El PSOE pide el aumento de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos si se prorrogan los PGE

Reforma de las pensiones

Reforma de las pensiones

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El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley por la que solicita al Gobierno de España que, en caso de que se prorroguen los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para el próximo ejercicio, apruebe un decreto ley para su convalidación por las Cortes Generales que contemple el aumento de las pensiones públicas y de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas y del sector público.

El diputado del PSOE Héctor Gómez afirma que si se da el caso, concurrirían tanto las circunstancias constitucionalmente previstas para la utilización de este instrumento normativo como las razones de urgencia e interés general exigidas por ley para que el Gobierno en funciones pueda adoptar medidas que excedan del despacho ordinario de los asuntos públicos.

Como recuerda, el apartado 3 del artículo 134 de la Constitución establece que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. El apartado 4 del mismo artículo, indica, dispone que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

«El fracaso de la propuesta de investidura de Mariano Rajoy, tanto en la primera votación como la segunda, en la que solo precisaba de la mayoría simple, va a impedir, probablemente, el cumplimiento del plazo ordinario para la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y a dificultar por tanto el cumplimiento del previsto para su aprobación», explica.

Gómez insiste en que, no obstante, la Constitución contempla expresamente en estos supuestos la prórroga de los presupuestos vigentes, arbitrando así un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal. Añade que tras la aprobación de la Constitución, esta prórroga presupuestaria se ha producido en cuatro ocasiones: en 1983, 1990, 1996 y 2002, y en todas ellas, la prórroga vino acompañada de otros tantos decretos leyes sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, que actualizaron previsiones presupuestarias que la simple prórroga automática no hubiera contemplado.

El parlamentario del PSOE expone que así ocurre, por ejemplo, con las retribuciones de los funcionarios y las pensiones de jubilación, que hubiesen permanecido congeladas hasta la aprobación de los nuevos presupuestos de no haberse acordado un incremento inmediato, así como diferentes previsiones de la Ley de Presupuestos, como las relativas a autorizaciones para emitir deuda pública o la prestación de avales públicos, entre otros aspectos.

En este punto, subraya que el incremento de las pensiones públicas es «una medida de incuestionable interés general», especialmente tras los cambios introducidos por la ley 23/2013 en el mecanismo de revalorización, «que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento, y cuya situación se ha visto agravada por las medidas adoptadas por el Gobierno en menoscabo de sus derechos como el copago farmacéutico». Afirma que lo mismo sucede con las retribuciones de los empleados públicos, «colectivo que se ha visto particularmente afectado por la crisis económica y cuyos salarios han perdido poder adquisitivo de forma muy acusada los últimos años».

Reitera que la situación del Gobierno en funciones no le impide adoptar medidas para incrementar las pensiones públicas y las retribuciones de los funcionarios y demás empleados públicos. «Entre las limitaciones a las facultades del Gobierno en funciones no se encuentra la prohibición de dictar decretos leyes, todo lo contrario: las razones de urgencia e interés general inherente y habilitadores de esta facultad del Gobierno son también las que permiten que el Gobierno en funciones pueda adoptar medidas que excedan del despacho ordinario de los asuntos públicos», dice.

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