El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó a Leo Messi a 21 meses de cárcel por tres delitos de fraude fiscal en sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 por un total de 4,1 millones de la explotación de los derechos de imagen del futbolista.

El alto tribunal desestima el recurso del jugador, que ya obtuvo una rebaja de la pena por abonar los 4,1 millones que dejó de ingresar en la Hacienda española.

En cambio, el alto tribunal ha decidido rebajar de 21 a 15 meses de prisión la condena que la Audiencia de Barcelona acordó para el padre del jugador, Jorge Horacio Messi, en julio del año pasado como cooperador necesario al apreciar el atenuante de reparación del daño por la devolución a Hacienda del dinero defraudado por parte de su hijo.

La sentencia del Supremo incluye dos votos particulares de los magistrados Luciano Varela y Andrés Palomo, que creen que debió considerarse como continuado el delito fiscal. Un tercer magistrado, Alberto Jorge Barreiro, firma un voto concurrente en relación a esta misma cuestión.

El futbolista del Barça, que ya devolvió la cantidad defraudada antes del juicio y pagó una multa, previsiblemente no entrará en prisión (tampoco su padre) al haber sido condenado a una pena inferior a los dos años de prisión y no tener antecedentes.

Ahora bien, la última palabra al respecto será de la Audiencia de Barcelona, el tribunal firmante de la sentencia que ha confirmado el Supremo.

En su día, la Audiencia de Barcelona consideró que los acusados “eludieron el pago de los ingresos percibidos por los derechos de imagen de Leo Messi, mediante una compleja maniobra negocial que no tenía más finalidad que ocultar a la Hacienda Pública los ingresos generados y quien era el verdadero perceptor de los mismos”.

Respecto a los argumentos de la defensa del jugador que pasaban por afirmar que él no estaba al tanto de estos detalles porque solo se dedicaba a jugar al fútbol, dijeron los magistrados que se trata de un “desconocimiento evitable” porque existía una “sospecha justificada de que sus ingresos por derechos de imagen no tenían un origen claro y nítido”, por lo que tuvo “a su alcance” averiguar “de qué manera se gestionaban sus derechos”. “No puede errar aquel que no tiene interés en conocer”, según la sala.