El presidente de Canarias considera crucial la redistribución de la gestión del fenómeno migratorio en Europa porque “para Canarias resulta inasumible la presión migratoria actual” Señala la necesidad de que se activen mecanismos para reflotar el turismo con fondos comunitarios, estatales y autonómicos y pide un criterio común europeo para la recuperación de la movilidad El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, intervino este mediodía en el Senado y, tras detallar los efectos socioeconómicos de la pandemia de la Covid-19 y el repunte migratorio que sufren las Islas desde enero de 2020, reclamó a los partidos en la Cámara Alta, donde están representados los territorios, que aboguen por una política migratoria “corresponsable y coordinada” entre todas las administraciones españolas y de la Unión Europea. Según remarcó, y tras un aumento del 756,8% de las personas llegadas por mar a Canarias en 2020 sobre 2019 (de 2.287 se pasó a 23.023), este flujo y su permanencia en las Islas resulta “inasumible” para la comunidad (26.000 migrantes en los últimos 13 meses), situación que se agrava con el desmantelamiento que ha habido durante la última década de los recursos de acogida existentes desde la crisis de los cayucos en 2006. Durante su intervención en la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, el jefe del Ejecutivo canario lanzó un mensaje para que desde España haya un frente común de rechazo al texto inicial que ha propuesto la Comisión Europea (el pasado 23 de septiembre) para un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Torres considera que esa propuesta descarga toda la responsabilidad sobre los países y territorios que son frontera y “no podemos permitir que toda la inmigración que está llegando a Canarias, que es Europa, quede en Canarias. Si es así nos reviraremos, porque somos tan Europa como Madrid, Roma o Berlín”. Torres recordó que en 2002 hubo un pacto con la mayoría de las fuerzas políticas canarias que fijaba un máximo de 1.500 personas acogidas, cifra que considera “razonable y que estamos dispuestos a asumir en estos momentos”, pero resaltó que, ahora, hay unas 11.000 personas migrantes en el Archipiélago. El presidente destacó que el Plan Canarias desarrollado desde noviembre por el Ministerio de Migraciones contempla 7.000 plazas de acogida, pero “son plazas disponibles para picos de llegadas, no para tenerlas permanentemente ocupadas”. Además, apuntó que “si en Canarias se han rehabilitado espacios militares que estaban en desuso, caber rehabilitarlos también en otros puntos del país”. El presidente de Canarias expuso la necesidad urgente de que existan fondos europeos para atender la crisis migratoria, en particular para la acogida de menores migrantes no acompañados. En estos momentos en Canarias hay más de 2.600 son menores, cifra que en enero de 2020 apenas alcanzaba los 540. Por eso, agradeció que comunidades como Cataluña, Castilla León, Valencia, Navarra, Extremadura y Aragón se hayan ofrecido para acoger a 120 menores, pero cree que, debido a la magnitud de la crisis, es todavía insuficiente. Torres explicó que, de forma extraordinaria, el Gobierno de España ha aportado 10 millones de euros para la acogida de menores y destacó el gran esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo regional, cuyas partidas previstas para este año se han agotado en febrero. Esa es la razón por la que “solicitamos más recursos económicos también a la Unión Europea y junto a ello una respuesta compartida de las comunidades”, entre las cuales hay algunas que no han dado una respuesta a la petición que ha hecho Canarias. En cuanto a la movilidad de personas migrantes, el presidente quiso dejar claro que todo aquel que pueda transitar, porque su situación se lo permite, debe poder hacerlo hacia el continente. En ese sentido, pidió sentido común a los representantes públicos: “Hay quienes afirman en Canarias que la migración debe repartirse de una forma corresponsable por todo el territorio y, al mismo tiempo, compañeros suyos del mismo color político se niega a recibir migrantes en sus comunidades. Es un mensaje hipócrita e inaceptable”. En este sentido, recordó que “en el Parlamento canario, mayoritariamente, salvo en la petición de cese de ministros de algunos partidos, ha habido un respaldo unánime para que haya una respuesta decidida, para la acogida digna, el tránsito y la atención a los menores, para lo que incluso se recibió el respaldo de todos los grupos en el decreto ley que permitía alojar a los menores en hoteles”. El jefe del Ejecutivo canario pidió también en el Senado una defensa absoluta de los Derechos Humanos y “una repulsa contundente contra la xenofobia, el fanatismo y el odio”. Cifras más favorables de la pandemia y los perjuicios turísticos Sobre los datos de la pandemia en Canarias, Torres destacó que las Islas no solo presentan las cifras sanitarias, de contagios y fallecidos por 100.000 habitantes más favorables de España, sino de todas las regiones de Europa. Aunque dejando claro que cada muerte supone un “quebranto”, recordó que se habla de “milagro canario” y, si bien la insularidad ha podido influir, recuerda que otros archipiélagos no tienen los mismos registros y lo achaca a la aplicación de semáforos insulares y a anticipar medidas muy drásticas. No obstante, y dado que el PIB canario depende en un 35% del turismo y que se ha sufrido un cero turístico sin precedentes desde marzo de 2020, alertó de las consecuencias económicas más agudas del virus en las Islas por la mayor afección y restricciones en los países emisores. Por ese motivo, destacó que las ayudas desde la UE y España deben ser proporcionales a esos peores efectos, reflejados en datos como una caída del PIB del 20% (cuando la de España ha sido del 11%) o en el 25% de paro, según la EPA del cuarto trimestre de 2020. “De hecho, se ha pasado de los 14 millones de turistas de 2019 a los 3,7 de 2020, lo que supone una caída del 71,2%, cuando la media española fue del 67,8%”, explicó. A su juicio, los fondos React-UE sí atienden a esta mayor afección, “pero lo mismo ha de darse con los de resiliencia”. Además, exigió que se activen mecanismos para reflotar el turismo con fondos comunitarios, estatales y autonómicos. De la misma forma pidió un criterio común europeo para la recuperación de la movilidad en Europa, una vez esté extendida la vacuna en el segundo semestre del año, con un pasaporte de vacunación y el complemento de los test de antígeno, para reactivar la industria turística este mismo año. Medidas adoptadas en las Islas para paliar la crisis económica Pese a esta difícil coyuntura, Torres recalcó las medidas adoptadas en las Islas para paliar esta crisis imprevista, como el Plan Reactiva hasta 2023 (con unos 5.700 millones, 122 ejes y 300 medidas concretas), que no tuvo ningún voto contrario en el Parlamento. También el aumento del presupuesto regional para 2021 en un 5%, con 4.000 sanitarios nuevos y 3.000 docentes, o los 100 millones repartidos en 2020 a los subsectores más afectados, los 165 aprobados hace un mes en ayudas directas a empresas y los 235 en aplazamientos fiscales. El presidente centró gran parte de su ponencia en la condición de Canarias como Región Ultraperiférica de la UE, “la única de España y que acoge al 50% de la población de las nueve RUP que hay en la Unión”. El presidente subrayó que las compensaciones por la lejanía no suponen ningún privilegio, sino todo lo contrario, ya que en Canarias “todo nos cuesta más” (traer y sacar mercancía, la energía, el agua…), un sobrecoste que se calcula en casi el 10% de la facturación de las empresas y que significa para ellas casi unos 6.000 millones extra cada año. El presidente avanzó asimismo que ha convocado una reunión del Plan Reactiva para el próximo lunes en Canarias, en la que abordarán la situación de la migración. “Quiero agradecer que ese Plan Reactiva fue llevado al Parlamento regional con el voto favorable de la mayoría de los grupos políticos”, añadió.

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La organización ecosocialista vuelve a exigir la renuncia de Grande-Marlaska, al sumar las actuaciones policiales recientes a la nefasta gestión del Ministerio del Interior

El partido canario achaca la prisión de Pablo Hasél y la brutalidad policial a las carencias democráticas derivadas de una transición insuficiente

Sí se puede exige una reacción inequívoca del gobierno en defensa de la libertad de expresión. La organización ecosocialista canaria, además, reclama el indulto para el rapero Pablo Hasél, que debe darse cuanto antes y antes de que concluya el urgente cambio legal preciso para que el disfrute y ejercicio de este derecho fundamental por parte de la ciudadanía quede garantizado en los hechos y no solo en un enunciado fallido de la Constitución.

La organización ecosocialista canaria vuelve a exigir la renuncia de Fernando Grande-Marlaska, al sumar las desproporcionadas actuaciones policiales recientes a sus críticas por su nefasta gestión al frente del Ministerio del Interior. Cabe recordar que Sí se puede ya ha reclamado dos veces esta dimisión o cese en menos de un año, debido a las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes que llegan a Canarias.

El partido canario exige al gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos un compromiso inequívoco con los derechos y libertades. Si se puede destaca que, desde los últimos años de los gobiernos de Mariano Rajoy, denunció en varias ocasiones la deriva autoritaria impulsada desde el gobierno estatal, una situación que continúa en la misma línea bajo el gobierno de Sánchez e Iglesias, según indican los hechos.

A juicio de Sí se puede, el gobierno estatal tiene que decidir en dónde se sitúa ante esta crisis. En este sentido, la organización canaria apunta a la necesidad de derogar la Ley Mordaza y todos los artículos del Código Penal que vulneran el artículo 20 de la Constitución para que los tribunales no vuelvan a caer en aplicar un código penal obsoleto, con contenidos elaborados por la dictadura franquista y que ha llevado a cerca de 150 artistas, raperos, tuiteros, periodistas y activistas a ser condenados por delitos de opinión.

El partido canario considera que, en el debate social por la situación creada a raíz de la detención de Hasél y de las actuaciones policiales, no cabe entrar en discusiones en torno a si se está o no de acuerdo con los textos y postulados de Hasél y a si se está de acuerdo o no con la violencia callejera, porque la libertad de expresión debe amparar las opiniones y porque un gobierno democrático tiene que tener la capacidad y las herramientas suficientes para evitar que la reacción al desarrollo de acciones violentas por parte de grupos que no representan a toda la ciudadanía se convierta en la excusa para justificar la violencia indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra la población en general.

El partido canario achaca la prisión de Pablo Hasél y la brutalidad policial a las carencias democráticas derivadas de una transición insuficiente, que no rompió con la dictadura, que no renovó los efectivos ni los mandos ni las prácticas ni los fundamentos ideológicos de las fuerzas represivas del franquismo. A más de 45 años de la muerte del dictador, la tarea de poner al Estado español al día en derechos democráticos es una tarea impostergable.

 

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