El Gobierno canario, si las cuentas autonómicas del próximo año consolidan las cuantías solicitadas, habrá aumentado durante este mandato más de un 40% las partidas presupuestarias destinadas a la participación económica en los consorcios de bomberos, al pasar de 3.300.093 euros en 2019 y 2020, a 4.676.105 en 2023, según ha explicado, en la sesión plenaria celebrada esta semana en el Parlamento de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

En concreto, el consejero ha detallado que, en 2019 y 2020, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife recibió 1.801.374 euros; el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, 1.166.374; y el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, 332.345 euros.

En 2021, la aportación del Gobierno canario registró un incremento del 12%, aportando, 2.017.539 euros, 1.306.339 euros y 372.227 euros, respectivamente. Este año, 2022, ha vuelto a incrementarse el montante un 26,51% con relación a 2021, siendo las cantidades comprometidas de 2.552.477 euros, 1.652.707 euros y 470.921 euros. Para el ejercicio de 2023, la propuesta realizada por el departamento que dirige Julio Pérez a Hacienda consolida las asignaciones de 2022.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en que a lo largo de este mandato el Gobierno ha cumplido con lo prometido en materia de consorcios de bomberos ya que “presupuesta y paga”. Además, ha indicado que en estas cantidades presupuestarias no están incluidos los casi 730.000 euros –297.379 euros, Gran Canaria; 287.063 euros, Tenerife; y 143.300, Lanzarote– que se añadirán como consecuencia de las intervenciones de los consorcios en distintas emergencias que han tenido lugar en el archipiélago, en particular la de la erupción volcánica de La Palma.

“Los consorcios no son solo consorcios de bomberos, son consorcios de emergencia, que intervienen en otra serie de servicios, que están muy profesionalizados”, ha remarcado Julio Pérez, quien ha aclarado que el Ejecutivo tiene en mente “expandir una idea autonómica y regional” de estos cuerpos y mantener esta política de refuerzos y ampliación de sus funciones.

Por otro lado, en relación al desarrollo de este servicio en la isla de La Graciosa, ha apuntado que, más que una cuestión económica, antes de implantarlo hay que analizar el mecanismo a aplicar ya que se necesitan vehículos permanentes en la isla y asegurar la comunicación con esta.

“La Graciosa requiere no solo dinero, sino una sensibilidad particular que tenemos que aprender de la ciudadanía y de las instituciones de Lanzarote para aplicar a nuestra política”, ha agregado el consejero.

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