Canarias destina 2,16 millones de euros a pagos por la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio

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El aumento de esa subvención, con destino al Colegio de Abogados de Las Palmas, está justificado, entre otros motivos, por el repunte de la migración irregular y el mayor volumen de procedimientos judiciales en 2021


El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 16 de septiembre, a petición de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, correspondiente al segundo trimestre de 2021 y por importe 2.166.040,92 euros.

Se cumple así con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece que corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a los dos millones de euros.

El motivo de ese aumento respecto al anterior trimestre, cuando se destinaron 1.906.606,71 euros, se debe, en primer lugar, al alza del importe del Turno Especial de Extranjería por el repunte de la migración irregular en el Archipiélago. En el segundo trimestre de 2021, este concepto asciende a 116.493,26 euros, lo que significa que estamos ante el segundo importe más alto desde el inicio de la crisis migratoria, después de los más de 500.000 euros destinados en el cuarto trimestre de 2020.

Por otro lado, ha aumentado el importe del Turno de Oficio, que en este caso asciende a 1.276.412,66 euros. Además, tal y como justifica el Colegio de Abogados de Las Palmas, también ha afectado la entrada en vigor de la Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se aprueba los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y la procuraduría en la Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio.

Asimismo, la incidencia de la pandemia de la COVID-19 en la vida judicial ha supuesto también un incremento del importe debido a la ralentización durante el año 2020 de la gran mayoría de los procedimientos judiciales, lo que ha provocado que este 2021 se hayan retomado los procedimientos que quedaron suspendidos, lo que ha producido un mayor volumen en la facturación de los procedimientos judiciales.

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