El Parlamento aprueba la ‘ley antidesahucios’, con el voto en contra del PP

Además, la ley fortalece la figura de la mediación con las entidades bancarias para evitar los desahucios a través del alquiler social, paso previo a que finalmente el Ejecutivo expropie una vivienda por un plazo máximo de tres años.

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NC afirma que la eficacia de la nueva ley de vivienda para frenar  los desahucios es “casi nula”

Los diputados de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez y Carmen Hernández se han abstenido hoy en la votación final de la reforma gubernamental de la ley de vivienda. Como portavoz parlamentario y ponente en el proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de Medidas para Garantizar el Derecho a la Vivienda, Román Rodríguez denunció la ausencia de medidas realmente efectivas para frenar los desahucios hipotecarios y por impago del alquiler.

Román Rodríguez defendió sus enmiendas pero, a pesar de que los grupos de CC y el PSOE aceptaron incluir algunas propuestas alternativas, los grupos que sostienen al Gobierno de Canarias rechazaron las dos iniciativas “más relevantes” de NC para hacer frente a los desahucios.

La primera consistía en el establecimiento de un programa de mediación entre las partes afectadas (banqueros y dueños de pisos, hipotecados e inquilinos) por las ejecuciones hipotecarias y por el impago del alquiler. La segunda proponía la creación de un fondo de ayudas económicas de emergencia para que los implicados puedan permanecer en sus hogares, como mínimo, por un periodo de 12 meses prorrogables.

El portavoz nacionalista informó que, a pesar de estar de acuerdo en la filosofía que dio origen a esta reforma, su formación política no podía apoyar la norma resultante por ser “ineficaz” para frenar los lanzamientos hipotecarios y por impago del alquiler. Rodríguez dijo que la norma llega “tarde y mal” además de que “tampoco reconoce uno de los principales problemas, como es que la mitad de los desahucios se producen por no pagar el alquiler”.

Román Rodríguez aseguró que una de las principales iniciativas de la nueva ley, las  expropiaciones temporales, será paralizada, como en otras comunidades, mediante un recurso del Ejecutivo estatal en el Constitucional. Pero aunque la acción judicial no se llevará a efecto, el portavoz nacionalista auguró que la tramitación administrativa del expediente de expropiación temporal es de “muy difícil” gestión.

Rodríguez manifestó que las propuestas de NC, desechadas por CC y el PSOE, actuaban “directamente” sobre el problema que se les presenta a las personas desahuciadas, “trataban de responder de forma rápida”, recalcó Rodríguez

El diputado del Grupo Popular, Felipe Afonso, que no logró incorporar ninguna enmienda al texto final, ha dicho que la ley canaria es «ilegal» y un «plagio» de la de Andalucía y Navarra, y cree que no hay «medidas efectivas» para garantizar la vivienda a los ciudadanos.

«Es una pantalla para intentar tapar que el Gobierno de Canarias no tiene una política efectiva», ha señalado. Y fue más allá: «Es nauseabundo que se dé como respuesta a la gente una ley inconstitucional».

En su opinión, la ley y el dictamen de la comisión es «inconstitucional», y ha remarcado que las de Andalucía y Navarra ya han sido suspendidas cautelarmente. «Hacen una ley a sabiendas de que es ilegal», ha comentado, al tiempo que ha recordado los informes contrarios de la Consejería de Economía y Hacienda por falta de financiación.

Ha criticado la «actitud hipócrita» de los grupos que apoyan al Gobierno porque «parece» que quieren buscar una solución a los desahucios, que en su opinión, pasa por el «respeto» a la Constitución y al Estado de Derecho. «Aprobar esta ley es un desprestigio al Parlamento», ha comentado.

En su opinión, la mejor fórmula es habilitar líneas de ayudas para préstamos hipotecarios y alquiler y «optimizar» el parque público de viviendas, y ha rechazado que los beneficiarios de la ley deban seguir pagando impuestos.

Ruano (CC) ha criticado las «descalificaciones» de los populares

Canarias viene a cubrir una regulación que es responsabilidad del Estado, al que ha acusado también de ser «responsable» de la burbuja inmobiliaria con la Ley del Suelo de 1997. Ha dicho que en los casos de Andalucía y Navarra aún no hay sentencias en contra del Tribunal Constitucional, y que la ley canaria ha sido «mejorada» durante el trámite parlamentario. Sobre el papel del Estado, ha dicho que solo en 2013, 38.000 familias han perdido su vivienda pese a que hay una regulación legal que trata de impedir los desahucios.

Ha reconocido que hay «dudas» razonables sobre la legalidad, pero ha insistido en que el Estado tiene competencias para fijar medidas y evitar desahucios, y ha dicho que Canarias «no puede resolver» el problema en su totalidad porque la legislación bancaria depende del Estado y la Unión Europea.

Manuel Fajardo, del Grupo Socialista, ha insistido en que la Cámara «ha mejorado» la ley antidesahucios, y ha felicitado al Gobierno de Canarias por «trasladar» el coste de la crisis «a los que la generaron, los bancos».

En su opinión, o Canarias estaba «pasiva» o buscaba «una solución» a la gente que ha perdido su vivienda, y ha valorado la «valentía» del Ejecutivo por impulsar la ley pese a la amenaza del PP de que es inconstitucional.

Según Fajardo, si hay un «cambio de ciclo» en la economía, como defiende el PP, la ley no será anulada por el TC porque «no pone en riesgo» la situación económica, y ha advertido de que en caso de suspensión, quienes pierden «son los canarios».