mié. Sep 18th, 2019

Podemos propone al Congreso nuevas medidas para garantizar el fracasado “derecho a la movilidad” de la población canaria

  • La diputada Meri Pita denuncia que el aumento de las bonificaciones del 50 al 75% no ha servido para hacer más accesible la movilidad por todo el territorio del Estado, dada la injustificada subida de tarifas que se ha registrado de forma paralela

Con el paso de los meses, se ha podido comprobar que la aplicación de las bonificaciones al transporte de pasajeros entre Canarias y el resto del Estado –que ha pasado del 50 al 75%- no ha servido para cumplir con su cometido fundamental: hacer más accesible económicamente la movilidad en todo el territorio estatal para las personas residentes en el Archipiélago, sino todo lo contrario. En poco más de 60 días de vigencia de la citada medida presupuestaria, se ha registrado dentro del mercado del transporte isleño una injustificada subida de las tarifas, dejando prácticamente sin efecto la aplicación de estas subvenciones. “Se ha convertido en un instrumento potenciador de la carestía en el precio de los billetes aéreos, dejando un margen de beneficios para las empresas que cubren estos trayectos del mismo tamaño que el gasto que ha realizado el Estado en esta materia, que en los últimos Presupuestos ha superado con holgura los 400 millones de euros”, denuncia la diputada Meri Pita.

Por ello, y para garantizar de una vez el Derecho a la Movilidad, el grupo confederal Unidos Podemos, a través de esta diputada, ha presentado una Proposición No de Ley con varias propuestas. La primera es instar al Gobierno del Estado a ampliar la población objeto de la bonificación a los familiares directos en primer grado de consanguinidad, es decir, a las madres y padres, hijas e hijos de las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias con un arraigo demostrable de, al menos, tres años.

También a bonificar sólo las tarifas económicas o de clase turística, excluyendo los billetes adquiridos en primera clase, clase ejecutiva y otros modelos tarifarios basados en la prestación de servicios exclusivos o de lujo.

Así mismo, propone declarar las comunicaciones aéreas interinsulares y entre las Islas Canarias y el resto del Estado como Obligación de Servicio Público, realizando las revisiones periódicas que sean oportunas para garantizar la conectividad y el correcto funcionamiento de las rutas dentro de un margen de precios razonables, que aseguren el mencionado Derecho a la Movilidad.

Otra medida es implementar, en colaboración con el Gobierno de Canarias, una tarifa o bono social que garantice la provisión de plazas suficientes para las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, o modificar el modelo de gestión de las bonificaciones al transporte de manera compartida entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda. A Fomento le correspondería la aplicación de la normativa con especial énfasis en lo referente al ámbito de la seguridad y la calidad del transporte, y al de Hacienda, por su parte, la observancia de lo establecido en el ámbito tributario.

La PNL propone, por último, instar al Gobierno del Estado a bonificar el 100 por 100 de las tasas aeroportuarias a los residentes que cubran las rutas con origen o destino en las Islas Canarias, destinando una parte de los beneficios a la reposición, ampliación, mejora y adecuada explotación de las instalaciones y servicios de transporte.

En definitiva, “el objetivo de esta PNL es muy simple”, resume Pita: “Garantizar la movilidad de los canarios sin que ello suponga un negocio inmoral para las compañías de transporte y un dispendio excesivo para las administraciones públicas”, sentencia.

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