18/01/2021

Podemos alerta que la Ley del Suelo vacía de competencias al Gobierno de Canarias en materia territorial y medioambiental

  • El Grupo Parlamentario Podemos asegura que el artículo 101 permite “el uso turístico fuera de las zonas reservadas en los planes insulares de ordenación territorial”

  • La diputada Natividad Arnáiz también destaca que la ley cede a los cabildos la competencia para formular los instrumentos de los espacios naturales, cuando debería tenerlas el Ejecutivo autonómico

El Grupo Parlamentario Podemos advierte de que la Ley del Suelo permitirá, gracias a la aprobación del artículo 101, el uso turístico fuera de las zonas reservadas en los planes insulares de ordenación territorial. Podemos presentó una enmienda a este artículo que ha sido rechazada por Coalición Canaria, Partido Popular y Asociación Socialista Gomera, en la que se especificaba que los planes insulares de ordenación fueran los órganos que establecieran las zonas aptas para las zonas turísticas, reservándolas con carácter preferente para esa actividad, “pero únicamente se podría construir urbanizaciones e instalaciones en ella”, afirma Natividad Arnáiz. “Fuera de esa zona sólo se permitiría las infraestructuras propias del turismo de naturaleza o turismo rural”, explica la ponente de Podemos en la tramitación de la Ley del Suelo, que también añade que con “nuestra enmienda se buscaba limitar el uso turístico que establece el instrumento de ordenación porque con este artículo se está yendo más allá de los límites fijados”.

La ponencia de la Ley del Suelo también ha aprobado el artículo 104 sin aceptar la enmienda de Podemos que especificaba que para la aprobación de los planes insulares se necesitara informes sobre criterios de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático por parte de la “nueva COTMAC”. Según Arnáiz este apartado determina que la Administración Autonómica “emitirá un informe único, preceptivo y vinculante sobre las competencias que pudieran resultar afectadas por el plan, a través del órgano colegiado al que se refiere el artículo 13.5 de esta ley”. “No se hace referencia -asegura- a esos criterios sostenibles, que no harán falta para sacar adelante ningún plan insular”.

Esta ley -continúa- cede a los cabildos la competencia para formular los instrumentos de los espacios naturales, y aprobarlos, cuando entendemos que debe tenerlas el Gobierno de Canarias, al tratarse de una red canaria de espacios naturales protegidos, tal como existe a nivel estatal la red de parques nacionales”. Debido a ello, Podemos considera que el Gobierno “renuncia a sus competencias, y por tanto, renuncia al control de un patrimonio que pertenece a todo el pueblo canario y que debería estar custodiado por la administración común”.

Pero es más, la diputada también considera que la Ley del Suelo desintegra la red de Espacios Naturales y la Red Natura 2000, “al ceder sus competencias para la formulación, aprobación y evaluación ambiental a los cabildos insulares, ya que la nueva normativa establece que serán ellos los encargados de hacerlo, y deja al Gobierno de Canarias la función de realizar un mero informe preceptivo pero no vinculante”.

En relación a los asentamientos agrícolas y rurales, Arnáiz explica que desde Podemos no se está de acuerdo con que los municipios emitan un informe favorable con respecto a la normativa urbanística aplicable dentro de los espacios naturales protegidos “porque entendemos que esta ley no debe ni puede alterar la competencia de los planes y normas de dichos espacios para ordenarlos”. “La normativa urbanística -continúa- debe estar supeditada a la ordenación ambiental para la protección de los valores naturales o culturales”.

Por otro lado, desde Podemos entendemos que todos los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos deben someterse a la evaluación ambiental estratégica”.

En la ponencia celebrada este martes también se ha aprobado que esta ley modifique el orden jerárquico de las normas, por lo que el planeamiento del plan insular de ordenación territorial no tendrá carácter vinculante sobre otros instrumentos urbanísticos.

 

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