mié. Oct 23rd, 2019

Podemos exige al Gobierno de Clavijo que “defienda los servicios públicos regulados del taxi” frente a las fórmulas VTC

  • Manuel Marrero considera que es “obligación” del gabinete canario “apoyar” frente al Ministerio de Fomento “a las centenares de familias canarias que trabajan en el sector del transporte público”.
  • La formación morada está en contra de la “desregularización del sector y su apropiación en pocas manos privadas”.

Manuel Marrero, diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, ha exigido al Gobierno regional que preside en minoría el nacionalista Fernando Clavijo que en la reunión prevista el miércoles, 1 de agosto, entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas “defienda el interés general y los servicios públicos regulados, y al día en sus impuestos”, como es el taxi, frente al modelo de vehículos de transporte con conductor (VTC).

“El Gobierno de Canarias tiene el deber de apoyar en la reunión con el Ministerio de Fomento los servicios públicos y a las centenares de familias de las Islas que trabajan en el sector del taxi”, afirma.

Para el diputado de la formación morada, frente a la huelga indefinida de los taxistas que se ha extendido a las principales ciudades del país “es necesario defender el interés general frente a la desregulación del sector y la apropiación en pocas manos privadas de un servicio público de transporte como es el taxi”.

Modelo público versus modelo liberalizador

Así, insiste en que el taxi es un servicio público regulado, “incluyendo las tarifas por parte de los ayuntamientos”, mientras que las VTC “obedecen a un modelo liberalizador, caracterizado por la falta de control”, por lo que estas empresas “bajan precios cuando no hay demanda pero los suben desorbitadamente cuando aumenta”.

“No hay que olvidar que el conflicto es entre la gente trabajadora que paga impuestos en su país y sostiene la educación o la sanidad frente a las empresas que precarizan el empleo y eluden impuestos con ingeniería fiscal”.

Por ello, Marrero cree que el Gobierno de Canarias debe defender “el blindaje de la licencia urbana” para operar como una VTC, que Fomento faculte a los ayuntamientos “a que reglamenten la autorización de transporte urbano de arrendamiento de vehículos con conductor garantizando el ratio 1:30” que se fija en la Ley y se “paralicen las nuevas autorizaciones VTC” hasta que se reúna la Conferencia Nacional del Transportes y funcione “la web de control y registro”.

“El Gobierno de Canarias no puede ponerse al lado de empresas que degradan las condiciones laborales de sus conductores o utilizan técnicas de elusión fiscal”, concluye.

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