Lun. Nov 18th, 2019

Solo un 3,4% de la población canaria en riesgo de pobreza o exclusión percibe una prestación mínima

  • Un informe de la Asociación de Gerentes y Directores Sociales sobre Rentas Mínimas en España concluye que Canarias es una de las comunidades cuya población se ve menos beneficiada 
  • El estudio recuerda que un 29% de la población isleña se encuentra en riesgo de exclusión social, es decir, unas 617.000 personas

Solo un 3,4% de la población canaria en riesgo de pobreza o exclusión percibe una prestación mínima. Así se desprende de un informe de la Asociación de Gerentes y Directores Sociales sobre Rentas Mínimas en España, que concluye que Canarias es una de las comunidades cuya población se ve menos beneficiada.

El estudio recuerda que en las Islas la tasa de personas en riesgo de pobreza es del 29% , es decir, unas 617.000 personas de un total de 2,1 millones de habitantes (así se deprende también de otros informes como el de Foessa para Cáritas o el de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, que advierte además de que esta situación se está normalizando en el Archipiélago.

La Asociación de Gerentes y Directores Sociales recuerda además que la renta media por hogar en Canarias se sitúa en 27.604 euros anuales. Sin embargo, la cuantía que corresponde a gasto por titular de la renta mínima de inserción es de 3.676 euros, es decir, un 13,3%.

El Archipiélago se sitúa solo por detrás de Extremadura en lo que a media de renta en los hogares se refiere. En esa comunidad, la renta mínima es de 24.933 euros, pero el gasto por titular de renta mínima de inserción es de 8.097, un 32,5%. Se trata de unos datos que contrastan con la comunidad con rentas más altas, que es el País Vasco con 40.455 euros anuales.

En dicha región, el gasto por rentas mínima es de 6.062 por titular. Euskadi tiene una tasa de residentes en riesgo de exclusión del 7,7%, unas 169.330 personas. Las rentas mínimas llegan al 71,2% de estas personas. Otra de las comunidades que destacan por atender a la población que se encuentra en esta situación es Navarra, que llega al 66,7% de ellas. Le sigue Asturias, aunque alcanza a una cifra mucho más alejada (33,5%). 

En el conjunto de España, el estudio destaca que ni siquiera el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza se ha beneficiado las Rentas Minimas de Inserción que ofrecen las Comunidades Autónomas. «Un porcentaje que desde 2015 se está reduciendo, habiendo alcanzado ese año su nivel más alto, con un 8,7%», destaca el informe. 

Si en Canarias estas rentas alcanzan solo al 3,4% de la población en riesgo de pobreza, en otras comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2%. El estudio insiste en que «la cuantía media por perceptor de las rentas mínimas en el conjunto de España supone el 13,7% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja que, en los últimos ocho años apenas ha sufrido variación».

«Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas. Las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, obliga a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos», destaca la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. 

Recuerda que casi todos los partidos parlamentarios llevaban en sus programas este compromiso, «si bien con notables diferencias». La asociación añade que conoce la dificultad de lograr un acuerdo, «pero al menos esta constatación debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto, pero no ha sido así». Es, por ello, que apela a la conciencia «de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las Comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura». 

El objetivo del Gobierno de Canarias es mejorar la inversión en políticas sociales. Una de las iniciativas defendidas por el Ejecutivo a través de la consejera de Derechos Sociales Noemí Santana (Podemos) es precisamente poder impulsar una renta básica de 600 euros al mes, que llegará el próximo año en primer lugar a aquellas familias que no perciben ningún ingreso.

eldiario.es

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