Hacienda comunica a Canarias el reparto 1.144 millones para ayudas directas a pymes y autónomos

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Esta línea de ayudas está prevista en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia.

El Real Decreto-ley prevé que se efectúen las correspondientes transferencias a cada ente territorial con cargo a dos créditos extraordinarios. Uno, por importe de 5.000 millones de euros, con destino a las comunidades autónomas -con la excepción de Baleares y Canarias- y a las Ciudades de Ceuta y Melilla. Y el segundo, dotado con 2.000 millones de euros, para los dos archipiélagos, que han sufrido un impacto económico superior por la pandemia, dada su especial dependencia del sector turístico.

Estos créditos deben repartirse sobre la base de los indicadores recogidos en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley, que se concretan en la orden ministerial que se publica hoy en el BOE.

Los criterios para el reparto

Los recursos del primer compartimento de 5.000 millones de euros se reparten entre las comunidades autónomas -menos Baleares y Canarias- y Ceuta y Melilla atendiendo a los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU, solo que actualizados a la fecha de publicación del Real Decreto-ley.

  • Dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada comunidad autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas. El indicador de renta de cada comunidad y ciudad es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.
  • Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la comunidad autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.
  • Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la comunidad autónoma o Ciudad en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.

En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros reservado para las comunidades de Baleares y Canarias, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos. Este indicador se medirá con la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020.

Distribución de los dos compartimentos de las Líneas Covid

A partir de estos indicadores y cálculos, el reparto del primer compartimento de la Línea Covid, el destinado a todas las comunidades autónomas salvo los dos archipiélagos y a las dos Ciudades Autónomas, queda como sigue:

Por su parte, el compartimento de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas correspondiente a Baleares y Canarias se distribuye tal como establece la siguiente tabla:

El Ministerio de Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a cada comunidad autónoma y a las Ciudades de Ceuta y Melilla dentro de los diez días siguientes en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada uno de estos territorios. Aunque los entes territoriales también podrán solicitar que la liberación de estos fondos pueda realizarse con posterioridad.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2021, la Línea Covid se configura como una dotación de carácter presupuestario, cuyo objeto es la canalización de ayudas directas a autónomos y empresas, para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. Esa misma norma contempla también una línea destinada a la reestructuración de deuda financiera dotada con 3.000 millones de euros. Y además un fondo de recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 de 1.000 millones de euros.

Con esta medida el Gobierno muestra de nuevo su compromiso con el tejido productivo español, especialmente con las pymes y los autónomos. Esta iniciativa se suma otras decisiones adoptadas para proteger directamente a estos colectivos como la prestación por cese de actividad para los autónomos o las exoneraciones de las cotizaciones sociales. Además de la línea de crédito del ICO de 100.000 millones de euros que garantiza la liquidez de pymes y autónomos.

Posteriormente, se dictará otra Orden Ministerial en la que se especificarán cuestiones técnicas que resultan necesarias para el desarrollo de las ayudas previstas en el Título I del Real Decreto-ley.

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