jue. Abr 25th, 2019

El Supremo manda a la cárcel al exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo por el caso de Las Teresitas

  • Confirmada la sentencia que condenaba al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, a su concejal de Urbanismo (siete años de cárcel para cada uno de ellos) y a los dos empresarios de cabecera de Coalición Canaria, Antonio Plasencia e Ignacio González, que también deberán ingresar en prisión para cumplir cinco años y tres meses

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el llamado caso Las Teresitas que condenó al que fuera alcalde de la capital en 2001, Miguel Zerolo, que acabó su carrera política como senador por Coalición Canaria. Igualmente se confirman las condenas al exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; al exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y al exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González, todos ellos de Coalición Canaria, así como a los dos propietarios vendedores de un terreno en la zona de Las Teresitas al Ayuntamiento por importe de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros), cuando el precio de tasación de los mismos era muy inferior, según se desprende de informes periciales que fueron valorados por el tribunal, elevándose, en consecuencia, el precio de tasación en perjuicio del Ayuntamiento.

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de 7 años de prisión a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo, que ya acumulan otras condenas por delitos relacionados con la corrupción; de cuatro años y 6 meses de prisión a Juan Víctor Reyes; cuatro años de prisión a José Tomás Martín González, y a la pena de cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González Martín por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad, así como a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a los intervinientes en la operación citados, según ha informado este jueves el Tribunal Supremo.

La sentencia del Supremo confirma la connivencia y cooperación de los intervinientes en la alteración del precio de los terrenos adquiridos para su venta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, alterando el precio del valor real de los mismos, con perjuicio a las arcas municipales, y mediante las operaciones llevadas a cabo, que, además, de quedar incursas en el delito de malversación, con la agravante de la notoria gravedad de los hechos por el perjuicio causado al Ayuntamiento, es constitutivo de prevaricación por las resoluciones dictadas a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido. El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.

eldiario.es

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