mar. Ago 20th, 2019

Jueces para la Democracia tacha de “insólita” la resolución del Supremo sobre la exhumación de Franco

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha calificado de “insólita” la argumentación dada por el Tribunal Supremo en la resolución que suspende cautelarmente la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Este martes, se conoció el auto por el cual el Alto Tribunal decidió suspender por unanimidad y con carácter cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros para proceder a la exhumación de los restos del dictador este 10 de junio y darles traslado al Panteón de Mingorrubio en El Pardo.

En un comunicado, JJpD lamenta que con esta decisión se confirme “la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron”.

A juicio de esta asociación, resulta “incomprensible” que el Supremo argumente que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, “sería perjudicial para la familia y para el interés público”, señalando además la coincidencia entre ambos intereses. En este sentido, recuerdan que el Valle de los Caídos fue levantado por “presos políticos mediante trabajos forzados” como “monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes”, mientras las miles de víctimas allí enterradas son anónimas y “fueron allí llevados sin contar con la voluntad de sus familiares”.

El colectivo de jueces progresistas subraya que la decisión de exhumar a Franco es una forma de reparación “moral y simbólica” a las víctimas y cumple con los requerimientos realizados por organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, en materia de derechos humanos.

JJpD critica el tratamiento que se le da al dictador como Jefe de Estado “sin otra connotación”, obviando que lo fue de un “aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época”. Y todo ello, después de transcurrido mucho tiempo de la promulgación de la Constitución de 1978, de la Ley de memoria histórica de 2007, y del mandato del Parlamento que, sin votos en contra, aprobó la medida en el pleno del Congreso. “Parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad”, señalan.

Asimismo, califica de “sarcasmo” la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador “frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”.

Uno de los magistrados que ha suspendido la exhumación de Franco es José Luis Requero sobre el que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) formuló una queja a comienzos de semana con el abogado Santiago Milans del Bosch, colaborador de la Fundación Francisco Franco y cuyo bufete defiende intereses de la familia del dictador.

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