lun. May 27th, 2019

Canarias: memoria histórica, retales de memoria, desmemoria y amnesia

En las Canarias Occidentales -Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro- hubo unos dos mil desaparecidos, de los que más de mil seiscientos fueron asesinados en Tenerife. los cuerpos de la mayoría, arrojados al mar o enterrados en fosas anónimas, no han sido encontrados

Acción Ciudadana y Falange Española fueron las organizaciones paramilitares encargadas de la represión, de ellas salió el grueso de los integrantes de las ‘Brigadas del Amanecer’, cuadrillas de asesinos que fueron completadas con miembros del Ejército y de la Guardia Civil

Los militares rebeldes fueron el principal poder fáctico y oficial en las Islas, sobre todo durante la guerra, por lo que fueron los máximos responsables de lo acaecido. La Iglesia no hizo nada para detener la matanza; al contrario, muchos de sus miembros la justificaron y alentaron

La postura de la oligarquía canaria no se debe a una mera inercia, ya que reflexionar sobre lo ocurrido durante la guerra civil y la larga posguerra le llevaría a reconocer la ilegitimidad de su poder y de los beneficios que la situación le supuso y le supone

La actuación del franquismo en Canarias durante la guerra civil y la posguerra fue un genocidio, una guerra de exterminio, unos asesinatos masivos realizados de forma consciente bajo una dirección política y con el objetivo de destruir las organizaciones populares que ponían en cuestión el poder y los privilegios de las castas gobernantes. Pero estas acciones no las realizaron sólo el Caudillo y sus ministros, sino que contaron con la colaboración de amplios sectores de las clases dirigentes locales, que nunca han reconocido que hubieran cometido nada ilegítimo, ilegal e injusto. A eso se debe en gran parte el hecho de que la memoria histórica de aquellos años terribles sea sistemáticamente silenciada. Ramiro Rivas García es historiador, autor de la obra ‘Tenerife 1936. Sublevación militar, resistencia y represión’

La recuperación de la memoria histórica de los años de la guerra civil y el franquismo en Canarias tropieza con muchos obstáculos. El Archipiélago constituye, a mi juicio, el área más atrasada del Estado español en este sentido, el lugar donde se han producido y se mantienen las mayores resistencias a avanzar y ello obedece, sin duda, a la naturaleza de los acontecimientos a recuperar. Se ha constatado, sin embargo, que existe un ansia popular por conocer lo que pasó. La mejor prueba es que todo lo publicado sobre la guerra civil en Canarias ha sido un éxito de ventas, y a pesar de que el conocimiento que se tiene sobre algunos de estos acontecimientos históricos es disperso, fragmentario, desigual, inclusive confuso y con enormes vacíos, es cierto que hoy se conocen bien muchos de los hechos más importan­tes, su desarrollo, sus consecuencias, sus autores y sus víctimas. Aún así se mantiene un espeso silencio oficial y hay, además, como un cierto manto de temor e incomodi­dad cuando se trata de mencionar los actos más escabrosos del período.

HEREDEROS DEL FRANQUISMO. ¿Cuáles son las razones para que se produzca, aún hoy, el silencio, el desinterés oficial, la incomodidad incluso, de los diversos grupos políticos que gobiernan el Archipiélago a todas las escalas administrativas? Esta pregunta nos lleva a otra: ¿Por qué en Canarias la investigación histórica sobre la guerra civil y la posguerra, el franquismo, es casi inexistente, no ha habido el más mínimo interés oficial en recoger y recuperar testimo­nios, memorias, documentos, imágenes? ¿Por qué siguen cerrados algunos archivos, o son de muy restringido acceso? Creo que la respuesta es sencilla, pero antes de darla permítanme que les cuente una anécdota: estoy escribiendo este artículo en un municipio costero del Sur de Tenerife, gobernado por el Partido Socialista y asentado frente al mar, al que bordea a lo largo de la costa una avenida, con un bien remozado paseo. ¿Adivinan cómo se llama? No les voy a hacer sufrir: su nombre es, sigue siendo, ‘Generalísimo Franco’. Son razones o motivos políticos, evidentemen­te, de poder y dominio a la vez, ya que las actuales élites gobernantes en el Estado -y más en este Archipiélago- son herederas del franquismo, con todas las connotacio­nes que conlleva el término; o sea, que lo heredan todo, pues el poder se ha transmitido casi familiarmente dentro de los mismos grupos sociales que fueron en su día beneficiarios del golpe de Estado.

LA CONTRARREVOLUCIÓN EN ACCIÓN. Pero ¿qué hechos y actos concretos se trata de ocultar? Conocemos suficientemente los hechos del período de los que se puede recordar algunos datos con el fin de arrojar un poco más de luz sobre el asunto. Los hechos más evidentes de la violenta contrarrevo­lución en las Canarias Occidentales -Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro- constatan de manera nada exagerada que hubo unos 2.000 desaparecidos de los que 1.650 fueron asesina­dos en Tenerife y en su inmensa mayoría sus cuerpos aún hoy no han sido encontra­dos y sus familias nunca han tenido noticia de cómo transcu­rrieron los últimos momentos de su vida y las circunstancias de su muerte. Además, hubo más de 4.000 presos, la gran mayoría gubernativos que nunca se molestaron en encausar y que pasaron los años de su encierro en las cárceles sometidos a toda clase de torturas y sevicias, viéndose obligados una buena parte de ellos a realizar trabajos forzados.

El universo carcelario de Tenerife fue muy profuso. No estuvo formado solamente por los salones del empaquetado de plátanos de la compañía británica Fyffes, en los que se hacinaban más de 2.000 presos políticos; o por la ‘Prisión Flotan­te’ -unos pequeños mercantes situados en medio de la bahía-, en los que intentaban sobrevivir 600 detenidos. A ellos hay que añadir los 400 presos que estaban encerrados en la Prisión Provincial de San Miguel, ente ellos 150 mujeres, y otros cientos de presos en cuartelillos, depósitos municipa­les, cines como el Atlante, en el Puerto de la Cruz, o teatros, como el Power en La Orotava, de donde varios centenares fueron sacados para ser asesina­dos, unos margullados o apotala­dos en el mar (en muchos casos arrojados vivos a las aguas dentro de un saco con un peso), otros arrojados a simas volcánicas o enterrados en montes y descampados.

El treinta y cinco por ciento de los maestros fue sancionado, diez mil personas se vieron implicadas en actuacio­nes represivas sobre una población total que apenas superaba los 300.000 habitantes. De 1939 a 1942 hubo 4.000 condenados por el Tribunal de Responsa­bilidades Políti­cas. La represión se abatió fundamental­mente sobre los trabajado­res, tanto de la ciudad como del campo, y sus organizacio­nes sindicales, afiliados y simpatizantes, especialmente sobre aquellos que habían dado muestras de rebeldía o protesta en fincas, empresas y tajos.

GENOCIDIO ORGANIZADO. Las consecuen­cias fueron catastróficas para la sociedad tinerfeña, ya que se erradicó, clausuró y eliminó desde las poderosas organizaciones sindicales, la hegemónica CNT, al sindicato de maestros, la FETE-UGT, y los partidos obreros y republicanos, incautando sus locales y sus bienes, al igual que su prensa y la prensa independiente. Desapareció también el rico y complejo tejido asociativo popular como el Sindicato de Inquilinos, los ateneos, casinos y librerías populares, las escuelas racionalistas, las escuelas nocturnas, las asociacio­nes de mujeres y de jóvenes, las igualas médicas… Muchas instituciones populares que todavía aún hoy no han sido recons­truidas o sustituidas por otras.

La actuación del franquismo en las Islas durante la guerra civil y la posguerra -dejemos de utilizar de una vez los consabidos eufemismos- fue un genocidio, una guerra de extermi­nio, una matanza, unos asesinatos masivos realiza­dos de forma consciente, bajo una dirección política y con el claro objetivo de destruir las organizaciones populares que ponían en cuestión el poder y los privilegios de las castas gobernantes. Para mantenerlos había que eliminar a los militantes y afiliados más activos y aterrorizar al resto de la población con una represión totalizadora y prolonga­da, de manera que surtiera el efecto deseado: destruir el poderoso tejido asociativo, solidario y cultural que, principalmente el movimiento obrero, pero también algunos partidos de izquierda, habían levantado hasta 1936.

Las largas y profundas consecuen­cias de esta derrota afectaron, sobre todo, a la vida cotidiana de la mayoría de la población, que vio durante décadas cómo se deterioraba de una forma dramática su ya bajo nivel de vida. El poder adquisi­tivo y los jornales de los asalariados tinerfeños cayeron más de un sesenta por ciento en relación a 1936, no recuperándose los mismos niveles hasta veinte años después. La situación de hambre, paro y miseria se generalizó durante los veinticinco años siguientes a la terminación de la guerra. Esto, unido a la falta de los mas mínimos derechos y a la continua transgresión de ellos por parte de la oligarquía gobernante, hizo que miles de isleños buscasen una nueva vida en América, iniciándose así, con la emigración clandesti­na en los barcos fantasma, la trágica gran epopeya anónima del pueblo canario, que huía de la persecu­ción, la explotación y la opresión, el hambre, la miseria y el sufrimien­to.

NO FUERON SÓLO FRANCO Y SUS MINISTROS. Éstos son una mínima parte de los hechos innegables, bien contrastados y conocidos. Pero estas acciones no las realizaron sólo el Caudillo y sus ministros, sino que para llevarlas a cabo contaron aquí con la colaboración y la ayuda necesarias. Y aquí esta el problema, pues las clases dirigentes tinerfeñas, tanto las que participaron directamente en los hechos como sus herederas y beneficiarias actuales, nunca han reconocido que hayan cometido nada ilegítimo, ilegal o injusto. Ideológica y moralmente la oligarquía isleña cree que no tiene nada que reconocer, nada de que arrepentirse, quizás deplorar algunos y contados excesos. Por eso, en Canarias ni siquiera se han recuperado retales de esa memoria oprobiosa, situacio­nes y hechos aislados, descontextualiza­dos, separados del conjunto, como ha pasado en la mayoría de las comunidades del Estado.

Ante este cúmulo de hechos, la burguesía tinerfeña y sus administra­do­res políticos han mantenido desde hace años sin varia­ción unas líneas de explicación y defensa. El primer argumento a esgrimir ha sido la negación de los hechos: las Islas siempre habían sido una Arcadia feliz. Pero ante la contunden­cia abrumadora de las pruebas se pasó a una segunda línea de defensa muy socorrida, que no es otra que las Islas, o la de Tenerife concretamente, eran una Nivaria feliz, un paraíso de paz en el que no existía conflicto alguno de índole económico-social, pero al estallar la guerra civil Franco nos envió gobernantes locos que organizaron y realizaron la matazón, ante la impotencia de las fuerzas vivas isleñas que avisaron al Generalísimo para que pusiera coto a la matanza, lo que éste hizo. O sea, que los excesos y su responsabilidad correspondieron a gente ‘de fuera’. Ante la endeblez de estos argumen­tos, se estableció una nueva línea de explicación, variante de la anterior: el pueblo canario es noble, pero algunos sectores minoritarios de él fueron infectados por teorías criminales y peligrosas llegadas del exterior -anarquis­mo, comunismo- y dirigidos por tenebrosos agitadores foráneos que pusieron en grave peligro la paz y el orden que fue necesario restablecer. Entonces, Franco envió al general Dolla, que era un loco, y se cometieron algunos excesos, producto también del turbulento período en que se vivía y que conviene olvidar, pues no merece la pena recordarlo.

INQUILINOS OPROBIOSOS. Pero en cambio sí se recuerda de forma permanente a los generales golpistas y a los líderes fascistas, tan golpistas como los militares. Una buena ristra de ellos invade no sólo el callejero de la capital, Santa Cruz de Tenerife, en donde el monumento a Franco preside una de las principa­les vías de la ciudad, sino también ocupa, en reiterada repetición, las calles y plazas de los pueblos y ciudades de las Islas, salvo algunas excepciones, negándose las distintas autoridades municipales, con peregrinos razonamientos, a las peticiones de remoción de tan oprobiosos inquilinos.

Pero si sobre estos personajes ha habido algunas propuestas de remoción, ninguna se ha levantado sobre los héroes loca­les: los Santiago Cuadrado, Brotóns, Gómez Landero, Sánchez Pinto, Francisco La Roche, Delgado Barreto…, y un interminable etcétera de militares, curas y falangistas ‘caídos por la Patria’, así como otros prebostes que tuvieron una destacada actuación en la guerra civil o en la represión en la retaguardia y otros muchos servido­res entusias­tas y decididos del criminal régimen franquis­ta, como es el caso de la Inspecto­ra-Jefe de Primera Enseñanza, Susana Villavicencio, que no sólo estuvo involu­crada en la represión de los maestros, sino que fue la entusiasta encargada de poner en marcha en la provincia tinerfeña el ideario clerical fascista de la ‘Nueva Escuela’, y a la que ya en la etapa monárquica se recuerda su memoria y se premian sus afanes dando su nombre a uno de los colegios públicos de la capital.

Son paradigmáticos e igual de oprobiosos los casos de personajes como el capitán auditor Rafael Díaz Llanos, fiscal acusador en los inicuos Consejos de Guerra que condujeron a la muerte a decenas de dirigentes, autoridades republicanas y militantes anarcosin­dica­listas principalmente; o el del teniente de Intendencia Cándido Luis García San Juan, encargado, como Delegado de la Autoridad Militar durante los primeros meses de la guerra civil, de la requisa y recogida de oro en la provincia, ambos íntimos colaboradores del carnicero Dolla. O, por citar a otro personaje con un papel dirigente en aquellos tiempos, el jefe provincial de Falange de 1937 a 1940, Francisco Aguilar y Paz. Los tres tuvieron en común haber realizado largas y fructíferas carreras personales durante el régimen franquista y los primeros años de la monarquía, siendo colmados de honores y reconoci­miento público hasta hace pocos años: medallas de oro de la isla, hijos adoptivos o predilec­tos de la ciudad… Eso sí, en las biografías publicadas no se mencionaban los servicios prestados durante la guerra civil. En alguno de estos casos recuerdo con lástima y vergüenza las lágrimas de impotencia y rabia de unos ancianos supervivientes socialistas, al enterarse y constatar que la moción de concesión de honores para uno de estos personajes antes citados era presentada por la portavoz de su partido en el ayuntamiento capitalino. ¿Ignoran­cia? ni muchísimo menos, simple amnesia feliz gracias a la operación de lobotomía política practicada por la transición democrática.

En los últimos años hay un cambio de actitud. Seguros de su poder, se lanzan a premiar y reconocer los servicios prestados. De ahí que a estas alturas, no sólo no se purga el callejero de generales golpistas y de las decenas de entusias­tas y fieles servidores locales que se sublevaron con Franco, sino que, ya puestos, los oligarcas y sus paniaguados políticos recuperan excelsas figuras fascistas, como el rector Escobedo, que azuzó la represión y no hizo nada ante la desaparición de unos cuantos profeso­res de la Universidad de La Laguna, o el profesor Cioranescu, militante fascista rumano, miembro destacado de la Guardia de Hierro, al que se homenajeó dando su nombre a la futura biblioteca insular que se construye en el seno del faraónico complejo cultural Oscar Domínguez, o por último, el presunto espía nazi Richard Melchior, al que se le rotuló una calle en el pago lagunero de Valle Guerra.

LAS ‘BRIGADAS DEL AMANECER’. Acción Ciudadana y Falange fueron las organizaciones paramilitares encargadas de la represión, que confluyeron en abril de 1937 en el partido único Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET-JONS). Entre sus militantes salió el grueso de los integrantes de las infaustas ‘Brigadas del Amanecer’, también conocidos popularmente como los ‘falanges’. Estas cuadrillas de asesinos se completa­ron con miembros del Ejército y de la Guardia Civil.

Fueron triste­mente celebres algunas ‘checas’ o lugares de tortura, donde actuaban estos individuos, como la del antiguo Palacio de Justicia, sito en la plaza de San Francisco de la capital tinerfeña, que compartieron el Ejército y la Falange y fue el mayor centro de tortura de la isla, en el que fueron sañudamente maltratados especialmente dirigentes anarcosindi­calistas; la ‘checa’ que Falange estableció en el Templo masónico de la calle San Lucas de Santa Cruz de Tenerife, donde fueron torturados muchos de los desaparecidos antes de ser asesina­dos, y la que Acción Ciudadana de La Laguna instaló en la trasera del actual Instituto de Enseñanza Secundaria de Canarias Cabrera Pinto, en la calle de San Agustín.

Todas las familias de orden de la isla estuvieron bien representadas en Acción Ciudadana y Falange Española, así como en el partido resultante de la fusión de ambas. Entre sus militantes destacados, que fueron legión, citamos algunos que al lector le pueden resultar conocidos por el papel que jugaron durante la guerra y la posguerra. Entre ellos, José Miguel Galván Bello, jefe de Falange de la isla de Tenerife en 1937, y los hermanos Tomás y Miguel Zerolo Fuentes, voluntarios el 18 de julio de 1936, activos militantes falangistas y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, donde cuenta con una calle, el segundo de ellos. En la Falange franquista militaron activamente muchisímos personajes de relevante importancia en las más diversas esferas sociales de la época, como el consignatario y terrateniente Andrés Arroyo, el arquitecto Enrique Marrero Regalado, el ingeniero Carlos Hardisson Pizarroso, Miss Europa, Alicia Navarro Cambronero, el director de la Refinería de CEPSA Juan Llisó Moreno, el periodista Antonio Marti, el empresario Maximino Acea Perdomo…

EL EJÉRCITO Y LA IGLESIA. Todavía hoy dos poderosas instituciones no han cambiado su actitud y siguen manteniendo que no tienen nada que rectificar, nada de que arrepentir­se. Son éstas el Ejército y la Iglesia Católica. Los integrantes del primero se sublevaron, con muy pocas excepciones, el 18 de julio de 1936. Estos militares rebeldes se convirtieron en el principal poder fáctico y oficial en las Islas, sobre todo durante la contienda, por lo que evidente­mente son los máximos responsables de todo lo acaecido.

Pero, además de los coman­dantes generales nombrados por Franco, el poder real estuvo en manos de coroneles, muchos de ellos hijos de la tierra. Entre otros, son destacables: Anatolio Fuentes García, el primer jefe de Acción Ciudadana; el Jefe de Estado Mayor Teódulo González Peral; el comandante general hasta la llegada de Dolla, José Cáceres Sánchez; el coronel de Ingenieros, José Rodrigo Vallabriga Brito; el coronel auditor de guerra, José Samsó Henríquez, uno de los consejeros principa­les de Dolla; el coronel de la Guardia Civil, Juan Vara Terán, alcalde de la capital desde el golpe militar hasta 1938, el coronel de Artillería Julio Fuentes Serrano, que ocupó el cargo de gobernador civil en el mismo lapso de tiempo; el coronel de Artillería Joaquín García Pallasar, íntimo colaborador de Franco y jefe de Artillería del Cuartel General, ennoblecido por el Caudillo con el titulo de Conde de Pallasar. Todos ellos fueron integrantes de los tribunales en distintos Consejos de Guerra, en los que se dictaron numerosas penas de muerte. Otros oficiales tuvieron un papel destacado, como el comandante auditor Lorenzo Martínez Fusset, principal consejero de Franco para asuntos jurídicos y de represión; el comandante Alfonso Moreno Ureña, jefe operativo del golpe militar en Santa Cruz de Tenerife; el capitán Lorenzo Machado Méndez y Fernández de Lugo y el capitán Camilo Tocino Tolosa, que serán Jefes del Alto Estado Mayor del Ejército en los primeros años de la monarquía; el cabo de Asalto Lucio Mardo­nes… Todos ellos fueron golpistas y rebeldes contra la democrática legalidad republicana.

La Iglesia Católica tinerfeña, con unas responsa­bilida­des muy importantes tanto en la represión como en el ejercicio del poder, sobre todo en los primeros meses de la guerra, que fueron los momentos álgidos de la represión y la época en la que tuvieron lugar la gran mayoría de los fusilamientos y de las ejecuciones extrajudiciales, tampoco ha reconocido nunca sus responsabilidades. En este período la Iglesia tinerfeña, cuya cabeza jerárquica era el Vicario General de Tenerife, Domingo Pérez Cáceres, hasta marzo de 1937 en que regresó a la isla el obispo titular, Fray Albino González Menéndez Reigada (firmante de la Pastoral Colectiva, junto con su colega el Obispo de Las Palmas Pildain), fue valedora del régimen y justificó y legitimó tanto el golpe de Estado como la guerra civil. El canónigo de la Catedral de La Laguna, José García Ortega, y el magistral de la misma Catedral y profesor de Derecho Canónico de la Universidad de La Laguna, Heraclio Sánchez Rodríguez, formaban parte destacada del círculo íntimo del general Dolla, siendo el primero de ellos su confesor y principal consejero.

La Iglesia Católica de Tenerife no hizo nada por aliviar o amortiguar la represión y la matanza, sino muy al contrario, muchos de sus miembros no sólo las justifica­ron sino que incluso las alentaron. Nunca se preocupó de los cientos de sus feligre­ses presos y de las decenas de desapareci­dos, ni de sus familias, ni de sus hijos, y por su actuación directa se incrementa­ron en muchos casos las penalidades de los presos políticos. Nombró a la Virgen de Candelaria Patrona de Acción Ciudadana y la sacó en jubilosa procesión en 1939, llevándola a la capital para presidir las fiestas de ‘la Victoria’. Nunca ha pedido perdón y todavía hoy en los muros de sus templos parroquiales se mantienen las listas de los ‘Caídos por Dios y por España’ de la localidad, presididos por el ‘primer caído’, el líder fascista José Antonio Primo de Rivera.

AMNESIA GENERALIZADA. De la amnesia participan más o menos por igual todas las formaciones políticas ligadas al poder instituido, así como las más variadas instituciones, pues en la carrera de la desmemoria el pelotón es tan numeroso y entra tan apretado en la meta que ni siquiera la foto finish nos daría la posibilidad de encontrar un vencedor. Permítanme solo unos pocos ejemplos. Empecemos por el Parlamento de Canarias. En estos veinte años de existencia lo único que ha legislado al respecto es una cicatera y restrictiva ley, a la que no se ha dado excesiva publicidad, de compensación con una pequeña indemniza­ción pecuniaria, por una sola vez, a los presos del franquismo. Fuera de esto nada, pues ni siquiera se ha ocupado de colocar una simple placa recordatoria en su salón de sesiones, que fue utilizado como sala de plenos de los principales Consejos de Guerra celebrados en Tenerife y que, como hemos señalado, acabaron con el fusilamiento de decenas de inocen­tes.

Y si hablamos de la Universi­dad de La Laguna, destaca tanto por su escaso, por no decir nulo, interés por desarrollar líneas de investigación, acopio de documentos o recuperación de fuentes, salvo honrosas excepciones individuales, como por no recordar cuál fue su papel y su actuación en aquella época, ni mucho menos averiguar qué fue de sus profesores desaparecidos y evocar a sus profeso­res y alumnos represaliados.

El Cabildo, que es el gobierno insular, tampoco ha impulsado un estudio riguroso sobre su actuación y su papel durante la guerra civil y la dictadura, ni tampoco ha habido un solo gesto público de reconocimiento hacia sus funcionarios, trabajadores y miembros de la corporación desaparecidos y represaliados, ni siquiera un mínimo recuerdo.

Los ayunta­mien­tos, salvo algunos casos muy aislados, han obviado los hechos. Destaca el de la capital, que todavía no ha tenido un gesto de reconoci­miento a su último alcalde republicano, José Carlos Schwartz, asesinado en 1936, a sus funcionarios y trabajadores represaliados, y a sus más de ochocientos vecinos desapareci­dos, mientras en estos últimos veinticinco años ha seguido repoblando su viario de calles y plazas con decenas de golpistas franquistas tinerfe­ños.

Sindica­tos y partidos de izquierda, integrados en el sistema de poder, tampoco han mostrado el mayor interés, ni siquiera por recuperar su propia memoria ni reivindicar las figuras de sus líderes y afiliados, que pagaron con su vida o largos años de reclusión y torturas su militancia. Se mueven estas organizaciones entre el desinterés y la preocupación en cuanto se les plantea el tema, por si interfiere en la reconciliación que permite a sus burocracias disfrutar de las parcelas de poder que les han correspondido en el reparto.

Las organizaciones y grupos nacionalistas independentistas y la izquierda no ligada al poder se mueven entre la ignorancia y/o la amnesia. Con respecto a los primeros se sienten molestos con el tema, como si lo ocurrido durante la guerra civil y la posguerra en las Islas no fuera con ellos, y fuese cosa de extranjeros o un problema de la metrópoli. Pues ni lo uno ni lo otro, ya que fue el pueblo canario el masacrado y quien participó y seleccionó a las personas que se deberían incluir en las razzias no fueron otros que los conspicuos integrantes de la oligarquía isleña, tanto burgueses como ‘coburgos’ (expresión popular que se utiliza para referirse a terratenientes y aguamangantes que presumen de una heráldica general­mente impostada). Queremos creer que es por ignorancia por lo que estos sectores siguen loando la figura de Tomás Déniz, el estilista del juego del palo, conocido integrante de las ‘Brigadas del Amanecer’, o los elogios que muchos nacionalis­tas realizan al profesor de Latín Juan Álvarez Delgado, al que consideran uno de sus referentes intelectuales. Quizá ignoren que el mentado profesor fue jefe de Falange de La Palma en 1937, en plena época represiva y de ejecucio­nes extrajudiciales contra los alzados en el monte, que fue miembro en los primeros años ’40 de la comisión de depuración del profesora­do y que, según me han contado, hasta entrados los años ’50 llegaba a clase de uniforme (falangista claro), con correaje y pistola.

Permítanme todavía una perla que nos señala más el limbo de amnesia e ignorancia en el que nos han dejado el franquismo y sus herede­ros. En las movilizaciones pasadas contra la guerra de Iraq, una de las plataformas más activas, impulsada por la izquierda extrapar­lamentaria y colecti­vos populares en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, llevaba por nombre ‘Acción Ciudadana’.

LA RAZÓN DE LA DESMEMORIA. ¿Alguien mínimamente inteligente y que no sea muy ingenuo puede creer que los poderes fácticos y políticos de Canarias quieren rescatar la memoria del franquismo, hacer balance de los hechos acaecidos, reconocer los crímenes y el genocidio cometidos por la burguesía y los ‘coburgos’ locales contra los trabajadores y las clases subalternas del Archipiélago? La postura de la oligarquía canaria no se debe a una mera inercia, ya que reflexionar sobre lo sucedido durante la guerra civil y la larga posguerra le llevaría a reconocer la ilegitimidad de su poder y de los beneficios de toda índole que la situación le supuso y le supone. Son los herederos y beneficia­rios de aquella masacre organizada, ordenada y realizada por sus parien­tes, amigos y socios. Pero, además, la mayoría de sus integrantes están convencidos de que esas actuaciones eran del todo necesarias, dolorosas quizás, pero indispensable profilaxis social, como diría algún bienpensante liberal represen­tante de esa oligarquía gobernante. No tienen ningún interés en que se conozcan los detalles del genocidio, les repugna pero sobre todo les molesta e inquieta, no tienen el más mínimo interés en que se vuelva a recordar o en que se sepa quién organizó y participó en la represión franquista. Ni siquiera están demasiado interesados en blanquear o falsear los hechos, lo que les conviene es el silencio y el olvido.

Ésta y no otra es la razón de la desmemoria. Luego las actitudes, opiniones, justificaciones de la inacción pueden variar, pero todos tienen muy claro que ni les interesa ni ganan nada en airear los crímenes del franquismo y la responsabilidad de las élites a la que pertenecen. Esta dificultad no quiere decir que no les exijamos que lo hagan, pero teniendo claro que si queremos que se rescate algo más de esa memoria, que es nuestra, lo tenemos que seguir haciendo nosotros mismos.

Ramiro Rivas García – DISENSO Nº 41- Enero 2004

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