26/09/2020

El Gobierno rectifica tras la derrota parlamentaria de la semana pasada sobre el gasto de los ahorros de los ayuntamientos. Ante la rebelión de los ayuntamientos, Pedro Sánchez ha decidido dar marcha atrás. Hacienda impulsará un nuevo decreto ley con el que suspenderá la regla de gasto, prolongará la autorización para la inversión del superávit de las entidades locales y calcula que inyectará unos 3.000 millones de euros a los consistorios. Así lo ha anunciado la ministra, María Jesús Montero, en Al Rojo Vivo (La Sexta) después de haber asegurado la semana pasada que no plantearía un nuevo decreto ley al Congreso.

La intención de Montero, eso sí, es negociar previamente con los grupos políticos para garantizar que tiene los apoyos amarrados antes de llevar al Parlamento el decreto ley y evitar una nueva derrota. La idea de Hacienda es impulsar un nuevo decreto que recoja la mayoría de las medidas del que fue derrotado y que sí contaban con el respaldo de la mayoría de partidos. No obstante, deja fuera lo que era objeto de polémica: la fórmula para permitir que los consistorios que tienen ahorros puedan gastarlos. Tampoco se incluye el fondo de 400 millones que iba a estar destinado al agujero en el transporte público que deja la pandemia. «Es uno de los temas en que se deberá busca mayor consenso», expresan fuentes gubernamentales.

«En ese texto normativo, cuyo impacto superará los 3.000 millones de euros, se incluirán las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso», explica la nota de prensa de Hacienda sobre el decreto ley. Una de las principales decisiones es la anulación de la regla de gasto para 2020 en la línea que ha seguido la UE. La intención de Montero es que también se cancele para 2021. La regla de gasto impide a las administraciones públicas aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia, que es la que quedará anulada con el próximo decreto. Esa medida se puso en marcha en la anterior crisis impidiendo a ayuntamientos y diputaciones incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávit.

Montero ha explicado que el decreto ley contará con el 85% de las medidas que figuraban en el teto que fracasó en el Congreso quedando derogado, pero que dejará para la negociación posterior la parte en la que se ha generado la polémica: la inversión de los remanentes que los ayuntamientos tienen en los bancos sin posibilidad de ser gastados y que ascienden a unos 15.000 millones. La propuesta que el Gobierno puso sobre la mesa y que contó con el rechazo de todos los grupos de la oposición suponía que los ayuntamientos con ahorros los cedieran al Estado a cambio de poder gastar en los próximos ejercicios 5.000 millones. El resto les sería devuelto en un plazo de diez años. Esa vía no convencía a nadie -incluso alcaldes socialistas lo aceptaron a regañadientes-. En una negociación in extremis con En Comú para evitar que se quebrara la unidad de voto en los grupos que sustentan al Gobierno, Hacienda aceptó que los consistorios sin ahorros pudieran acogerse a una parte de ese fondo, pero fue insuficiente para contar con los suficientes apoyos parlamentarios.

El nuevo decreto prolongará, además, las condiciones en que se autorizó el gasto del superávit en inversiones financieramente sostenibles para 2018 y 2019 en este ejercicio y el siguiente. Hacienda calcula que prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles tendrá un impacto de 987 millones. «Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario», explica el comunicado de Hacienda.

En cuanto a los consistorios menos saneados, Hacienda asegura que las entidades locales con problema financieros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. «Se permitirá también que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería», expresa el ministerio.

Entre las medidas que recuperará el nuevo texto se incluyen las normas para el cálculo de la liquidación de los tributos del Estado de 2018 para las entidades locales, que supone 634 millones para las entidades locales.

Hacienda recupera así la mayoría de medidas que contaba con el respaldo de los ayuntamientos de todos los colores, aunque no da respuesta a una de las principales reivindicaciones de los consistorios: cómo gastar los 15.000 millones que los ahorradores tienen en los bancos. El Gobierno sostiene que la única fórmula es la que planteó y que fue rechazada dado que el margen que dejan las leyes de estabilidad es «estrecho». La decisión supone una importante rectificación fruto de la presión de los alcaldes dado que Montero aseguró tras la derrota en el Congreso que no se planteaba un nuevo decreto. El PSOE animó a la ministra a buscar una solución tras el varapalo en el Congreso.

Fuentes socialistas consultadas por elDiario.es consideran que es un «primer paso lógico para arreglar» el conflicto que se había enquistado entre los alcaldes y el Gobierno y que se lleva arrastrando varios meses. También el PP -que aplaudió en el Congreso el rechazo a la convalidación del decreto- celebra la marcha atrás de Montero: «Es el primer paso de muchos que tienen que dar para atender nuestras reclamaciones». «Todo lo que sea permitir gastar el superávit e incumplir la regla de gasto al margen de que hay que ver los términos concretos del acuerdo, va en la línea de lo que todos estábamos pidiendo», ha afirmado el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informa Iñigo Aduriz.

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