29/03/2020

El Estado de Alarma, la Constitución y el rey

Domingo Sanz: Nacido 1951, Madrid, Ciencias Políticas. Cárcel y todo eso, 1970-71. Licenciado en 1973. Director comercial empresa privada industrial hasta de 1975 a 1979. Traslado a Mallorca. de 1980 a 1996 gerente y finanzas en CC.OO. de Baleares. Actualmente jubilado pero implicado, escribiendo desde verano de 2015. _____________________________

De manera inaceptable, Pedro Sánchez comenzó su declaración institucional sobre la declaración inmediata del Estado de Alarma con las siguientes palabras:

“Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el Estado de Alarma en todo nuestro país, España, durante los próximos quince días”.

Los estados de alarma, excepción y sitio están regulados en el artículo 116, perteneciente al Título V de la Constitución vigente, denominado “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”.

El citado artículo 116 contiene 293 palabras, sin hacer referencia en ningún momento ni al “rey” ni al “jefe del estado” ni a la “monarquía” ni a ninguna denominación equivalente. Es decir, Felipe VI no tiene ninguna función a cumplir en el caso de Estado de Alarma.

Por si acaso la Constitución incluyera otra trampa, como esa del artículo 14 en la que dice que “los españoles son iguales ante la ley” pero después, en el 56, dice que “la persona del Rey es inviolable”, busco también en el Título II, “De la Corona”, por si se le atribuyeran al rey funciones en estados de alarma, y nada se dice al respecto.

Abro paréntesis para reclamar a la RAE que, habiendo incluido en el Diccionario del idioma español la palabra “inviolable” que significa que “No se debe o no se puede violar”, incluya también, porque en equidad lingüística corresponde, la de “violable”, que no aparece, aunque, evidentemente, es la condición que padecemos los 47 millones de españoles restantes, pues según la Constitución el rey es el único excluido de las “violaciones” que aplica la Justicia con sus sentencias.

Mientras espero los detalles del Estado de Alarma que aprobará el Consejo de Ministros esta misma mañana de sábado, que supongo que tendrán en cuenta la estructura descentralizada del Estado español y no aprovecharán la ocasión para mayor autoritarismo del estrictamente necesario, preguntaré a Sánchez sobre lo de ayer.

¿A qué viene que el presidente del gobierno le haya concedido al “jefe del estado”, que es un rey, el privilegio de ser informado del Estado de Alarma antes que al resto de los españoles?

¿Acaso esperaba Pedro Sánchez que el rey le dijera algo que le hiciera cambiar de idea?

Y si se trataba de tener una deferencia hacia el rey, ¿qué méritos ha hecho el inviolable para merecer mayor respeto que 47 millones de españoles?

En cambio, y aunque el punto 2 del artículo 116 dice lo siguiente:

  • El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

Nada ha dicho Pedro Sánchez del Congreso de los Diputados en su comparecencia sin opción a preguntas de la prensa. Teniendo en cuenta que el Congreso ha suspendido sus sesiones por la misma pandemia que se decreta el Estado de Alarma, no hubiera estado mal que Sánchez manifestara hacia los representantes de todos los españoles tanto respeto, al menos, como hacia el rey, que nada puede hacer sobre el Coronavirus salvo cargar de trabajo extra al personal sanitario anunciando, como ya hizo, que él y los miembros de su familia se habían hecho el test.

Al rey de España, ni agua. Se trata de alguien que podría estar robando, como muy probablemente hizo su padre …. una persona que sigue pudiendo cometer hasta el crimen más execrable sin que le ocurra absolutamente nada gracias a la inviolabilidad constitucional de que disfruta.

Este rey de España, Felipe VI, es un ser detestable. Si tuviera el sentido de la decencia exigible en el siglo XXI, lo que tendría que haber hecho hace ya mucho tiempo es solicitar al gobierno y al Congreso su pase a un estado de abdicación provisional hasta que los españoles decidan democráticamente la forma de estado que quieren dotarse.

Pero Felipe VI es aún peor que detestable, porque tras conocerse lo que él sabe desde siempre, todas esas corruptelas de su padre que terminarían por salir a la luz, ya está tardando en abdicar unilateralmente, al menos hasta que el Congreso de los Diputados modifique la Constitución para suprimir la inviolabilidad de la que goza, un privilegio que nos avergüenza como país.

Pero lo cierto es que el rey de turno, en España, forma un tándem con el gobierno, también de turno y sea cual sea este, para impedir el avance de la democracia y de las libertades.

Felipe VI, al contar con la protección legal del poder judicial, y también de las fuerzas armadas, aunque esta no se note tanto, es el representante de una monarquía que aporta la coartada de autoritarismo amenazante contra el pueblo que todo poder ejecutivo desea disponer.

Por eso, el presidente del Gobierno hace referencia al rey, sin que venga a cuento, en los momentos más solemnes y de máxima audiencia y emoción. Y le llama jefe del estado para ocultar que es el resultado de un simple acto sexual entre privilegiados.

Como la vida sigue con o sin Coronavirus, en algunos medios aún se atreven a seguir informando sobre las investigaciones en Suiza del rey anterior.

 

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