mar. Sep 17th, 2019

El juez de la Púnica imputa a Aguirre y Cifuentes por la financiación irregular del PP de Madrid

  • García Castellón imputa a las expresidentas los delitos de financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental
  • El juez considera que bajo el mandato de Aguirre se diseñó un «plan» para poner las partidas de publicidad «al servicio del partido»
 

El juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica en la Audiencia Nacional, ha citado como investigadas a las expresidentas de la Comunidad y del Partido Popular de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Según ha adelantado El Confidencial, Cifuentes declarará el 1 de octubre y Aguirre el 18 del mismo mes.

La decisión de García Castellón da respuesta a un reciente escrito de las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez que, basándose en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reclamaban la imputación de ambas exdirigentes por la supuesta financiación irregular de la formación en la Comunidad de Madrid. El juez les imputa los delitos de financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental.

Entre los investigados están el también expresidente regional Ignacio González o los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes. Del ámbito empresarial, el juez ha citado a Javier Monzón, que fue presidente de Indra Sistema entre 1993 y 2015. Además, la tecnológica será investigada como persona jurídica.

La citación de Aguirre y Cifuentes cierra un ciclo de 15 años, entre 2003 y 2018, con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid investigados por corrupción y supone un trámite más para indagar cómo se pagaron las campañas electorales que favorecieron la consolidación en el poder del PP madrileño.

El juez sitúa a Aguirre en reuniones clave donde presuntamente se urdió la caja B del partido. En concreto, resalta que la «supervisión» y el «control» de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de las diferentes consejerías en sus contratos de publicidad se centralizó «al más alto nivel» del gobierno regional, desde donde se diseñó un «plan» para poner las partidas de publicidad «al servicio del partido». A ella le atribuye el rol de supervisora, mientras que sus colaboradores Beltrán Gutiérrez, Ignacio González y Francisco Granados se encargaban del «control directo» y ejecutaban las decisiones de la presidenta.

Los documentos sobre los que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción y que ahora recupera el juez recuerdan que bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) se cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que supuestamente se usaban para mover las donaciones de las empresas hacia la caja B del partido. De todo ello hay pruebas en el sumario de la trama Púnica, que incluye la declaración de algunos empresarios que admitieron pagos irregulares a la formación.

Respecto a Cifuentes, la UCO elaboró un informe en el que la acusaba de haberse saltado trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo hostelero Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, entonces líder de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

El concurso que no cuadra a los investigadores se produjo cuando Cifuentes era vicepresidenta de la cámara regional, miembro del comité de campaña del PP y patrona de Fundescam, la fundación del PP madrileño a la que el empresario donó 60.000 euros. Fernández ya fue condenado por el uso irregular de las tarjetas black de Caja Madrid y está siendo investigado por supuesta financiación irregular del PP precisamente por esta adjudicación.

En el auto conocido este lunes, el juez sostiene que hay indicios de que el PP utilizó Fundescam para ocultar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la patronal «dirigidas a sufragar encubiertamente gastos electorales» de los populares madrileños.
Cambio de rumbo para Aguirre

La apertura de una investigación judicial supone un cambio de rumbo en la trayectoria de Aguirre, que hasta ahora había logrado salir indemne a pesar de que sus principales colaboradores en el partido y en el Gobierno, Francisco Granados e Ignacio González, han pasado por la cárcel y están acusados de graves delitos. Durante los últimos años, la exdirigente resistió mientras iban cayendo cargos a los que ella misma había designado. Pero su suerte ha cambiado este lunes.

Aguirre accedió a la presidencia regional en 2003, tras el tamayazo, y mantuvo ese puesto hasta 2012. Al frente del partido en Madrid estuvo entre 2004 y 2016, cuando dimitió en plena ebullición de la trama Púnica, la macrocausa en la que se analizan adjudicaciones en administraciones públicas (la mayoría del PP) por más de cincuenta millones de euros.

Cifuentes tomó las riendas del PP de Madrid tras la dimisión de Aguirre. Prometió entonces que el «nuevo tiempo» que se abría para los populares madrileños tendría la creación de un «estricto» código ético como uno de sus principales ejes.

Dimitió de ese puesto y de la presidencia de la Comunidad de Madrid en abril de 2018 después de que eldiario.es desvelara que había obtenido un posgrado de derecho autonómico con notas falsificadas. Actualmente permanece imputada por instigar a la falsificación de un documento público para intentar salir del paso de las informaciones de este diario.

Por su parte, fuentes del PP han expresado a Europa Press su respeto hacia las decisiones judiciales, pero han apelado también a la presunción de inocencia.

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