sáb. Sep 21st, 2019

Petróleo, Consulta y Regeneración Democrática

Santiago Perez

“Las buenas Leyes obligan a hacer otras mejores. Las malas, traen otras peores”. Rousseau, Del Contrato Social, L.III, Cap. XV, De los diputados o representantes.

Santiago Pérez, profesor de Derecho Constitucional y concejal de La Laguna.– El gobierno de Canarias, por boca de un eximio representante, afirmaba enfáticamente que “el fin de la consulta es que se respete la voluntad popular”. ¿Voluntad popular, qué voluntad popular?

En toda la orquestación de la consulta se pretende sustituir la voluntad popular, por la fabricación –manejada por el gobierno– de un pronunciamiento sin garantías democráticas, presentarlo como si fuera “un pronunciamiento claro de la ciudadanía” que debe ser políticamente vinculante hasta para el gobierno de España.
Y se pretende prefabricar ese pronunciamiento partiendo de la aprobación de sendos Decretos en los que también se suplanta la voluntad del órgano representativo del pueblo canario, el Parlamento, ya que los presentan como desarrollo de una Ley canaria, la de fomento a la participación ciudadana, que no reguló este tipo de consulta/referéndum porque habría sido inconstitucional. Esa evidente inconstitucionalidad fue la que empujó al propio Paulino Rivero a rectificar durante la tramitación parlamentaria el proyecto de Ley que había presentado, suprimiendo precisamente la regulación de ese tipo de consulta/referéndum.

La Ley de participación ciudadana finalmente quedó acotada al estricto campo de la participación ciudadana en los actos y procedimientos de las Administraciones Públicas, lo que es un derecho legal pero no un derecho constitucional: el de participación política, que sí habría quedado afectado si Coalición Canaria hubiera persistido en su intentona de regular la consultas al pueblo canario convocado como “cuerpo electoral”. Una mala Ley ha acabado trayendo malos Decretos, parafraseando a JJ Rousseau.

Un pronunciamiento legítimo del pueblo canario requiere que éste sea convocado como cuerpo electoral, por medio de un censo cuya elaboración y actualización no puede estar en manos del Ejecutivo, ni desprovistas de garantías judiciales. Un pronunciamiento atribuible al pueblo canario requiere la puesta en marcha de todas las garantías del procedimiento electoral, incluidas las judiciales: Juntas electorales independientes del gobierno que velen por el cumplimiento de la legalidad durante el desarrollo de la campaña electoral, respeto al pluralismo por parte de de los medios informativos de titularidad pública, garantía del ejercicio del sufragio y verificación y proclamación de los resultados. Ninguna de estas garantías, ninguna, se cumple en lo que está orquestando el Gobierno.

Enfebrecidos por sus propias proclamas, los portavoces gubernamentales ya enmarcan todo esto en la “regeneración democrática”. De modo que regeneración democrática ya no consiste en echar abajo la indecentes barreras electorales que constituyen una prótesis hiriente de la voluntad electoral de los canarios, en aras de la centralidad política de Coalición Canaria (como los Expertos Universitarios ha tenido que reconocer, para aconsejar de seguido que deben ser sólo retocadas “ligeramente”, haciendo realidad el dicho de que el que paga manda).

Ni consiste ya en acabar con la manipulación constante de la Radio Televisión canaria por el gobierno de turno, que siempre es el mismo, dificultando la formación de una opinión pública libre, que es el primer requisito de la democracia.

Ni tampoco en la supresión de los aforamientos de cargos públicos que son una antigualla, una negación del principio y derecho constitucional de igualdad ante la Ley, que se proyecta directamente en uno de los ingredientes esenciales del también derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: el sometimiento al juez predeterminado por la Ley. Aforamientos que han dado lugar a los abusos más groseros.

No. Nada de esto tiene ya que ver con el mundo en el que vive y se perpetúa este gobierno.

Sépanlo todos y todas los canarios. Regeneración democrática es lo que el Gobierno de Canarias, que insiste en tratarnos como ciudadanos de quinta categoría intelectual, se trae entre manos: aprovechar una justa causa –la del rechazo de los canarios a unas prospecciones impuestas unilateralmente por Soria y el PP, abusando de las competencias estatales e ignorando las de la Comunidad Autónoma de Canarias– para dar un paso más en la degradación de la democracia. Porque la democracia no es sólo cuestión de fines deseables, sino principalmente una cuestión de método, de procedimientos, de garantías.

Sumarse al procedimiento orquestado por los Decretos del gobierno es desatender peligrosamente la advertencia de uno de los padres de la Constitución americana, Alexander Hamilton, de que “nadie puede estar seguro de no ser mañana la víctima del espíritu injusto –de una norma injusta y parcial– del que tal vez hoy se beneficie” (El Federalista, nº78).

 

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