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elDiario.es | La Fiscalía del Tribunal Supremo aseguró ante las autoridades suizas que Juan Carlos I amasó su fortuna ejerciendo como comisionista a escala internacional. Según la comisión rogatoria enviada a Suiza en febrero de este año para pedir información acerca de las cuentas del rey emérito el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, afirma que el monarca habría percibido “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”, informa El Mundo.

En esa solicitud de información a las autoridades suizas la fiscalía apunta además los delitos en los que podría haber incurrido el padre de Felipe VI. Son cuatro: «blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias». La Fiscalía refleja así por primera vez en un escrito conocido los delitos que investiga más allá de referencias genéricas a posibles delitos fiscales por el ocultamiento de su fortuna en el extranjero y supuestamente a espaldas del fisco español.

La información que pedía el fiscal español a las autoridades suizas correspondía a las cuentas de la Fundación Zagatka entre los años 2016 y 2019. Dicha organización, al frente de la cual se sitúa un primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, es la que ha costeado el elevado ritmo de vida del ex monarca. La información y las cuentas completas de Zagatka, tal y como reveló el diario El País el pasado mes de junio, fueron remitidas a la Fiscalía española el pasado mes de mayo, tres meses después de la petición. El fiscal español, en su argumentación ante la justicia suiza, argumenta estar investigando “hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos».

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga desde hace un año la fortuna del rey emérito y el posible cobro de comisiones así como el ocultamiento de esta fortuna a Hacienda. Entre otras cosas, investiga si cobró decenas de millones de euros por intervenir en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca a empresas españolas o si ocultó parte de su patrimonio en Jersey, así como el uso de tarjetas bancarias opacas. En paralelo, la representación de Juan Carlos I ha presentado varias regularizaciones fiscales ante las arcas públicas españolas para intentar evitar la apertura de una causa penal sin que por el momento el Ministerio Público haya interpuesto ninguna denuncia contra él ante el Supremo.

Regularización cercana

Según las informaciones difundidas por ambos diarios, la Fiscalía del Tribunal Supremo se dirigió a las autoridades suizas a finales de febrero y apenas unos días después trascendía la segunda regularización planteada por la defensa de Juan Carlos de Borbón. Más de cuatro millones de euros abonados a finales de ese mismo mes precisamente para intentar blindarse contra una investigación penal en torno al dinero que la Fundación de su primo le pagó, sobre todo en viajes entre 2009 y 2018.

En un comunicado el abogado del emérito, Javier Sánchez Junco, reconoció que el dinero regularizado se correspondía con «autoliquidaciones complementarias» por los pagos de Zagatka en base a «gastos por viajes y servicios» del padre de Felipe VI. Decía textualmente que «la presentación de las autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas», anuncio realizado unos días después de que la comisión rogatoria saliera en dirección a Suiza.

Esa regularización fue la segunda presentada por la defensa del monarca para intentar esquivar una posible acusación por la vía penal por estos hechos. Ya el pasado mes de diciembre la representación de Juan Carlos I presentó una regularización por un valor de más de 678.000 euros correspondientes a las tarjetas opacas que usó durante años, tal y como reveló eldiario.es.

Salida de España

Este sábado se cumplirán trece meses de la salida de Juan Carlos I de España para establecerse en una isla cercana a Abu Dabi. En un comunicado remitido a su hijo, el monarca emérito hablaba de una «meditada decisión» de marcharse del país ante la «repercusión pública» de las investigaciones en torno a su fortuna y su ocultamiento en el extranjero para «contribuir» a que Felipe VI pueda desarrollar su función «desde la tranquilidad y el sosiego» necesarios.

Las tres investigaciones en torno a su patrimonio puestas en marcha a lo largo del último año han sido centralizadas en la Fiscalía del Tribunal Supremo bajo la batuta de Juan Ignacio Campos, recientemente nombrado teniente fiscal del alto tribunal. El veterano integrante de la sección penal del Ministerio Público fue puesto al frente de un equipo de fiscales junto con Paloma Iglesias, Rosana Morán, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig.

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