La asistencia jurídica gratuita recibe subvenciones por más de 7,9 millones de euros en el segundo semestre de 2022
- Las ayudas se conceden tanto por las actuaciones como por los gastos de funcionamiento e infraestructuras derivados de esta labor
- También se ha concedido una subvención de 80.000 euros al Consejo Canario de Colegios de Procuradores por los gastos generados por el servicio de recepción de notificaciones y traslados de escritos en 2022
El Consejo de Gobierno ha concedido 7.930.239,88 euros, en el segundo semestre de 2022, a los colegios de Abogacía y Procuraduría de las islas, por la prestación de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
En algunos casos, se trata de actuaciones llevadas a cabo en el primer trimestre de 2022, como ha sucedido con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, al que se le han entregado 200.479,49 euros, o en el segundo trimestre de 2022, como ha ocurrido con el Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, que ha recibido, por este concepto, 314.619 euros; el Colegio de Abogados de Lanzarote, 307.391,01 euros; el Colegio de Procuradores de Las Palmas, 298.758 euros; el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, 1.941.531,29 euros; y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, 212.348,09 euros.
En otros, por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita del tercer trimestre de 2022. Así, al Colegio de Abogados de Las Palmas se le han otorgado 1.941.531,29 euros; al de Santa Cruz de Tenerife, 1.656.333,79 euros; al Colegio de Abogados de Lanzarote, 374.630,26 euros; y al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, 185.598,16 euros. Por el mismo concepto, al Colegio de Procuradores de Las Palmas se le han entregado 242.658 euros; y al de Santa Cruz de Tenerife, 230.010 euros.
Las subvenciones concedidas también incluyen los gastos de funcionamiento e infraestructuras derivados de la asistencia jurídica gratuita. Por tal motivo y correspondientes al año 2022, al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma se le han concedido 82.424,06 euros.
Del mismo modo, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado al Consejo de Gobierno de la subvención de 80.000 euros concedida de forma directa por su departamento, durante el cuarto trimestre de 2022, al Consejo Canario de Colegios de Procuradores, por los gastos ocasionados por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos en 2022, un servicio de interés público al favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.
A raíz de esta actualización, en Canarias hay 43 establecimientos incluidos en el Risqcan, de los cuales dos están en Lanzarote, cuatro en Fuerteventura, dieciséis en Gran Canaria, quince en Tenerife, cuatro en La Palma, uno en La Gomera y otro en El Hierro. Entre otros, forman parte de este listado depósitos de combustible, plantas químicas, centrales térmicas, empresas de pirotecnia y de carburos. Se han dado de baja del Risqcan diez instalaciones, dos de Lanzarote, tres de Gran Canaria, tres de Tenerife, una de La Gomera y otra de El Hierro.
A través de este decreto, el Gobierno también delega en la persona titular de la consejería competente en materia de Protección Civil, hoy en día Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el ejercicio de la competencia para, a partir de ahora, dictar actos administrativos que contengan futuras modificaciones y actualizaciones del mencionado Anexo II del Risqcan.
