08/07/2020

Sánchez traslada a los presidentes el reparto definitivo del fondo para las autonomías: 2.000 millones irán a educación

 
 

Pedro Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos el reparto definitivo de los 16.000 millones del fondo no reembolsable que el Estado transferirá a las comunidades en los próximos meses para hacer frente a los efectos de la pandemia. El Gobierno ha planteado cambios respecto al sistema ideado inicialmente ante las quejas procedentes de algunas autonomías que consideraban que salían mal paradas por los criterios. La educación, que tendrá que ajustarse a la nueva situación, es uno de los elementos que se incluirán en el nuevo sistema y que sirve para contabilizar de alguna forma la población a la hora de hacer el reparto: 2.000 millones de euros se desbloquearán en septiembre para inversión educativa.

En ese nuevo reparto, que según Sánchez es el resultado de la conversación con autonomías y grupos parlamentarios, 9.000 millones estarán destinados a cubrir el gasto sanitario -inicialmente se preveían 10.000 en dos tramos con la finalidad de beneficiar a las regiones más afectadas por la enfermedad y también se eliminan los mil que se iban a destinar a políticas sociales- y 5.000 millones a costear la bajada de ingresos autonómicos provocada por la caída de la actividad económica. Estos se distribuirán en diciembre. A finales de junio se desbloquearán los primeros 6.000 millones del bloque del gasto sanitario y los restantes 3.000 se distribuirán en noviembre, según les ha explicado Sánchez a los jefes de los ejecutivos regionales.

La nueva distribución no convence del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni a Alberto Núñez Feijóo, que han expresado reticencias, según fuentes presentes en al videoconferencia.

Sánchez y los presidentes autonómicos han mantenido este domingo la decimotercera videoconferencia desde que estalló la crisis del coronavirus en España. En esta ocasión lo hacen cuando más de la mitad del territorio estará a partir de mañana en fase 3, la que ya gestionan los propios gobiernos autonómicos. Todas las autonomías que se entran en ese escenario permitirán la movilidad entre provincias, a excepción de Extremadura.

El Gobierno va perdiendo las atribuciones del mando único, que solo mantiene para las zonas que llevan una etapa de retraso, como la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona o la mayoría de Castilla y León. El estado de alarma desaparecerá el 21 de junio y, a partir de ahí, la movilidad será generalizada y la «nueva normalidad» quedará regulada por un decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará este martes. Así ha llegado España al «epílogo» de la emergencia sanitaria, según les ha trasladado Sánchez.

El borrador del decreto que regulará las normas que regirán en España hasta que exista una vacuna o remedio eficaz contra la COVID-19 estipula que se deberán evitar las aglomeraciones en lugares como el transporte público o que la distancias interpersonal en las tiendas tendrá que ser de 1,5 metros. Además, plantea multas de hasta 100 euros para quien no use mascarillas en los casos obligatorios, pero no establece máximos para las reuniones. También obligará a las administraciones públicas a llevar a cabo sistemas de rastreo de los casos de coronavirus para frenar la transmisión y contiene un apartado específico para las residencias de mayores, uno de los principales focos que ha habido durante la emergencia sanitaria.

Sánchez ha enfatizado que la nueva situación requerirá el «control precoz de fuentes de infección» -insistiendo en que es necesario «homogeneizar la información sanitaria» que facilitan las comunidades- y «garantizar la respuesta del sistema» ante posibles brotes. No obstante, ha advertido de que los casos de rebrote son «puntuales» pero «preocupantes» por deberse a una «suerte de relajación ciudadana de las normas de conducta sanitaria» que se deben atajar. Por eso ha emplazado a las líderes público a apelar a la «responsabilidad individual». En cuando a las administraciones públicas, Sánchez se ha mostrado «satisfecho» con la colaboración que ha habido con los gobiernos autonómicos «en condiciones muy difíciles».

La situación de «nueva normalidad» se mantendrá hasta que haya un remedio eficaz, según reitera el Gobierno. Sánchez se ha mostrado esperanzado antes «las noticias que da la ciencia sobre el descubrimiento de una o distintas vacunas a lo largo de los próximos meses y sin caer en un optimismo irreal, es bastante razonable». «La ciencia nos pueda dar alguna alegría en los próximos meses y es importante que España se posicione como lo está haciendo», ha dicho en referencia a que es uno «de los nueve países que colideran la búsqueda de una vacuna».

Otro de los asuntos a los que ha dedicado una parte de su intervención ha sido la petición que ha realizado junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de que haya una «mayor coordinación en la UE en la apertura de fronteras en base a criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes». «También debemos establecer un proceso sobre umbrales de influencia de la COVID-19 en terceros países», ha expresado Sánchez, que ha insistido en que la intención es que la apertura total se produzca el 1 de julio para que comience la campaña turística.

También ha insistido en la necesidad de pelear por los recursos en la UE y ha aplaudido que el Banco Central Europeo haya comprado deuda pública por valor de 600.000 millones.

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