04/06/2020

El TSJC ordena a las empresas de ambulancias hacerse cargo de la desinfección de los equipos de los trabajadores

  • El alto tribunal dicta un auto de medidas cautelarísimas a instancias de CCOO

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un auto de medidas cautelarísimas por el que ordena a las empresas de ambulancia Aeromédica Canaria, Tasisa y Ambulancias García Tacoronte hacerse cargo de la desinfección de los equipos con los que trabajan sus empleados combatiendo la extensión de la pandemia de Covid-19. Esta decisión estuvo motivada por una demanda presentada el pasado 30 de abril por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) contra las mencionadas empresas, la Consejería de Sanidad del Gobierno canario y la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias.

El TSJC exige ahora que se anule la orden de que los 1.500 trabajadores que componen el personal técnico de transporte sanitario de las tres empresas se lleven a casa la ropa de trabajo y equipos de protección personal para su lavado, y exige que sean las empresas las que se responsabilicen y asuman el lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo.

El sindicato señaló en su demanda que los trabajadores de ambulancias se encuentran constantemente expuestos a riesgo de contagio por Covid-19, riesgo que es extensivo a sus familiares y a los propios pacientes que son atendidos. FSC CCOO apuntó que solo en la empresa Tasisa se ha procedido a aislar a 40 trabajadores por posibles contagios al principio del mes de abril, confirmando dos de ellos con Covid-19. El resto de las operadoras de ambulancias ni siquiera han ofrecido los datos, por lo que no se puede calcular con precisión la cifra de afectados que, sin duda, es mayor que esos cuarenta trabajadores.

El responsable del sector de ambulancias de FSC-CCOO, Carlos Ojeda, se satisface de este auto pues “hace justicia a una de tantas reivindicaciones de los trabajadores desde que comenzó la pandemia de Covid-19, sin que hubiese sido atendida ni por las empresas ni por el Gobierno de Canarias”. A juicio de Ojeda, “no es admisible que trabajadores que se fuerzan por dar el mejor servicio público a la ciudadanía en momentos tan graves como estos se vean obligados a arriesgar su salud, la de sus familiares y la de la propia ciudadanía por la irresponsable actitud de unas empresas cuyo único norte es incrementar los beneficios económicos” y una administración pública que mantiene un servicio esencial “en precario”. El sindicato advierte que vigilará escrupulosamente el inmediato cumplimiento del auto.

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