mar. Nov 12th, 2019

Afectados del Banco Popular temen que el proceso judicial se alargue durante años

El fraude al ahorro que afectó a 300.000 personas cuando el Banco Santander compró el Banco Popular ha comenzado hoy su fase de instrucción en la que ha declarado el presidente del Popular, Emilio Saracho.

Una concentración de personas afectadas por la compra de Banco Popular a manos de Banco Santander en 2017 ha recibido a las puertas de la Audiencia Nacional a Emilio Saracho, entonces presidente de la entidad Popular. Saracho ha inaugurado la fase de instrucción en la que rinde cuentas sobre el maquillaje de cuentas del Banco Popular por parte de la consultora PwC, tras la que el banco amplió capital y vendió preferentes y acciones a los pequeños inversores.

Banco Santander compró por 1 euro el Banco Popular hace menos de dos años y ha sido hace pocos meses cuando ha completado la verdadera absorción, cambiando sus cajeros y oficinas por los de la entidad que dirige Ana Patricia Botín. Para que se pudiese producir este precio de saldo, a pesar de que el valor patrimonial del Popular se cifró en 11.000 millones de euros, el Mecanismo Único de Resolución (MUR) desvaloró las acciones, preferentes y bonos del Banco Popular. La compra por un euro se vendió a la sociedad española como un rescate novedoso de la banca que no correría a cargo del contribuyente. Pero no fue así, los ahorros y acciones de 300.000 personas ya no valían nada.

Tras esta operación maestra, el Banco Santander, el mayor banco privado de España, aumentó su valor patrimonial neto en 2018, pasando de 103.632 millones de euros hasta llegar a los 107.361 en el ejercicio siguiente.

Desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), organización personada en la causa, declaran que tienen un cierto temor a que “este proceso judicial se alargue años. Pasó con Fórum Filatélico y Afinsa, cuyas sentencias conocimos 11 y 12 años después”. En el caso de Fórum todavía quedan por ser valorados los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo.

“Tenemos comprobado que solo denuncia entre un 10 y un 15 % del total de los afectados. Nosotros representamos a 934 personas, pero tenemos 3.000 afectados”, aseguran. Desde ADICAE también admiten que la lentitud judicial hace que muchos afectados desistan de seguir movilizándose y luchando por recuperar sus ahorros. La justicia Europea se desentendió de este tema el año pasado, diciendo que no indemnizará a ahorradores y acreedores. “Además, el Banco Santander no está imputado. Inicialmente sí lo estuvo, porque el juez entendió que heredaba la imputación del Banco Popular al haber sustituido su figura jurídica, pero tras el recurso que interpuso el Santander, lo desimputó. De todas formas no ha sido sacado del proceso judicial”, apuntan desde ADICAE. Las concentraciones han sido simultáneas en otras 22 ciudades de toda España. El día 30 declarará Ángel Ron, anterior presidente a Saracho.

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