27/10/2020

Cáritas de Tenerife detecta un aumento de las peticiones de ayuda urgente en el sur y el área metropolitana de Santa Cruz

  • La red de acogida de la entidad ha dado respuesta a más de 6.000 demandas de familias desde que se decretó el Estado de Alarma en nuestro país

Tras la declaración del Estado de Alarma en nuestro país, y ante el aumento del impacto e incidencia del Coronavirus (COVID-19), Cáritas Diocesana de Tenerife puso en marcha una serie de medidas extraordinarias destinadas a garantizar la atención de los colectivos de mayor vulnerabilidad.

En este sentido, se han mantenido en su gran mayoría los puntos de atención a familias y personas vulnerables con los que Cáritas cuenta en el territorio diocesano, ubicados en las diferentes parroquias y arciprestazgos. En concreto, en la actualidad están abiertos112 puntos de atención. Mientras, en las labores de información, orientación y cobertura de ayudas básicas están implicados directamente más de 305 agentes de la entidad, (224 personas voluntarias y 67 sacerdotes), así como el equipo técnico del Departamento de Animación al Territorio, que está formado por 15 profesionales.

Desde el pasado 23 de marzo, Cáritas Diocesana de Tenerife tiene en funcionamiento una línea de atención telefónica para canalizar las posibles demandas de ayuda y asistencia por parte de la población, aparte de las vías habituales de contacto a través de las parroquias y puntos de atención de la Diócesis. A través de esta línea (662865326), y también de nuestras redes sociales y la página web (www.caritastenerife.org), se han registrado más de 1.900 demandas de personas que han contactado para pedir información, asesoramiento y, sobre todo, apoyo con la cobertura de alimentación y otras necesidades básicas.

En cuanto a las respuestas ofrecidas por la entidad, en el mes de abril se registraron 3.175 atenciones a hogares/familias, de los cuales 695 fueron nuevas solicitudes. Mientras, en el mes de mayo se realizaron un total de 3.121 atenciones, de las cuales 348 fueron nuevas solicitudes.

A estas demandas de las familias se está pudiendo dar respuesta con fondos propios de la entidad, mediante la entrega de vales/tarjetas de compra en supermercados o entrega de packs de alimentos no perecederos. De igual modo, también se está apoyando la compra de medicamentos mediante vales en las farmacias y la adquisición de bombonas de gas butano.

Por zonas geográficas, la mayor demanda de ayudas proceden del Sur de Tenerife, en concreto de los arciprestazgos de Granadilla e Isora (sobre todo de personas residentes en los municipios de Granadilla, Arona, Adeje y Guía de Isora), así como el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, especialmente Taco, Santa Cruz Centro, La Salud, La Cuesta y Ofra.

El aumento del desempleo, y las limitaciones impuestas por el Estado de Alarma a los sectores productivos del Archipiélago, nos lleva a pensar que durante los próximos meses las peticiones de ayuda que nos llegan podrían continuar creciendo. No obstante, desde Cáritas se aplaude la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital, ya que entendemos que supone un “paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa”, que además “nos dignifica como país, al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas y nos acerca a la media europea en materia de ingresos mínimos”.

En esta línea, creemos que “era necesaria la existencia de un suelo mínimo estatal común en todo el territorio, que limitara las inequidades”. Este es un objetivo que queda cubierto con este ingreso mínimo vital, al “asegurar un mismo derecho efectivo independientemente del lugar de residencia y de los posibles cambios residenciales que se puedan producir”.

Algo sumamente importante para Cáritas es que este recurso trata de evitar la pobreza severa, dando una especial atención a los hogares con hijos, aunque pierde capacidad protectora en los hogares de las familias más numerosas. Valoramos, además, de forma positiva “el reconocimiento que el Real Decreto-ley hace de los procesos de inclusión social, sin que sean una condición imprescindible para poder acceder al ingreso mínimo vital”.

El Real Decreto-ley, sin embargo, todavía deja muchos aspectos sujetos a un desarrollo reglamentario posterior. La forma en cómo se acometa este desarrollo será esencial para dar respuesta a una realidad de exclusión social que es muy compleja y a la que el Ingreso Mínimo Vital no da respuesta completa. En este sentido, la participación de las organizaciones sociales en la elaboración del desarrollo reglamentario podrá asegurar una mejor y mayor respuesta a la realidad.

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