Iñaki Urdagarin, cuñado de Felipe VI, ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por la Audiencia de Palma en el juicio por el saqueo de 6 millones de euros públicos de las arcas públicas de Baleares y Valencia a través del Instituto Nóos. Su esposa, la infanta Cristina, ha sido absuelta de haberse beneficiado junto a su marido de los fondos públicos desviados a la sociedad matrimonial Aizoon.

Sólo tres acusados del caso Nóos tienen penas de cárcel. La condena más alta la recibe el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, quien recibe unas penas totales de 8 años y 6 meses de prisión. Le sucede Urdangarin y, después, el expresidente de Baleares Jaume Matas que recibe una pena de 3 años y ocho meses.

La Audiencia de Palma condena a 7 de los 17 procesados con penas que penas oscilan desde 1 año y 2 días de prisión a los 8 años y 3 meses de cárcel.

La sentencia absuelve a los acusados en la rama valenciana y madrileña de los negocios de la trama. Esto es, no ve delito en los trabajos encargados por el Govern de Valencia -valorados en 3,5 millones de euros- ni en los 144.000 euros pagados por el ayuntamiento de Madrid a Urdangarin para promocionar la candidatura de Madrid 2016.

Cristina de Borbón es declarada responsable civil pero no por los 587.000 euros que pedía el fiscal -y que ella depositó en 2014- sino que deberá pagar una multa de 265.088,42 euros. En consecuencia, la Justicia tendrá que devolver a la infanta 322.000 euros en números redondos.

La razón estriba en que la sentencia sólo responsabiliza a Urdangarin de eludir pagos a Hacienda en 2007 y 2008 a través de la sociedad Aizoon, que poseen ambos al 50%, y exonera a la infanta.

Manos Limpias deberá pagar la factura que presenten los abogados de la infanta así como sus gastos de desplazamiento para asistir al juicio

El sindicato ultra Manos Limpias ha sido condenado en costas por acusar a De Borbón; es decir, deberá pagar la factura que presenten los  abogados de la infanta, así como todos los gastos de sus desplazamientos y alojamiento para asistir al juicio de Nóos. También deberá abonar la mitad de las costas del proceso a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres.

El sindicato, investigado por estafa en la Audiencia Nacional,  pedía para ella 8 años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. La citación de la infanta como imputada precisó de un auto de 100 folios por parte del juez instructor del caso, José Castro.

7 condenados y 10 absueltos

La sentencia, que ha tenido como ponente a la magistrada Samatha Romero -presidenta del tribunal juzgador- condena a 7 de los 17 procesados. Sólo hay penas para los responsables del Instituto Nóos, el presidente Jaume Matas y tres cargos de Baleares.

La sentencia es un varapalo para el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que pedía más elevadas que las impuestas, aunque ha confirmado su posición de que la infanta no había cometido delito alguno.

No existen condenas por los 3,5 millones de euros en contratos concedidos a Nóos por el Govern de Valencia

La página web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) se adelantó y publicó la noticia con antelación. Esta noticia aseguraba que sólo 6 de los 17 procesados han sido condenados. La Audiencia de Palma ha notificado a mediodía la sentencia del caso sobre el Instituto Nóos, con el que Urdangarin y Torres extrajeron 6 millones de euros de dinero público a base de llevarse elevadas comisiones. El pretexto era organizar actos, congresos e investigaciones para fomentar el deporte y el turismo con el marchamo del entonces duque de Palma.

El Instituto Nóos recibió 2,5 millones de euros del Gobierno balear, 3,5 millones de euros de Valencia y 114.000 del Ayuntamiento de Madrid. Se calcula que la trama desvió 2,6 millones de euros en beneficio propio y creó un plan para defraudar a Hacienda.

El cuñado del rey, condenado por corrupción

El cuñado de Felipe VI ha sido condenado a 6 años y 3 meses de prisión, 7 años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.553,68 euros. También se le condena a la responsabilidad civil.

La sentencia, que no es firme, establece que Urdangarin cometió un delito continuado de prevaricación en concurso de un delito de falsedad en documento público y malversación de caudales públicos (2 años y 8 meses de prisión, multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros, así como 2 años y 7 meses de inhabilitación especial). También es condenado por fraude a la Administración Pública (7 meses de prisión y 4 años y 6 meses de inhabilitación especial), tráfico de influencias (1 año de prisión); dos delitos contra la Hacienda Pública (2 años de prisión y multa total de 512.553,68 euros).

En el caso de Diego Torres, las penas se elevan por estos delitos a 8 años y 6 meses, y el expresidente del Govern balear Jaume Matas a 3 años y 8 meses, que en total suman 18 años y 5 meses de cárcel.
Los otros cuatro acusados de la rama balear también son condenados, pero a penas de prisión que pueden ser sustituidas por multas. Son los casos del ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester; el exgerente de Illesport, Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exsecretario de Ibatur, Miguel Ángel Bonet.

Los 10 acusados absueltos son: la infanta Cristina, la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro; su hermano Marco Antonio Tejeiro, contable del Instituto Nóos; el asesor fiscal Salvador Trinxet; el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la Comunidad Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia José Manuel Aguilar; el también ex director de CACSA Jorge Vela; la exresponsable jurídica de esa sociedad pública, Elisa Maldonado, así como la ex consejera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen. Miguel Tejeiro, cuñado de Diego Torres, fue exonerado al comienzo del juicio.

Las maniobras para evitar un juicio

La sentencia sobre los 17 procesados llega casi once años después desde que saltó el escándalo, destapado cuando un diputado socialista autonómico –Antoni Diéguez– pidió explicaciones por el elevado coste de un acto sobre turismo y deporte organizado por Urdangarin y Torres para el Govern balear y presupuestado en más de un millón de euros.

La corrupción del Gobierno del popular Jaume Matas era investigada en el caso Palma Arena que iba adquiriendo dimensiones de macrocausa. El juez instructor, José Castro, abría pieza a pieza a medida que crecían los indicios de numerosos amaños en distintos contratos.

El 20 de julio de 2010 el juez Castro, titular del juzgado de instrucción 3 de Palma, abrió la “pieza separada número 25” para investigar los amaños en los contratos del ejecutivo autónomo con el Intituto Nóos, dirigido por el entonces duque de Palma y Diego Torres. Era el famoso caso Nóos.

El entonces rey Juan Carlos I había sido alertado previamente de la gravedad de lo que se investigaba en la capital de las Islas Baleares, y trató de impedir que Urdangarin continuara con sus negocios. Para ello, consiguió que fuera enviado a trabajar a Estados Unidos, con la infanta Cristina contratada por Telefónica.

Desde allí el cuñado de Felipe VI continuó con sus negocios, como ha quedado acreditado en el juicio: recibió 1,6 millones de euros de beneficios entre 2006 y 2008 a pesar de haberse desvinculado de Nóos en apariencia.

La casa real creó un cortafuegos alrededor del entonces duque de Palma, que arrastró a Cristina de Borbón por no quererse separar de su marido.

Una infanta en el banquillo

Todos los intentos por impedir que una infanta de España se sentara en el banquillo fracasaron, incluida una petición de pago/oferta de más de 2 millones de euros a Manos Limpias para que retirara la acusación popular contra ella.

Se contrató a un abogado de renombre como Miquel Roca, padre de la Constitución para impedir que la infanta fuera procesada. Cristina de Borbón tuvo que declarar el el 8 de febrero de 2014 ante el juez.

Ante el tribunal

La infanta Cristina, su marido, el socio de éste, Diego Torres, y otras catorce personas fueron juzgadas en 2016, entre el 11 de enero y el 22 de junio, jornada en la que el proceso quedó visto para sentencia en manos de las magistradas del tribunal de la Audiencia de Palma que deberán aplicar la ley: Samantha Romero (presidenta y ponente), Eleonor Moyà y Rocío Martín.

Durante el juicio, la infanta Cristina declaró que su marido ingresaba sus emolumentos en Aizoon -la sociedad que poseen al 50%- y que confiaba en él, siempre estuvo asesorado por los especialistas de la casa real que realizaban sus declaraciones de la renta.