13/12/2019

UGT: Los contratos para la seguridad privada en prisiones se quedan desiertos

  • La Seguridad Privada desatiende el concurso publico lanzado desde el Ministerio de Interior para cubrir la seguridad en las prisiones de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura

Esta situación obedece en primer orden a una practica habitual llevada desde las administraciones publicas en general a situar en numerosas ocasiones presupuestos de adjudicación que no recogen ni tan siquiera los costes salariales mínimos recogidos en la negociación colectiva del sector.

Estamos asistiendo a un escenario sectorial de dos velocidades, donde en los últimos años las empresas que han resultado adjudicatarias principales de servicios de seguridad por parte de la administración pública posteriormente han presentado sendos concursos dejando de operar en nuestro país LPM, FALCON, SEQUOR, MARSEGUR, NOVOSEGUR, SINERGIAS y últimamente OMBUDS actual adjudicatario de estos centros penitenciarios son claros ejemplos. Por otro lado, las empresas de renombre del sector no participan de este tipo de concursos debido a sus bajos precios.

La Ley de Contratos del Sector Publico ha mejorado en forma las condiciones de calidad de los pliegos, pero sigue sin reforzar el aspecto económico en sus adjudicaciones, cuyo resultante se traduce en constantes incumplimientos laborales fruto de una contratación publica donde predomina la oferta económica que suele ser la menos garantista para el conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector.

La Sentencia del Tribunal Supremo basada en una Directiva Europea incide también en la situación ocurrida en prisiones y que sin duda puede extenderse a otros concursos de la administración pública. La mencionada sentencia pone en serio riesgo la subrogación de personal que ha venido dando tranquilidad en la empleabilidad del sector, así como paraliza la presentación de las empresas a determinados servicios ante la inseguridad jurídica que conlleva hacerse cargo de la deuda contraída por la anterior empresa.

Orientar una contratación publica socialmente responsable basada en la calidad de los servicios prestados así como garante de las condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de seguridad privada así como una reforma legislativa que neutralice la Sentencia del Supremo que en la actualidad pone en riesgo la continuidad en el empleo de un millón de trabajadores y trabajadoras en nuestro país son elementos situados por UGT en la mesa de dialogo social y que parten como asignatura pendiente y de vital importancia para el Gobierno.

 

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