Martín Carrillo tiene 39 años y es vecino de Morón de la Frontera (Sevilla). Hace cinco meses, en la media noche del seis de abril de 2014 este joven viviría un episodio en su vida que nunca podrá olvidar. Se encontraba junto a su pandilla fumando cigarros y bebiendo cervezas en el barrio del Polígono el Rancho. Carrillo apunta que “muchos jóvenes y hombres mayores de la zona no salen a partir de las doce por miedo a la presión policial que existe”. Aquella madrugada la familia Carrillo no olvidaría el episodio que su hijo menor sufriría en un parque cercano a su casa.
Dos agentes de la Policía Nacional pararon en seco el coche patrulla con el que hacían la ronda. En el barrio comenzaron a escucharse voces de las autoridades que con malos modales pedían su documentación. “¡El DNI, joder, que me enseñéis el DNI!” Martín recuerda cómo uno de ellos le indicó que pusiera las manos sobre el furgón. Comenzaron a pegarle, dice, mientras intentaba explicarles que sufre una minusvalía psíquica del 69%.
Desde el salón de su casa cuenta hoy la historia y se muestra cabizbajo. Con dificultad, y balbuceando, gracias a la ayuda imprescindible de su hermana Mercedes continúa narrando lo ocurrido. “Cuando estaba dentro del coche los agentes me quemaron el brazo con las colillas de cigarrillo y no paraban de pegarme porrazos sin motivo”. Los agentes sólo gritaban “¡te vamos a matar!”, cuenta. Martín quedaría minutos después inconsciente y no recuerda con claridad cómo llegó al ambulatorio.
“Me tiraban fuertemente de la cola y me decían te la vamos a arrancar”. Hoy se sigue dejando crecer el cabello en señal de valentía, sujetándolo con una gomilla negra. Tras ser trasladado a un descampado de albero y recibir de nuevo varios golpes en los ojos, Martín, detenido presuntamente por no llevar documentación, quedó esposado y con graves heridas dentro de una celda.
¿AUTOLESIONADO?
“¡José Luis. José Luis que a tu hermano lo están matando!”, avisó alguien. El hermano mayor de Martín salió con lo puesto de su casa y se dirigió a la comisaría. Un agente le comentó que lo habían llevado al ambulatorio, tras tenerlo varias horas en el calabozo ya que su hermano se había supuestamente “autolesionado”.
Aún, tras haber pasado varios meses de lo sucedido, la familia Carrillo no ha recibido el historial médico de su hermano por parte de la doctora del ambulatorio. Mercedes y José Luis sólo pudieron llevarlo horas después al hospital del Valme, ya que querían que le hicieran un escáner por los golpes recibidos.
Desde aquel fatídico día Martín no quiere salir a la calle. Espera en la esquina del portal el coche que lo lleva al trabajo, con el que gana 800 euros al mes. “Estoy en una fábrica de envasado cerca de mi pueblo y con eso me entretengo pero tengo miedo de cruzarme con esos agentes. Me tiene demasiadas ganas”. Martín trabaja gracias a un convenio que la Junta de Andalucía tiene con la empresa Procavi para emplear a personas con discapacidad psíquica y sensorial.
AGENTES EN PRÁCTICAS
Marina Segura, diputada del Parlamento de Andalucía por Izquierda Unida, y vecina de Morón, acudiría días después a pedir explicaciones al jefe de la comisaría. “Nos dijeron que él no podía hacer nada con los nuevos agentes que llegan de prácticas al cuartel. Era muy complicado controlarlos”, apunta la diputada.
La familia Carrillo está a la espera de juicio tras presentar una demanda judicial a los agentes que dieron la paliza a su hermano. Mariana, madre de Martín, intenta ahorrar mes a mes de su pequeña pensión, los 3.000 euros que necesita para que un abogado privado lleve el caso. “Solo queremos que se haga justicia”, relata. El hermano mayor de Martín, José Luis ,ha escrito a la casa Real y a la Defensora del Pueblo. “Solo nos han contestado para decirnos que la versión oficial de los agentes tiene mucha veracidad debido a la discapacidad que mi hermano sufre. No sé por qué piensan que puede autolesionarse”, destaca.
La familia Carillo reza cada día para que se cumpla su sueño y su hermano pueda recibir una indemnización, ya que hasta el momento ha tenido que pagar una multa por su detención de 850 euros al encontrar según la versión de los agentes “una navaja suiza con las que intentó a atacar a las autoridades, agrediendo en el hombro a uno de ellos”. Martín niegan esa versión, al igual que los vecinos que se encontraban en el lugar y están ahora dispuestos a testificar. Mientras tanto, vecinos de Morón insisten en denunciar la persecución policial en el municipio conocido por su base americana, particularmente en las calles de los barrios más desfavorecidos.