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Canarias Ahora| El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de la isla de La Palma como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil debido a la erupción del volcán en Cumbre Vieja y ha autorizado destinar una primera ayuda de 10,5 millones de euros que se enviarán a la comunidad autónoma para satisfacer las necesidades más urgentes de vivienda y enseres para los afectados.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha calificado este paso como «el más importante» relacionado con la emergencia en este momento para dar ayuda a la isla, donde hace ya diez días se inició la erupción del volcán en Cumbre Vieja que ha provocado que «muchas familias» lo hayan perdido «todo».

Hasta ahora la lava ha destruido casi 600 edificaciones y más de una veintena de kilómetros de carreteras, entre otras infraestructuras. Además, hay más de 6.000 personas evacuadas.

La ministra ha explicado que se da inicio al Plan Especial de Reconstrucción de La Palma, que comienza con esta primera fase de urgencia, pero que después se mantendrá en el tiempo durante la fase de recuperación para que cuando el volcán deje de emitir lava y cenizas se realice una evaluación de daños para iniciar, a continuación, la recuperación de la isla.

Para ello, el primer paso necesario ha sido la «formalidad» de declarar a la isla como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que es la fórmula para incorporar a todos los ministerios en la atención a la emergencia. Por ahora, para atender las primeras necesidades de vivienda y para adquirir los enseres más esenciales de los palmeros, Rodríguez ha anunciado «ayudas concretas» a través de una subvención directa que se remitirá a la comunidad autónoma de Canarias, por un importe de 10,5 millones de euros.

De ellos, ha precisado, se destinarán 5,5 millones a la compra de 107 viviendas y otros 5 millones se repartirán a través de una tarjeta monedero a los afectados para que las familias puedan adquirir los enseres más esenciales.

Asimismo, ha informado de que se irán conformando distintas comisiones para garantizar la agilidad de las ayudas y hacer seguimiento de las mismas de modo que se garantice el rigor, pero teniendo en cuenta la preocupación actual de que «se requiere agilidad» en su tramitación.

Este mismo martes se constituye, además, por videoconferencia Madrid-Canarias la Comisión Mixta de coordinación de las medidas, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e integrada por la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

El Gobierno ha acordado también la constitución de una Comisión Interministerial para la emergencia de La Palma, que se reunirá por primera vez el próximo 4 de octubre de manera telemática.

107 nuevas viviendas

Las viviendas arrasadas por la lava, explica el Gobierno, en ningún caso podrán ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban. Para realojar a las personas afectadas, el Gobierno de Canarias está gestionando la adquisición de viviendas tanto existentes como provenientes de promociones de obra nueva recientemente finalizada o en curso.

El Gobierno de España va a participar cofinanciando esa adquisición. El Real Decreto aprobado este martes concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para cofinanciar la compra de 107 viviendas en la isla de La Palma para destinarlas al alojamiento, temporal o definitivo, de familias afectadas con la pérdida o daño de su vivienda habitual como consecuencia de la erupción volcánica.

Canarias deberá destinar el importe íntegro de la subvención a la adquisición tanto de esas 107 viviendas como a la concesión de ayudas a los damnificados para la adquisición de los enseres de primera necesidad necesarios para la habitabilidad de las viviendas.

Zona catastrófica

Además de esta ayuda, la declaración de la isla de La Palma como ZAEPC (Zona Catrastrófica) abre la fase de recuperación de la catástrofe a medio y largo plazo, una recuperación que se dará por finalizada hasta que todas las personas afectadas hayan recuperado la normalidad. 

El Acuerdo aprobado este martes detalla que la erupción volcánica forzó la evacuación preventiva de 6.000 personas de las poblaciones afectadas por las coladas de lava, que han causado daños en infraestructuras y bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.

Asimismo, indica que se han alterado redes del transporte de personas y mercancías, con el corte de carreteras y la prohibición temporal de la navegación marítima en la zona del oeste de la isla de La Palma, así como suspensión de actividades escolares en algunos de los municipios afectados.

Aunque el volcán sigue activo, las características de esta emergencia, en particular su intensidad y su duración en el tiempo, han impulsado al Gobierno a habilitar ya la adopción de medidas extraordinarias paliativas, para lo que cada departamento ministerial debe determinar las iniciativas que corresponde adoptar en el ámbito de sus respectivas competencias, ha explicado el Ejecutivo.

Ayudas para todos los sectores

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros incluye una lista no exhaustiva de medidas a adoptar para paliar las consecuencias de la erupción volcánica en La Palma, que son las siguientes:

·     Ayudas para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, incluyendo tanto la destrucción total como las reparaciones necesarias para volver a ser utilizadas.

·     Ayudas para la reposición de enseres de primera necesidad que hayan resultado destruidos o dañados.

·     Ayudas para alquileres de viviendas tanto para las personas que tenían viviendas en ese régimen como para las que hayan de arrendarlas como consecuencia de la destrucción o necesidad de reparación de las que tenían en propiedad o en usufructo.

·     Gastos de emergencia en que hayan incurrido los ayuntamientos para garantizar la vida y la seguridad de las personas o el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

·     Subvenciones a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad local.

·     Ayudas por daños en explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas o forestales, incluyendo, entre otros, los gastos derivados de la muerte de animales.

·     Ayudas por daños en instalaciones de acuicultura marina.

·     Ayudas para la promoción del turismo y la dinamización industrial de la zona afectada.

·     Actuaciones para la regeneración medioambiental.

·     Medidas laborales y en materia de prestaciones por desempleo.

·     Bonificaciones y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social.

·     Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

·     Exenciones de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas.

·     Reducciones fiscales especiales para las actividades agrícolas y ganaderas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

·     Bonificaciones en aranceles notariales y registrales cuando afecten a viviendas y locales o establecimientos mercantiles, industriales o de servicios que hayan resultado destruidos.

·     Líneas preferenciales de crédito, subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial, para cubrir los costes derivados de la reposición o reparación de instalaciones y equipos.

Todas estas ayudas, subvenciones y bonificaciones, una vez determinadas, se integrarán y se aprobarán mediante la disposición legal correspondiente. Su valor no podrá superar la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o que correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.

Real Decreto-Ley con medidas en materia laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado además un Real Decreto-Ley con medidas en materia laboral que incluye la figura de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo específico para las empresas de Canarias afectadas por la erupción volcánica, vigentes en principio hasta el 28 de febrero de 2022.

Las empresas a las que se les autorice un ERTE tendrán derecho a los beneficios extraordinarios y el tiempo que los trabajadores perciban la prestación por desempleo no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.

Asimismo, el Gobierno pone en marcha ayudas específicas para las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia afectados por la emergencia en La Palma y que se vean obligados a cesar o suspender su actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica.

Estos autónomos podrán percibir la prestación por cese de actividad, sin que los cuatro primeros meses computen a efectos de consumir los periodos máximos de percepción, considerándose como cumplido el requisito de periodo mínimo de cotización de doce meses.

Comisión mixta para el seguimiento de las medidas

En el Acuerdo del Consejo de Ministros que declara la isla de La Palma como ZAEPC se incluye la constitución de la Comisión Mixta para el seguimiento de las medidas presidida por Pedro Sánchez, que celebra su primera reunión por videoconferencia este martes y en la que participan el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños (coordinador de la Comisión Mixta); el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

En representación de la Comunidad Autónoma de Canarias participa el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez; la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, y el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera.

Además participan el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata; la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García; el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, y el alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez.

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