mié. Jun 19th, 2019

Podemos exige que se acabe con la persecución política contra un funcionario que detectó un posible caso de corrupción en La Palma

  • Concepción Monzón ha denunciado que a un ingeniero hidráulico “no se le asignan direcciones de obra ni otras tareas propias de su especialidad y, sin embargo, se contratan asistencias técnicas externas”.
  • La formación morada recuerda que la Fiscalía Anticorrupción “ha abierto diligencias previas, pues sí hay indicios de posible responsabilidad penal” en el sobrecoste de una obra que paralizó.

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha exigido al consejero de Presidencia del Gobierno, José Miguel Barragán, que inicie una “investigación” para “depurar responsabilidades administrativas” con el fin de restaurar sus derechos al funcionario “que no certificó una obra en la isla de La Palma con un sobrecoste que no se justificaba”.

Así lo ha asegurado en sede parlamentaria la diputada Concepción Monzón, que ha recordado que la actuación de este funcionario para evitar un posible caso de corrupción “dio lugar a un expediente disciplinario que fue recurrido por el funcionario y que ganó en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)”.

“Además, en la sentencia se dejaban claras todas las irregularidades que en los diversos procedimientos de los expedientes abiertos se realizaban por parte de la Administración”, ha recordado la diputada de la formación morada.

Posible responsabilidad penal

Monzón incidió en que en 2013 la Consejería de Agricultura destituyó un ingeniero hidráulico por negarse a firmar precios inflados y pagos irregulares en la obra del canal de Barlovento- Fuencaliente. La actitud del funcionario y sus declaraciones a la prensa provocaron que fuera expedientado por el Gobierno de Canarias, suspendido de empleo y sueldo, además de trasladado a la Consejería de Hacienda.

Asimismo, afirmó que si bien el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad dijo en aquel momento que acatarían la sentencia “la realidad es que acudieron al Supremo donde no fue admitido el recurso de casación, y no entendemos como se recurrió una sentencia tan demoledora”, máxime cuando “han estado usando fondos públicos para ello” y pese a que la Fiscalía Anticorrupción “ha abierto diligencias previas para investigar los hechos, pues sí hay indicios de posible responsabilidad penal”.

Al respecto, ha recordado que el Supremo ratificó recientemente la sentencia del TSJC que dio la razón al damnificado y condenó al Ejecutivo autonómico a devolverle las retribuciones que dejó de ingresar.

Pese a ello, Monzón ha denunciado que “a este funcionario no se le asignan direcciones de obra ni otras tareas propias de su especialidad y, sin embargo se contratan asistencias técnicas externas”, lo que a su juicio demuestra que está siendo objeto de persecución por parte de la Administración pública.

“Pedimos que se respeten los derechos de las personas que, como en este caso concreto, son garantes de los servicios públicos y de la buena gestión de los fondos públicos”, concluyó

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