28/11/2020

El Cabildo de Tenerife lleva a la Fiscalía el pago de 17 millones en facturas sin justificar

Los servicios jurídicos de la Corporación insular vinculan las presuntas irregularidades con el antiguo jefe del servicio de Carreteras, al que se le abrió un expediente disciplinario por los hechos ahora denunciados

La Fiscalía investiga la gestión de 17 millones de euros en facturas sin justificar y en gastos no autorizados en el área de Carreteras y Paisajes del Cabildo de Tenerife. Fueron los servicios jurídicos de la Corporación los que se dirigieron al Ministerio Público este mismo mes al detectar indicios de delito en actuaciones llevadas a cabo, sobre todo, en el anterior mandato (2007-2011). El actual responsable insular de esta Consejería, José Luis Delgado (PSOE), confirmó ayer a la opinión de tenerife que estos hechos han sido denunciados por la Institución para que se esclarezcan, aunque puntualizó que «por respeto» a la investigación no iba a hacer más declaraciones. Sin embargo, Delgado ya advirtió en una entrevista en 2012 de que se habían «encontrado facturas por un importe de 17 millones de euros y con varios conflictos en contratos de obras».

Según fuentes consultadas por la opinión de tenerife, estas irregularidades están relacionadas principalmente con diversos concursos públicos para la conservación de las carreteras y, supuestamente, con contrataciones a dedo e incluso el pago de una misma factura varias veces. Ya la anterior consejera, Vicenta Díaz, denunció a través de una carta presuntas irregularidades en el departamento que dirigía. Semanas después de las elecciones de 2011, ella falleció a causa de una larga enfermedad y la responsabilidad del área insular recayó en José Luis Delgado.

En agosto de 2012, Delgado reconoció en una entrevista la existencia de 17 millones de euros en facturas no justificadas y «conflictos en contratos de obra». Esos recibos sin partida presupuestaria asignada fueron abonados a través del plan de pago a proveedores. No obstante, no fue hasta finales de 2013 cuando se decidió abrir un expediente de información reservada para investigar las presuntas irregularidades halladas por ambos responsables políticos.

Los servicios jurídicos de la Corporación insular detectaron indicios de delito que, presuntamente, estarían vinculados con el antiguo jefe del servicio de Carreteras. Según estas fuentes, tras recabar toda la documentación relativa a estos casos, se le abrió un expediente disciplinario al funcionario del Cabildo.

A finales de junio, la Corporación aprobó reestructurar el organigrama, un cambio que implicó crear un área. El jefe del servicio de Carreteras fue relevado de su puesto y reasignado en el nuevo departamento de Coordinación de Turismo y Proyectos Estratégicos. La persona encargada de asumir el puesto de coordinador de Turismo fue el exconsejero regional de Economía Miguel Becerra, estrenándose en la Institución con este cargo y pasando a tener bajo sus órdenes al funcionario expedientado y a Ofelia Manjón, hasta ese momento también directora insular de Carreteras.

Los instructores finalizaron la investigación interna a comienzos de verano y, tras redactar el correspondiente informe, lo remitieron a la Fiscalía Provincial este mismo mes de octubre.

Se trata de un nuevo polémico caso que salpica al Cabildo de Tenerife. Hace una semana, de hecho, se conocía la noticia de la detención de un alto cargo de una empresa de la Corporación después de presentarse una denuncia contra él por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental. El caso fue llevado ante la Justicia por la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi) y la Institución insular, que señalan al director financiero de esta entidad, Andrés Pedreira, como presunto autor de los citados delitos. De momento, ha admitido haberse apropiado de grandes cantidades de dinero público.

A estos asuntos hay que sumar la controvertida compra de vino peninsular que realizó Bodegas Insulares de Tenerife. Según determinó la investigación realizada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, dichas compras son legales, aunque levantó fuertes críticas por parte del sector y el propio Cabildo desde que saltó el tema a finales de septiembre. Se trata de una sociedad cuyo principal accionista es la Institución y el caso está relacionado con la adquisición de 111.187 litros de caldo de La Mancha entre 2012 hasta la actualidad. El consejero delegado hasta el mes pasado, José Luis Savoie, dimitió después de reconocer que fue él quien autorizó las transacciones.
A la pregunta de si temía que volviera a salir a la luz un asunto de estas características, antes de hacerse pública la investigación que está llevando la Fiscalía en Carreteras, el presidente insular, Carlos Alonso, dijo que en lo que está «ocupado es en lo principal: llevar a cabo la ejecución del presupuesto, tener una clara dirección política, ocuparme de los problemas de los ciudadanos, que básicamente están relacionados con el empleo, y seguir gobernando». «Las cosas cuando salen mal hay que resolverlas, rectificar y seguir para delante», puntualizó.

El mandatario tinerfeño señaló que en los casos de Sinpromi y del vino, que «no tiene nada que ver el uno con el otro», el Cabildo «ha rectificado y ha puesto las medidas para solucionarlo». En el primero, indicó que hay una persona que «ha defraudado» la confianza dada y que lo hay que hacer es «perseguirlo y esclarecerlo todo». En el segundo, ha sido «un error pero hay otros problemas que tiene el sector que hemos intentado solucionar, como el excedente de uva», agregó.

m. á. autero / ylenia lorenzo

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