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El dictamen establece que la condena al magistrado por pinchar los teléfonos de los abogados de Gürtel incurrió en falta de independencia por parte del Tribunal, reprocha que Garzón no tuviese segunda instancia a la que recurrir y pide a España que que borre sus antecedentes penales y le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”