El Gobierno amplía el plazo para que las familias que cobran la PCI y esperan por el Ingreso Mínimo Vital no tengan que devolver las cuantías

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Las familias que estén cobrando la Prestación Canaria de Inserción y esperando por la nueva ayuda estatal seguirán cobrándola y no tendrán que devolver las cuantías percibidas una vez la reciban

El Consejo del Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la ampliación del plazo de compatibilidad completa entre la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) hasta el 31 de diciembre de 2021.

De esta forma, las familias solicitantes de la prestación estatal y que actualmente cobran la PCI no tendrán que devolver las cuantías recibidas de la renta autonómica si finalmente el Ingreso Mínimo Vital resulta concedido.

Hay que recordar que actualmente, para poder pedir la PCI, uno de los requisitos es haber solicitado previamente el Ingreso Mínimo Vital. Por tanto, una vez que la solicitud de la prestación estatal se resuelva, se pueden dar dos situaciones: por un lado, que la resolución del IMV sea positiva, en cuyo caso, la persona recibirá el IMV con efecto retroactivo a la fecha de su solicitud sin tener que devolver las cuantías recibidas por la renta autonómica. Por otro lado, si la resolución del IMV es negativa, la persona beneficiaria deberá comunicarlo a su trabajadora social y podrá continuar percibiendo la PCI.

Canarias es una de las comunidades autónomas pioneras en adaptar su normativa autonómica a la prestación estatal. El objetivo es ofrecer protección y seguridad jurídica a las familias más vulnerables que, de no tomar esta iniciativa, se podrían ver obligadas a realizar cuantiosos reintegros.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -encargado de gestionar el IMV-, a fecha 28 de febrero de 2021, 8.944 unidades de convivencia están percibiendo esa prestación en Canarias.

A estas se suman las 7.357 familias que se encuentran actualmente percibiendo la PCI -de ellas, unas 700 unidades de convivencia reciben ambas prestaciones de forma complementaria sin superar nunca las cuantías máximas que establece el IMV-. En total, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos.

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