Podemos denuncia ante la Fiscalía al vicepresidente Pablo Rodríguez y al ex consejero Domingo Berriel por presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias

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  • Noemí Santana considera que “hemos detectado indicios de que se han podido desarrollar malas praxis y delitos y cuando lo pusimos en conocimiento del actual vicepresidente y titular de la Consejería, ha querido mirar hacia otro lado”.
  • Manuel Marrero afirma que “estamos hablando de cantidades de dinero que superan los 20 millones de euros sin justificar”.
  • La formación morada recuerda que la obra de la carretera del Norte de La Palma “decreció un 32 por ciento y sin embargo, su presupuesto aumentó casi un 67 por ciento”.
  • El Grupo Parlamentario ha solicitado al Gobierno “toda la información” de las licitaciones de obras llevadas a cabo “en los últimos diez años” en Canarias para “conocer cuál era el precio inicial y a cuánto han ascendido los sobrecostes”.

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha presentado este jueves ante la Fiscalía una denuncia contra el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; y el ex consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial; Domingo Berriel, “por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos tipificados en los artículos 404, 430 y 432 del Código Penal”.

“Hemos detectado indicios de que se han podido desarrollar malas praxis y delitos graves en la gestión pública en las obras de la carretera del Norte de La Palma el período en el que Domingo Berriel era consejero de Obras Públicas y cuando lo pusimos en conocimiento del actual vicepresidente y titular de la Consejería, Pablo Rodríguez, ha querido mirar hacia otro lado, y nosotros no queremos hacer lo mismo”, ha asegurado la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana.

La base de la denuncia, como ha explicado el diputado Manuel Marrero, está en la alerta que el propio vicepresidente Rodríguez hizo en sede parlamentaria cuando anunció que abrió expediente “por graves irregularidades” en las obras de la carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte, tramo Los Sauces-Cruz del Castillo, “y luego lo dejó caducar” pese a que el propio Consejo Consultivo emitió un informe “dando un varapalo enorme” a la Consejería por los expedientes de licitación de la carretera del Norte de La Palma.

20 millones sin justificar

Según Marrero, “estamos hablando de cantidades de dinero que superan los 20 millones de euros, sin justificar”, pues “la obra decreció un 32 por ciento y sin embargo, su presupuesto aumentó casi un 67 por ciento”, lo que supera con mucho el sobrecoste legal del 50 por ciento permitido por la nueva Ley de Contratos Públicos aprobada por el Gobierno del Partido Popular (PP).

“Nos tememos, por la propia información que dejó caer el vicepresidente González en la Comisión del Parlamento, que el coste final aumente, porque hasta este momento desconocemos la cuantía de la obra, por lo que el sobrecoste puede ser incluso muy superior a ese casi 67 por ciento, lo que constituye una irregularidad más”, insistió.

Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía “salta a la vista que se han tomado toda una serie de decisiones administrativas de forma arbitraria y contrarias a la ley”, como deja patente el Interventor General de la Consejería, y “muy probablemente hayan sido detectadas y advertidas por técnicos de la Administración autonómica, dado que se tratan de burdas y palmarias infracciones, extremo que deberá aclararse durante la investigación”.

Estas actuaciones estaban orientadas a “favorecer económicamente a la UTE contratista” (Acciona Infraestructuras S.A.-Horpa S.L.-Lopesan Asfaltos y Construcciones S.L.) “a costa de erario público”.

Precisamente, Santana ha afirmado que la puesta en marcha de la Oficina Antifraude que ha propuesto crear al presidente Fernando Clavijo, “servirá para detectar casos como este”, toda vez que “el sistema de alertas tempranas que se está utilizando en la Comunidad Valenciana detecta y avisa que un modificado de obra supera lo que la Ley marca y se puede estudiar si hay irregularidades o posibles delitos”.

En el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Canarias se incide en que “la propia actitud” del vicepresidente “a la hora de tramitar la revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato demuestra su falta de interés en que se declare la misma”, en primer lugar, “agotando el plazo para solicitar el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias”, que solo pudo declarar la caducidad del procedimiento, y en segundo lugar “no acordando el inicio de un nuevo procedimiento de revisión de oficio”, por lo que “pudiera resultar responsable el actual consejero de Obras Públicas” y ‘número dos’ del Gobierno que preside Fernando Clavijo.

Ralentizar y dejar que prescriba

“Lo curioso es que es el propio vicepresidente y consejero de Obras Públicas quien, cuando entra en la Consejería, abre un expediente por graves irregularidades, pero supongo que inmediatamente todos sus asesores y alrededores le caerían encima y le dirían que eso había que calmarlo y ralentizarlo para dejar que prescriba, y eso hizo”, argumentó Marrero.

Tanto Santana como Marrero han recordado que a Podemos Canarias “nos preocupa que el dinero público se utilice de forma perversa, que se pierda o que se entregue a amistades y no se dedique a las finalidades de las personas que pagamos ese dinero con nuestros impuestos”.

Por tal motivo, el Grupo Parlamentario también ha solicitado al Gobierno “toda la información” de las licitaciones de obras llevadas a cabo “en los últimos diez años” en Canarias, con el fin de “conocer de una vez cual era el precio inicial y a cuánto han ascendido los sobrecostes” de la última década.

“Es inconcebible que este tipo de malas prácticas se den en la función pública en nuestras Islas y queremos prevenirnos de alguna manera porque ahora, si al final se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, puede venir mucho dinero para carreteras y nos tememos que, con las prisas para inaugurar antes de mayo de 2019, pueden ocurrir mil chapuzas, por lo que hay que poner el ojo vigilante sobre el Gobierno de Canarias”, ha concluido.

TEXTO DE LA TENUNCIA

……………………….

Decimos, que, mediante escrito ponemos en conocimiento de esta Fiscalía los hechos que a continuación se exponen, formulando denuncia contra Domingo Berriel Martínez, exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, cuyo domicilio se desconoce, y contra los técnicos de la Comunidad Autónoma de Canarias que pudieran haber participado en los hechos que se denuncian por la presunta comisión de Delitos de Prevaricación, Tráfico de Influencias y Malversación de Caudales Públicos:

 

 

 

 

 

 

 

HECHOS:

 

PRIMERO. – El 7 de mayo de 2007 fue adjudicado el contrato de obras de “Acondicionamiento de la Carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte, Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo (Isla de La Palma), Clave 02-LP-38” a la UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA-HORPA SL –LOPESAN asfaltos y construcciones SL  por un importe líquido de 32.414.727,25 euros, IGIC incluido, y en un plazo de ejecución de 40 meses.

El contrato se formalizó el 12 de junio de 2007, iniciándose las obras el 10 de agosto de 2007.

 

SEGUNDO. – Con fecha de 22 de marzo de 2010, el órgano de contratación autorizó la redacción del Proyecto Modificado nº 1 de las obras, en cuantía de 38.854.191, 69 euros sobre el precio primitivo del contrato (19,87% de incremento). Después de su aprobación técnica el 15 de abril de 2011 y económica 4 de mayo de 2011, la Adenda fue suscrita con fecha de 2 de junio de 2011. El 22 de junio de 2011 se suscribe una segunda Adenda al contrato por prórroga hasta el 30 de junio de 2012, con reajuste de anualidades, motivado por no disponibilidad de parte de los terrenos para su ejecución.

 

TERCERO. – Domingo Berriel Martínez, a la sazón Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias dictó Orden Departamental de 23 de noviembre de 2011 por la que se iniciaba expediente de contratación administrativa para la ejecución de las obras complementarias de “Acondicionamiento de la Carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte, Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo (Isla de La Palma)” por el sistema de procedimiento negociado sin publicidad, por importe de 15.416.916,34 euros. Este expediente fue aprobado mediante Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de 15 de diciembre de 2011.

Las obras complementarias fueron adjudicadas a la UTE contratista de la obra inicial por Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de 30 de noviembre de 2012, formalizándose el contrato en la misma fecha.

El procedimiento negociado sin publicidad venía regulado en el art el art 155 de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, señalando:

“Además de en los casos previstos en el artículo 154, los contratos de obras podrán adjudicarse por procedimiento negociado en los siguientes supuestos:

  1. b) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia que no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de contratación o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del contrato.

Este no era el procedimiento adecuado para adjudicar este contrato de obras, ya que las obras complementarias en este caso si modifican de forma clara el contrato primitivo, por lo que, al omitir el procedimiento adecuado, el acto de adjudicación de este contrato para ejecución de obras complementarias es nulo de pleno derecho en virtud del art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CUARTO. – Antes de la formalización del contrato de obras complementarias, mediante Orden nº 236, de 31 de mayo de 2012, se autoriza por el Consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel Martínez,  la redacción del Proyecto Modificado nº 2. Esta propuesta reduce el ámbito de la obra de 23,5 km iniciales a 15,7 km, lo que supone un 33,2% de reducción del ámbito de la obra licitada. Sin embargo el presupuesto líquido de la obra se mantiene para el ámbito reducido de la misma, y se mantiene el plazo de 31 de diciembre de 2014 como fecha límite de las obras.

Mediante Orden del Consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial n º 101, de 24 de marzo de 2014, fue aprobado técnicamente el citado Proyecto Modificado nº 2 de las obras, si bien el ámbito de la obra ahora se reduce a 15,7 km y no llega a Cruz del Castillo. Con fecha de 28 de mayo de 2014, se emite el preceptivo informe jurídico por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, donde se plantea la necesidad de justificar razones de interés público que motivan el modificado y las causas que supongan razones técnicas imprevistas en el proyecto originario y no meros defectos o imprevisiones del mismo.

Con fecha de 3 de junio de 2014, se emite informe técnico del Director Facultativo de las obras en contestación a las observaciones formuladas por la Dirección General del Servicio Jurídico.

Finalmente este Modificado nº 2 fue aprobado por Orden de 16 de junio de 2014.

No consta en relación a este modificado informe de la Intervención General, debido a que, según la Propuesta de Resolución, de acuerdo con las instrucciones al respecto, las modificaciones que no implicaran incremento presupuestario en la fecha de su redacción, no requerirán fiscalización.

En resumen, el modificado contempla una reducción de la longitud de la carretera de 8,1 km de los 23,5 km iniciales, por lo que se puede hablar de una modificación esencial del objeto contrato contraria al TRLSCP, que señala en su artículo 202, que:

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.”

Por otra parte, el art. 220 e) señala como causa de resolución del contrato las modificaciones que aislada o conjuntamente impliquen alteraciones en el precio del contrato en cuantía superior al 20% del precio primitivo o representen una alteración sustancial del proyecto inicial, especificándose en el art. 221 que una alteración sustancial consistiría “…entre otras, la modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial…”

 

QUINTO. – Por orden Departamental de 1 de diciembre de 2014 se reajustaron las anualidades de este contrato, ampliando el plazo de finalización hasta el 31 de diciembre de 2015, y abono de Certificación Final en 2016.

SEXTO. – Con fecha de 19 de octubre de 2016 se formalizaron las actas de recepción de las obras de “Acondicionamiento de la Carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte, Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo (Isla de La Palma)” y las obras complementarias de la misma denominación.

A estas actas se anexó informe complementario del representante nombrado por la Intervención General, de fecha 17 de noviembre de 2016. En este informe se concluye los siguiente:

“-Se ha contratado por procedimiento negociado sin publicidad la realización de las obras complementarias que modifican la obra principal, incumpliendo así el artículo 155 LCSP

Se ha aprobado un modificado nº 2 que modifica sustancialmente el objeto del contrato, sin que en la documentación aportada se haga referencia expresa a esta circunstancia.

-La suma de las dos modificaciones del proyecto, más las obras complementarias contratadas representa un incremento del importe total del contrato inicial para estas obras del 67,4273%.

-De la longitud total de acondicionamiento prevista en el contrato inicial (23,5 km en tres tramos) solamente se ha actuado en unos 15,4 km aproximadamente (tramo I y parte del tramo II, eliminando el tramo III), que equivale a una reducción del 32,2% de la longitud total prevista en el contrato inicial.

-Se ha introducido precio de unidades de obra en el proyecto modificado nº2 de forma incorrecta, que implican una doble revisión de los precios de materiales y mano de obra cuando se realice la revisión de precios definitiva de la obra principal.

-Debido a la falta de definición gráfica en los proyectos tramitados y a que la cantidad de determinadas unidades de obra, tanto a realizar como en las relaciones valoradas en las certificaciones tramitadas, no están especificadas con el detalle gráfico suficiente, no es posible analizar la correspondencia entre las cantidades de unidades de obra que realmente se han realizado y las que se han abonado.

De todo ello se extrae la conclusión de que las distintas modificaciones no debieron ser aprobadas y que lo correcto hubiese sido la resolución del contrato y la realización de otro concurso acorde a un nuevo proyecto de obra.

Aun teniendo constancia de que era previsible que se aprobara este Modificado nº 2 que reducía notablemente el volumen de la obra primitiva, el contrato de obras complementarias sobre la totalidad de la obra fue formalizado el 30 de noviembre de 2012 sin reducirse ni en un euro su precio.

Por otra parte, para la aprobación del Modificado nº 2 se dice que no se necesita informe de fiscalización por parte del interventor porque no existe un aumento presupuestario, lo cual es un engaño que esconde la desviación de gran parte del presupuesto primitivo al reducirse la obra de forma notable

Tal variación de las condiciones del contrato eran motivo para resolver el mismo y convocar un nuevo concurso que se adaptara a las nuevas circunstancias, con un nuevo proyecto de obra y un presupuesto ajustado al mismo.

SÉPTIMO. –              Con fecha 20 de septiembre de 2016 se solicita por la Dirección General de Infraestructura Viaria al Director del Proyecto realizar desglose del presupuesto correspondiente al proyecto Modificado nº 1, separando el mismo en los ámbitos de la obra, Tramo I y Tramos II y III, así como la justificación del incremento presupuestario del conjunto de la obra en su totalidad

Tras la remisión de la documentación solicitada, se informa por la citada Dirección General que la modificación realizada al aprobar el Modificado nº 2, eliminando los tramos II y III de la obra, podría implicar una desviación de los recursos económicos de esos tramos hacia el Tramo 1 y, por tanto, un incremento de presupuesto en el citado tramo por importe de 4.285.774,55 euros.

Asimismo, informa que el modificado altera sustancialmente el objeto del contrato y sus condiciones de licitación, pues una parte de la obra objeto del contrato (tramos II y III) es eliminada, lo que puede interpretarse como entrega de la obra incompleta. Entiende que la obra pudiera no disponer del ámbito inicialmente licitado y, por tanto, presuntamente, altera tanto las condiciones de licitación como sustancialmente las de contratación.

OCTAVO. –   Con estos antecedentes, mediante Orden de la Consejera de Obras Públicas y Transportes nº 227, de 9 de diciembre de 2016, se inicia el expediente de revisión de oficio del Modificado nº 2 del contrato inicial, así como del contrato complementario

Esta Orden fue notificada a la contrata, que presenta alegaciones en el plazo concedido en las que se opone a la declaración de nulidad pretendida, y que han sido objeto de consideración por la Dirección General de Infraestructura Viaria en informe de 24 de febrero de 2017.

Se ha emitido asimismo el preceptivo informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos con fecha 31 de mayo de 2017, favorable a la declaración de nulidad pretendida, si bien realiza determinadas observaciones que han sido asumidas en la Propuesta de Resolución. Se ha elaborado finalmente la Propuesta de Resolución dirigida a declarar la nulidad de los actos afectados.

NOVENO. –   En relación a la propuesta de resolución del procedimiento de revisión de oficio del Modificado nº 2 y del contrato complementario, con fecha de 16 de junio de 2017, el Consejo Consultivo de Canarias dictaminó que el procedimiento había caducado de conformidad con el art. 106.5 LPACAP, al que remite el art. 34.1 TRLCSP, al haber transcurrido 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución. En su dictamen, el propio Consejo Consultivo llama la atención a la tardanza con la que la Consejería había solicitado el preceptivo dictamen, lo que impidió que este pudiese resolverse en plazo, pese a ello, concluye que aún puede iniciarse de nuevo un procedimiento de revisión de oficio por parte del órgano competente, actuación que, a la fecha de presentación de esta denuncia no se tiene constancia que se haya vuelto a incoar una nueva revisión de oficio.

 

DÉCIMO.- Salta a la vista que se han tomado toda una serie de decisiones administrativas de forma arbitraria y contrarias a la ley, como deja patente el Interventor General de la Consejería y muy probablemente hayan sido detectadas y advertidas por técnicos de la Administración autonómica dado que se tratan de burdas y palmarias infracciones, extremo que deberá aclararse durante la investigación en sede de fiscalía, Estas actuaciones estaban  orientadas a favorecer económicamente a la UTE contratista a costa de erario público. La propia actitud de los denunciados a la hora de tramitar la revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato demuestra su falta de interés en que se declare la misma, en primer lugar, agotando el plazo para solicitar el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, el cual solo pudo declarar la caducidad del procedimiento, y en segundo lugar no acordando el inicio de un nuevo procedimiento de revisión de oficio, por lo que pudiera resultar responsable el actual Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido.

Estas ilegalidades por su gravedad pudieran  ser  constitutivas de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos tipificados en los artículos 404, 430 y 432 del Código Penal.

Por lo expuesto,

 

SOLICITA A LA FISCALÍA, que por presentado este escrito, se sirva admitirlo y a la vista de los motivos expuestos, incoe diligencias para la averiguación de los hechos denunciados.

Santa Cruz de Tenerife a 26 de abril de 2018.

 

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