía, culminando un pelotazo que, en términos económicos, es posiblemente el más grande que se ha dado en España en toda la etapa democrática”.
Añade que, mientras tanto, las decisiones de la parte pública que permaneció en la empresa fueron encaminadas a favorecer intereses privados, por ejemplo con las tasas aeroportuarias, asunto clave para el archipiélago. En este sentido, explica que la primera decisión de calado que adoptó AENA tras iniciarse el proceso de privatización fue precisamente la subida de las tasas.
Gustavo Matos exige al Gobierno de España que paralice sus intenciones de continuar adelante con el proceso privatizador “porque, de lo contrario, en Canarias habrá que tomar decisiones en virtud del amparo con que cuenta la Comunidad Autónoma por la Constitución y el Estatuto en cuanto al traspaso de competencias en caso de privatización”.
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