CCOO denuncia la opacidad y arbitrariedad en la gestión canaria de los fondos de recuperación

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El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres complica aún más el proceso de estabilización de empleo del personal laboral aprovechando el decreto-ley al sustituir el concurso de méritos por el concurso-oposición

El sindicato considera que el decreto-ley de medidas urgentes para la gestión del instrumento europeo de recuperación daña considerablemente a la administración regional y supondrá un ineficiente reparto

Denuncia que se favorece la contratación de personal político sobre la promoción de empleados independientes


 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denunció este martes que un Gobierno como el canario, de corte progresista, “se niegue al diálogo con los representantes de los empleados públicos y apruebe unilateralmente el decreto-ley de medidas urgentes para la gestión del instrumento europeo de recuperación “Next Generation EU”. Para el sindicato, esta norma no solo daña las condiciones de los trabajadores de la administración, al endurecer considerablemente los procedimientos de acceso, sino que deteriora considerablemente la calidad de un unos servicios públicos ya arrasados por los anteriores gobiernos de derechas. Por si esto fuera poco, explica FSC-CCOO, la opacidad en la forma en que se repartirán los fondos “arroja serias dudas sobre que estos lleguen a las personas y las empresas que más lo necesitan”.

Conviene recordar que el decreto-ley pretende regular en Canarias, los aspectos no básicos del real decreto-ley estatal 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, singularmente en los aspectos de planificación estratégica para la gestión de los fondos europeos, de organización y de gestión de los recursos humanos.

El sindicato no entiende por qué el Gobierno de Ángel Víctor Torres se ha negado a tomar siquiera en consideración las objeciones planteadas por CCOO, una de las cuales es el rechazo a que el consejo coordinador de estas ayudas esté integrado tan solo por políticos, cuando a nivel estatal lo conforman empleados públicos con experiencia en la gestión. Asimismo, si bien la norma estatal encomienda la gestión ordinaria de los proyectos a sus propios empleados públicos, en Canarias, el Gobierno ha preferido recurrir a la figura del “personal político-directivo”, que será reclutado externamente mediante contratos de alta dirección y seleccionados mediante “procedimientos ágiles”.

Esto puede abocar al incremento de la tasa de temporalidad ya existente en la Comunidad canaria y el empeoramiento de la situación de provisionalidad del personal funcionario y laboral fijo, que se creará mediante la asignación a las unidades administrativas provisionales con nombramientos discrecionales por parte de la administración autonómica. A juicio del sindicato, esta discrecionalidad supone una externalización de facto de la gestión de los fondos, lo que no contribuye a la mejor fiscalización del reparto, algo que debería quedar en mano de funcionarios independientes.

Igualmente, mientras que la norma nacional prevé el fomento de la capacitación y el reconocimiento de los empleados públicos, el proyecto presentado por el Gobierno de Canarias no prevé nada de esto, salvo el reconocimiento y gratificación del personal “político-directivo” nombrado a tal efecto.

Endurecimiento de las condiciones para estabilizar el empleo

El sindicato considera particularmente grave y arbitrario que el Gobierno canario haya aprovechado este decreto-ley para endurecer considerablemente los procedimientos de acceso al empleo público, no solo en la administración regional, sino también en las corporaciones locales.

Cuando el debate abierto es reducir la alta temporalidad del personal de la administración, el Gobierno elimina el procedimiento de estabilización por la vía del concurso de méritos, sustituyéndolo por el concurso oposición, cuestión que, señala el sindicato, “no guarda ninguna relación con el reparto de los fondos europeos, pero complica, y mucho, la estabilización del empleo público”.

Una decisión como esta, afirma FSC-CCOO debería suponer el cese inmediato de la directora general de la Función Pública de Canarias, que ha adoptado esta insólita medida vulnerando el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.

El Gobierno da la espalda a los empleados públicos

Para FSC-CCOO resulta “muy grave” que ante argumentos expresados de forma razonable, con documentación acreditativa y con el único afán de debatirlos buscando el beneficio de la ciudadanía, el ejecutivo regional opte por el silencio y “por dar la espalda a los empleados públicos, que son los mismos a los que se ha pedido un esfuerzo extraordinario en la lucha contra la pandemia y a los que ahora se les niega la palabra cuando se trata de la recuperación”.

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