Condenada a 6 meses de prisión por intrusismo profesional una mujer británica que ejercía como podóloga sin título ni colegiación

  • La condenada realizaba, desde 2018, tratamientos de hongos y verrugas en los pies que publicitaba en diversas páginas web
  •  La denuncia había sido realizada por el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias. Su presidenta critica la pasividad de la Consejería de Sanidad, que no persigue estos delitos y que solo inspecciona a centros acreditados: “Se penaliza al profesional, en vez de al intruso”

El Colegio Oficial de Podólogos de Canarias ha dado a conocer la sentencia firme dictada por la jueza María Luisa Vera, del Juzgado de lo Penal N° 3 de Arrecife, que condena a la ciudadana británica K.D. a la pena de 6 meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a hacerse cargo de las costas del procedimiento.

La sentencia recoge como hechos probados que la acusada K.D., nacida en Reino Unido, sin antecedentes penales, “a sabiendas de que no estaba en posesión de título que le habilitara para ejercer como podóloga en España y sin estar colegiada” en el Colegio de Podólogos de Canarias, “desde abril del 2018 se venía publicitando en distintas páginas, web ofreciendo realizar funciones propias de podólogo sin los requisitos legalmente exigidos por la legislación española, y realizando actuaciones propias de dicha profesión, tales como diagnóstico y tratamiento de hongos y verrugas en los pies”.

La pena a la que ha sido sentenciada se corresponde a la solicitada por el Ministerio Fiscal durante el juicio oral. La defensa mostró su conformidad y la acusada “reconoció los hechos por los que venía siendo acusada, y manifestó estar de acuerdo con la acusación formulada y con las penas solicitadas, aceptando las mismas de forma libre y voluntaria”. Tanto la acusada como el Colegio de Podólogos de Canarias, como demandante,  manifestaron su intención de no recurrir la sentencia por lo que la misma fue declarada firme en dicho acto.

Los hechos probados son constitutivos de un delito de intrusismo profesional, previsto y penado en el artículo 403  del Código Penal. Los responsables criminales también lo son civilmente, como dispone el articulo 129 del Código Penal, pero en el presente caso, no se ha reclamado ninguna cantidad.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no interviene nunca en estos casos y deja a los Colegios como únicos garantes de la persecución de estos delitos.

La presidenta del Colegio de Podólogos de Canarias, Verónica Ruiz Martín, asegura que “tristemente situaciones así se repiten a diario”. “Nos llegan denuncias de compañeros o pacientes manifestando que hay centros irregulares o donde no queda acreditada la titulación del profesional. Cuando el Colegio conoce un caso de intrusismo lo pone en manos de sus servicios jurídicos y se inician los pasos necesarios según el caso. Por desgracia, nos vemos solos en la lucha contra el intrusismo, ya que desde el servicio de Acreditación de la Consejería de Sanidad nunca hemos recibido apoyo: la respuesta cuando presentamos las denuncias es que solo inspeccionan centros acreditados, es decir, aquellos que sí tienen licencia y que, por tanto, están regularizados y cumple las normativa. Se penaliza al profesional en vez de al intruso», manifiesta la presidenta del Colegio de Podólogos de Canarias.

«Dado que los recursos de los colegios son limitados y sus infraestructuras pequeñas, nos vemos desbordados logística y financieramente», sentencia Verónica Ruiz Martín.

 

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