La Justicia mantiene las elecciones catalanas para el 14F y dictará sentencia definitiva antes del 8 de febrero

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Las elecciones catalanas siguen todavía convocadas para el 14 de febrero. De momento. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mantenido este jueves la suspensión del decreto del Govern por el que se aplazaban las elecciones al Parlament y se anunciaba su convocatoria para el próximo 30 de mayo. No es la posición final definitiva de la Justicia sobre la cuestión, aunque implica que los trámites para el 14F sigan su curso. Los jueces han avanzado que dictarán sentencia definitiva sobre el caso antes del 8 de febrero, con la campaña electoral en marcha. El Govern ha arremetido contra los magistrados.

La sección 5a de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC acordó el martes suspender el aplazamiento de los comicios, para evitar que su resolución final, en caso de acabar estimando los recursos de un particular y de tres formaciones extraparlamentarias que quieren votar el 14F, tuviera efectos «irreversibles» sobre la convocatoria electoral. Tras consultar a la Fiscalía –que se mostró a favor de mantener la suspensión del decreto– y al Govern –que informó en sentido opuesto al Ministerio Público– los jueces deciden seguir con lo resuelto el martes.

Los jueces aún no han decidido sobre el fondo de la cuestión, aunque el martes sí apuntaron a que el decreto del Govern «puede tener incidencia en el ámbito del derecho fundamental» reconocido en el artículo 23 de la Constitución relativo a la participación de los ciudadanos en las elecciones y recordaron que la Generalitat aplazó las elecciones en el marco del mismo decreto de estado alarma en que se convocaron.

Lo que sí han decidido los magistrados es acortar los trámites del pleito «por razones de urgencia» para poder emitir una sentencia definitiva antes del 8 de febrero. El siguiente paso es que el abogado y el partido extraparlamentario Izquierda en Positivo, que ya pidieron la suspensión cautelar del decreto de aplazamiento acordada por el TSJC, formulen su demanda contra el Govern en la que amplíen sus argumentos para votar el 14F. En vez de los ocho días habituales, el tribunal les ha dado cuatro días para interponer la demanda, que se deberá formalizar la próxima semana.

Una vez los recurrentes envíen su demanda, los jueces pedirán a la Generalitat y a la Fiscalía que se posicionen de forma definitiva sobre si se debe votar el 14 de febrero o pueden aplazarse los comicios. Y después los togados dictarán sentencia. Los plazos legales se solaparán con el inicio de la campaña electoral, que empezará el próximo jueves 29 de enero al mantenerse por ahora el 14 de febrero como fecha de votaciones.

De momento los ayuntamientos ya han empezado a sortear los miembros de las mesas electorales, a quienes se deberá comunicar su elección antes del día 23 de enero. También está de nuevo en marcha, hasta el 5 de febrero, el plazo para pedir votar por correo. Hasta el pasado 12 de enero se habían recibido 35.000 solicitudes, el triple que en las elecciones del 2017.

El Govern ha calificado este jueves la decisión cautelar del TSJC de mantener las elecciones del 14F de «injerencia externa en la vida política de un país democrático». En una declaración institucional en la que no se han aceptado preguntas de la prensa, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado a los jueces de «intentar condicionar la política catalana» y de llevar a la ciudadanía a la «irresponsabilidad de tener que elegir entre el derecho al voto y el derecho a la salud». Según Aragonès, el objetivo del aplazamiento electoral era precisamente hacer compatibles ambos derechos.

El vicepresident ha cargado contra el calendario judicial puesto que «mantener la incertidumbre» hasta una semana antes de la fecha electoral «afecta de pleno a la deliberación de un proceso electoral». Por su lado, la consellera portavoz, Meritxell Budó, ha asegurado que el «derecho a votar está en cuestión», lo cual ha calificado de «muy grave». «La decisión del Govern de la Generalitat, tomada de acuerdo con la mayoría de los partidos, ha sido alterada, poniendo en riesgo no solo la salud de los votantes de nuestro país sino también el propio procedimiento electoral», ha asegurado Budó.

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