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El primer Consejo de Ministros tras el parón estival aprobó este martes el proyecto de ley para la reforma de las pensiones. El texto recoge buena parte de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño y es futro del acuerdo suscrito en julio por Gobierno, patronal y sindicatos.

La nueva ley de pensiones deroga la reforma acometida en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy que incluía el conocido como factor de sostenibilidad.

La norma fijará un nuevo marco estable de revalorización de las pensiones. El nuevo mecanismo prevé que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada.

Con este nuevo mecanismo se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y se corrige definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación está suspendida desde 2018.


Complemento de pensión para las trabajadoras que han tenido hijos en su vida laboral


El secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, cree que la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de Ley pensiones es una “buena noticia, un paso más en la tramitación de una importante reforma que supone retomar el marco de consenso político y social que nunca se debió de abandonar en esta materia”.

Bravo ha recordado que el acuerdo alcanzado en julio da continuidad al amplio acuerdo parlamentario alcanzado en el Congreso en noviembre de 2020 con las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo y, por lo tanto, “confiamos en que sea tramitado y aprobado en los próximos meses, dando con ello lugar a la derogación de la reforma del año 2013 y a que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro”.

El acuerdo garantiza una financiación presupuestaria adicional muy importante a la Seguridad Social, que va a dejar de financiar políticas de interés general, de empleo, de igualdad, de apoyo sectorial, entre otras, subraya el sindicato.

Además, reconoce nuevos derechos a los jóvenes, a los cuidadores y cuidadoras de personas dependientes, a los trabajadores y trabajadoras del campo o a las parejas de hecho, que veían reconocida una menor protección social en materia de Seguridad Social.

El dirigente sindical ha indicado que en los próximos meses se va a llevar a cabo una triple actuación. Por un lado, se va a tramitar este proyecto ley, mientras que, por otro lado, se va a tener que abordar el desarrollo de algunos aspectos del acuerdo que no estaban incluidos en este proyecto Ley y que requieren desarrollo específico.

Por otro lado, «la negociación de esta segunda fase, después de la primera, tiene que abordar cuestiones como la mejora de las pensiones mínimas, acordar un incremento de las bases máximas de cotización, establecer mecanismos que nos permitan garantizar la sostenibilidad y suficiencia de nuestro sistema de pensiones, mejorando las mismas, y, por último, acordar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional , “que tenga una definición adecuada y no restrictiva como creemos que es posible”, ha asegurado.

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