El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, una partida de 21,3 millones de euros para poner en marcha una nueva convocatoria de la ayuda general al alquiler, de la que se beneficiarán miles de familias con pocos recursos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Obras Públicas explica que esa asignación de 21.372.649 euros es la mayor que el departamento ha destinado en el último decenio a pagar esas ayudas de carácter bienal, suponiendo un incremento del 22% respecto a la cantidad global que se pagaba hasta ahora, que era de 17.500.000 euros.

La Consejería elevó hoy al Consejo la autorización del gasto correspondiente a la tramitación anticipada de la convocatoria de subvenciones, cuya finalidad es facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía con escasos recursos económicos, ya sean familias o jóvenes que buscan su primera vivienda, mediante ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias del derecho de uso. Estas ayudas forman parte de uno de los ejes principales del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el que se pretende apoyar a las familias con menos recursos a pagar los alquileres de sus residencias habituales.

La ayuda, que se convocará en las próximas semanas, se concretará en subvencionar entre el 40 y el 50% del alquiler o de la cesión de uso de la vivienda habitual, o de una habitación, durante el periodo 2022-2023. El importe previsto de la actuación es de 21.372.649 euros, de los que 16,5 millones los aporta el Gobierno central a través del Plan estatal de Vivienda, y los otros 4,7 millones, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

En la anterior convocatoria, la de 2020-2021, el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) abonó a más de 6.000 familias con pocos recursos las ayudas, unas asignaciones que por primera vez fueron abonadas en 2021 coincidiendo con el mismo año de la convocatoria. Hasta hace tres años, estas ayudas se pagaban una vez superada la convocatoria, es decir, a los dos años de solicitarlas, con el trastorno económico que ello supone para las familias beneficiarias.

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